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El espionaje era peor

Lo que encontraron las autoridades judiciales era peor de lo que se denunció. EL DAS tenía una sofisticada operación de seguimientos, rastreos de cuentas y monitoreo de la vida privada de magistrados, políticos y altas personalidades del país.

25 de abril de 2009

"Hay que decir que de acuerdo con el informe del CTI, causa preocupación, causa pavor, en atención al hedor que él expide". Con esta contundente frase, el fiscal general, Mario Iguarán, calificó el martes de la semana pasada los primeros resultados de la investigación que la Fiscalía adelanta sobre uno de los más grandes escándalos de los últimos tiempos, el cual ha sido conocido como las 'chuzadas del DAS'.

Iguarán no se quedó corto en sus palabras. La investigación, aunque no es definitiva, deja al descubierto que desde hace varios años el DAS se ha convertido en una impresionante estructura de espionaje de la cual han sido víctimas los más variados y distinguidos personajes de la vida nacional. Muchos estaban escandalizados cuando SEMANA reveló que magistrados de la Corte Suprema, políticos y periodistas habían sido vigilados por el DAS. Pues la cosa va más allá. Entre los personajes que han sido objeto de monitoreo por parte del DAS en estos últimos cinco años estaban el vicepresidente de la República, Francisco Santos; el ex presidente César Gaviria; el ex ministro de Defensa Rafael Pardo; el ex director de la Dijín y actual director de la Policía Nacional, general Óscar Naranjo y el ex viceministro de Defensa Andrés Peñate, que incluso llegó a ser director de ese organismo de inteligencia.

Aunque Iguarán no entró en detalles sobre los hallazgos de sus investigadores sobre el caso, confirmó que altos funcionarios del organismo de inteligencia, entre otros, estaban involucrados en graves irregularidades que incluían seguimientos e interceptaciones, entre otras actividades irregulares. Al día siguiente del pronunciamiento del Fiscal, el procurador general, Alejandro Ordóñez, anunció que, por ese mismo caso, el Ministerio Público había ordenado la apertura de investigación contra 16 integrantes del DAS, incluida la ex directora María del Pilar Hurtado, y los ex jefes de Inteligencia y Contrainteligencia, capitanes Fernando Tabares y Jorge Lagos, entre otros.

Las decisiones de la Fiscalía y la Procuraduría contrastaron fuertemente con las declaraciones y dejaron sin piso los argumentos que durante las últimas semanas ha entregado el actual director del DAS, Felipe Muñoz, quien en diferentes escenarios ha tratado de minimizar, y hasta negar, la gravedad de lo que ha ocurrido en la entidad que él dirige.

Lo cierto del caso es que aunque las investigaciones aún están en una etapa preliminar, los dos fiscales delegados ante la Corte Suprema, encargados de adelantar la investigación del DAS, ya cuentan con un arsenal de pruebas, evidencias y testimonios que demuestran que lo que ha pasado desde hace seis años en el principal organismo de inteligencia es de una gravedad que nadie sospechaba.

La investigación de la Fiscalía, que es bastante compleja y delicada, no ha estado exenta de grandes dificultades y retos. Uno de los principales tiene que ver con el hecho de que gran parte del material que permitiría demostrar graves irregularidades fue sustraído y destruido por funcionarios del DAS en cuanto se enteraron de las investigaciones periodísticas y, posteriormente, de las judiciales.

Los fiscales tienen en su poder una serie de videos de las cámaras de seguridad del DAS que evidencian cómo en la semana del 19 al 23 de enero de este año, funcionarios adscritos a las direcciones de Inteligencia y Contrainteligencia del DAS, entre ellos el jefe de esta división, capitán Jorge Lagos, sacaron de las oficinas decenas de documentos, discos duros de computador y memorias extraíbles, entre otros elementos.

Para esa semana Muñoz acababa de ser nombrado nuevo director de la entidad. Frente a la inminencia de las denuncias públicas sobre las irregularidades y la eventual investigación, para los fiscales es claro que los funcionarios sustrajeron material que los podía comprometer.

Aunque muchos funcionarios quedaron grabados en las cámaras de seguridad cuando realizaban el singular 'trasteo' de equipos y materiales durante cuatro días, no deja de resultar extraño que las cámaras del DAS no funcionaron y, obviamente, no aparece el video de lo que ocurrió entre las 10:36 de la mañana y las 3:57 de la tarde del jueves 22 de enero, día en que Muñoz asumió oficialmente como jefe de la entidad.

Para los investigadores no es posible establecer qué ocurrió, qué personas entraron y salieron, o qué sacaron de la oficina de Contrainteligencia durante esas cinco horas. De todas formas, es claro que lo que se haya destruido o desaparecido buscaba, ante todo, evitar que se conociera, y probara, lo que ha pasado en el DAS.

No menos sospechoso resultó para los investigadores el hecho de que, una vez estalló el escándalo revelado por SEMANA el 23 de febrero, y en cuanto llegaron los integrantes del CTI a las instalaciones del DAS para comenzar las pesquisas, algunos funcionarios de esa entidad intentaron ocultar información.

Los documentos o el material que no pudo ser destruido o extraído de las instalaciones del DAS fue trasladado de oficinas con la pretensión de que no lo hallaran los miembros de la Fiscalía. Documentos que deberían estar, por ejemplo, en la dirección de Inteligencia, Contrainteligencia o Dirección Operativa, fueron ocultados en otras dependencias como Interpol, dirección de protección o salas de polígrafos.

Ojo a la Corte

Uno de los más trascendentales hallazgos de los investigadores del CTI tiene que ver con el espionaje del DAS en contra de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En la oficina de un detective encontraron informes elaborados por el DAS sobre varios magistrados. Aparte de la información biográfica de éstos y sus familias los informes incluían 'análisis' sobre cada uno de ellos, los cuales tenían datos que van desde 'filiación política' hasta aspectos muy íntimos de su vida personal.

De hecho, algunas de las carpetas de los magistrados tienen apartes bajo el rótulo de 'vicios', en los que, según el DAS, se relatan algunos detalles excesivamente personales. Una de las pruebas más contundentes y comprometedoras en poder de los fiscales que demuestran el sistemático y permanente espionaje a los magistrados de la Corte tiene que ver con una serie de memorandos a la Unidad de Análisis e Inteligencia Financiera del Ministerio de Hacienda (Uiaf), en los que solicita información, que es de carácter reservado, sobre todos los movimientos financieros y propiedades de los magistrados y sus familias, así como de políticos, periodistas e incluso de abogados como Ramiro Bejarano.

Esas solicitudes, que no cuentan con ningún tipo de respaldo en órdenes de fiscales o jueces, como ordena la ley, fueron firmadas por la ex directora del DAS, María del Pilar Hurtado; el jefe de Inteligencia, Fernando Tabáres; el de Contrainteligencia, Jorge Lagos, o la directora operativa, Luz Marina Rodríguez. La Uiaf envió la información requerida a Hurtado y Lagos. Esto obligó, el viernes de la semana pasada, al actual director de esa entidad, Mario Aranguren, a confirmar en una rueda de prensa que había enviado la información requerida al DAS, ya que presumía la buena fe de los directivos de esa entidad al solicitar ese tipo de datos reservados. Hurtado, así como otros altos funcionarios y ex funcionarios, queda muy mal librada en estos episodios.

En este capítulo relacionado con el tema del espionaje a los magistrados no sólo se encontraron las órdenes que ella y otros altos funcionarios del DAS dieron, sino que se hallaron pruebas que evidencian que Hurtado no dijo la verdad de los magistrados e incluso a los mismos organismos de control cuando le preguntaron sobre los seguimientos (ver información relacionada).

Collar de perlas

Otro aspecto interesante que está en poder de los fiscales tiene que ver con una declaración del ex jefe de Inteligencia del DAS, capitán Tabares. Según el ex funcionario, él, en compañía del ex subdirector de Contrainteligencia, capitán Jorge Lagos, estuvo en por lo menos cuatro reuniones en 2007 y 2008 en la Casa de Nariño con el secretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno, y con el ex asesor José Obdulio Gaviria, informándolos sobre varios temas (ver información relacionada).

Por otro lado, los fiscales delegados ante la Corte están en proceso de verificación para establecer la legalidad o no de cerca de 500 líneas telefónicas que fueron intervenidas por el DAS y que, de acuerdo con las investigaciones preliminares, presentan irregularidades o inconsistencias que harían cuestionar su legalidad. Algo similar ocurre con el tema de los correos electrónicos. Aunque el actual director del DAS, Felipe Muñoz, lo ha negado, esa entidad tiene dos equipos para interceptar correos electrónicos conocidos como Phantom 300 A.

Aunque gran parte de la información encontrada por los investigadores hasta ahora está siendo descargada para ser analizada, los fiscales ya tienen en su poder centenares de correos electrónicos de ONG, sindicatos, miembros de partidos de oposición y periodistas, los cuales fueron recolectados de manera ilegal por el DAS.

La KGB criolla

Si bien el escándalo por las 'chuzadas de DAS' estalló hace dos meses, las investigaciones han encontrado pruebas que demuestran que desde 2004 hasta ahora el principal organismo de seguridad del Estado ha creado, financiado y promovido grupos clandestinos en el interior de la entidad con el objetivo de realizar espionaje a gran escala. Los investigadores encontraron decenas de documentos que así lo demuestran.

Para el año 2004, durante la administración de Jorge Noguera, y por recomendación del entonces asesor de esa entidad Miguel Narváez, se creó un primer grupo para realizar trabajos contra personas y entidades que eran consideradas como amenazas para el gobierno. Ese grupo fue bautizado con el nombre de Grupo Especial de Inteligencia G-3 y su coordinador era Fernando Ovalle, quien salió del DAS a finales del año pasado en medio de un escándalo cuando el senador Gustavo Petro reveló un documento de ese funcionario en el que se ordenaba seguimientos al senador del Polo (ver información relacionada).

Ese grupo G-3 tenía capacidad para interceptar teléfonos, correos electrónicos, así como un número de funcionarios de Inteligencia y Contrainteligencia que se encargaban de hacer seguimientos a los 'blancos determinados'. En los archivos encontrados por la Fiscalía en las instalaciones del DAS se evidencia cómo en un primer momento de la existencia de ese grupo los 'objetivos' básicamente eran ONG y personajes considerados de izquierda. Las pruebas de las interceptaciones ilegales de esas comunicaciones y seguimientos reposan en varias carpetas en poder de los fiscales. Entre los objetivos susceptibles de ser investigados por ese grupo también hay medios de comunicación y periodistas (ver información relacionada).

Aunque el G-3 tenía acceso a recursos tecnológicos y presupuesto, no existía oficialmente. Sólo respondía al director de DAS o a los jefes de Inteligencia y Contrainteligencia. "Las misiones de trabajo del G-3 tienen como objetivo seguimientos a organizaciones o personas de tendencia opositora frente a las políticas gubernamentales con el fin de restringir o neutralizar sus acciones", dice uno de los apartes de los memorandos secretos en los que se justifica la creación de ese grupo.

En una carpeta hallada en poder de los fiscales se descubrió que ese grupo tenía detallada información de una serie de personalidades nacionales, quienes fueron considerados 'blancos' para el DAS.

Hay datos personales, familiares, así como recopilación de artículos y entrevistas con fuentes que apartaron información sobre estas personas. Como parte de esa lista estaba Francisco Santos, vicepresidente de la República. Andrés Peñate, quien para esa época (2004-2005) se desempeñaba como viceministro de Defensa, y el general Óscar Naranjo, quien en ese entonces era el director de la Dijín.

También se recolectó información sobre generales del Ejército y sus familias, entre ellos Manuel José Bonnet, ex comandante de las Fuerzas Militares, y el general José Joaquín Matallana, entre otros. El DAS también recolectó información sobre el ex fiscal general Alfonso Gómez Méndez, y hasta altos jerarcas de la Iglesia como monseñor Nel Beltrán terminaron con carpetas en el DAS.

Varios magistrados de la Corte Constitucional también fueron espiados por el organismo de seguridad, en momentos en los que ese alto tribunal definía el tema de la primera reelección presidencial. Entre ellos estaban Clara Inés Vargas y Rodrigo Escobar. Durante los años 2004 y 2005 el G-3 terminó subdividiéndose en otros dos grupos clandestinos que actuaban dentro del DAS, bajo la orientación de sus directivos (ver información relacionada).

Para octubre de 2005 el escándalo por la infiltración paramilitar en el DAS denunciada por SEMANA terminó con la salida de Noguera de la institución. La designación de Andrés Peñate como nuevo director, pero especialmente el hecho de que el DAS estuviera en la mira de todo el mundo, hizo que durante un breve período esos grupos de espionaje político disminuyeran ostensiblemente su actividad. De hecho, el grupo G-3 desaparece. Sin embargo, las funciones que éste venía desempeñando fueron asumidas por una nueva estructura que empezó a actuar plenamente desde 2006, la cual fue conocida como Grupo de Observación y Verificación Nacional e Internacional (Goni).

Aunque cambió de nombre, la mayoría de los funcionarios asignados a este nuevo grupo eran los mismos que veían en operaciones de espionaje político desde la época de Noguera. De hecho, uno de los coordinadores del Goni era Fernando Ovalle. Ese grupo dependía directamente de la subdirección de Inteligencia, bajo el mando del capitán Jorge Lagos. Los integrantes del Goni sólo respondían a Lagos, al director de inteligencia o al director del DAS.

Este grupo continuó en la misma línea de espionaje y trabajo político que se había trazado desde la administración Noguera. Los continuos seguimientos a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia el año pasado fueron efectuados por integrantes de este grupo.

No deja de ser grave, por decir lo menos, que durante los últimos años el DAS siguió recolectando y pidiendo información de las más altas personalidades el país.

La investigación de la Fiscalía descubrió, por ejemplo, que funcionarios de la dirección de Inteligencia del DAS consultaron en 14 oportunidades información considerada como reservada del ex presidente y ex secretario general de la OEA, César Gaviria. La última vez que un funcionario del DAS 'escarbó' la vida de Gaviria fue el 23 de agosto de 2008. Algo similar ocurrió con el ex ministro de Defensa y actual candidato presidencial, Rafael Pardo, a quien los integrantes de Inteligencia del DAS le buscan información en los sistemas reservados en 17 oportunidades, la última de ellas el pasado 17 de noviembre.

...Y lo que falta

A pesar de que el actual director, Felipe Muñoz, ha tratado de minimizar la situación, la investigación que está en poder de los fiscales también contiene gravísimas pruebas de actos de corrupción y delincuencia por parte de integrantes de esa entidad. Se corroboró, entre otros, que por lo menos 300 pruebas de polígrafo realizadas a los funcionarios de ese organismo fueron alteradas.

Como si lo anterior fuera poco, se vendió y filtró información a diversas organizaciones criminales. Se falsificaron órdenes de trabajo y hubo desviación de dineros. Equipos de inteligencia para interceptación terminaron siendo utilizados por miembros del DAS para vender 'chuzadas' a delincuentes, entre muchas otras irregularidades.

Las investigaciones hasta ahora están en una etapa preliminar. Y lo que ya se ha encontrado es supremamente grave y escandaloso. El reto que tienen los fiscales del caso es que, con las valiosas evidencias que ya tienen, y las que faltan, tomen medidas ejemplarizantes. Y que lo hagan en honor a los funcionarios del DAS que sí son honestos, y que sin duda son la mayoría.