Todas las historias sobre ejecuciones extrajudiciales que se conocieron durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe fueron escabrosas y lamentables. El caso del campesino José Orlando Giraldo Barrera fue particularmente doloroso, no solo por ser asesinado a manos de una unidad militar que lo quiso presentar como guerrillero muerto en combate, sino porque su familia -que escudriñó y denunció las irregularidades del proceso judicial- comenzó a ser víctima de seguimientos, hostigamientos y hasta atentados.
Incluso, por ese caso la familia del señor Giraldo (esposa, tres hijas y tres hermanos) fueron cobijados con medidas cautelares solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en mayo de 2009, “para protegerles la vida y la integridad personal”, se lee en el documento.
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Y luego de trece años de clamar justicia, el Tribunal Superior de Cali acaba de darles la razón en sus alegatos y condenó a siete militares para que purguen cada uno la pena de 34 años de prisión. Ellos son los integrantes de la unidad que hacía parte del Batallón de Alta Montaña No 3 ´Rodrigo Lloreda Caicedo´, adscrito a la Tercera Brigada del Ejército con sede en Cali.
Incluso, por ese caso la familia del señor Giraldo (esposa, tres hijas y tres hermanos) fueron cobijados con medidas cautelares solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en mayo de 2009, “para protegerles la vida y la integridad personal”, se lee en el documento.
Esos militares participaron en la famosa operación contrainsurgente Bombardero, desarrollada el 11 de marzo de 2006, en la que un grupo de soldados con información de inteligencia, al parecer falsa, incursionó en una finca ubicada en la vereda El Pedregal, del corregimiento Golondrinas, al norte de la capital del Valle. Allí “dieron de baja en combate a un miliciano integrante de la columna Libardo García de las Farc. (…) se incautó un fusil FAL”, precisaron en el boletín oficial que publicó el ejército en su momento.
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Desde entonces, la familia del campesino asesinado comenzó una cruzada para demostrarle a las autoridades las irregularidades que vieron a las pocas horas de ocurridos los hechos en la finca que vigilaba y jornaleaba el señor Giraldo, de 47 años de edad. Señales de tortura, manipulación de la escena del crimen y el mismo cadáver, hacen parte del rosario de denuncias que formularon desde un principio, pero que solo hasta ahora los jueces tuvieron en cuenta.
Cabe recordar que al comienzo el proceso estuvo durante cinco meses en manos de la Justicia Penal Militar, pero luego fue trasladado a la ordinaria y asignado a la Fiscalía 38 de Derechos Humanos de Cali, donde el caso avanzó y logró ordenar la captura de los siete militares, pero luego quedaron en libertad tras una sentencia absolutoria en 2013.
Las afectados con la reciente condena de segunda instancia que suma 238 años de cárcel para todos, son: Manuel Arturo Pabón Jaimes; Carlos Enrique Martín Díaz; Eduardo Fidel Angarita Santiago; Luis Francisco Galvis Sepúlveda; Jhon Jairo Quijano Sánchez; William Fabián Mosquera Delgado, y Cristian Daniel Delgado Cuascuer. A todos ellos se les condenó como coautores de los delitos de homicidio agravado en concurso heterogéneo con ocultamiento, alteración, o destrucción de elemento material probatorio. Hay que recordar que a esa decisión se llegó gracias a la apelación que presentó el fiscal de Derechos Humanos que atendió la investigación.
A todos ellos se les condenó como coautores de los delitos de homicidio agravado en concurso heterogéneo con ocultamiento, alteración, o destrucción de elemento material probatorio.
Con esta condena ya son ocho los militares juzgados por el asesinato del campesino José Orlando Giraldo Barrera. El primero en conocer el peso de la justicia por ese falso positivo fue el sargento Luis Eduardo Mahecha Hernández, para entonces jefe de inteligencia del batallón del Alta Montaña.
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El otro dato que llama la atención es que esa unidad militar involucrada es la misma que comandaba el coronel Byron Carvajal, condenado por la Masacre de Jamundí, en la que fueron asesinados diez agentes de la Dijín y un informante en mayo de 2006; es decir dos meses después de la ejecución extrajudicial del campesino Girado Barrera.
Una de las hijas de José Orlando, dijo estar tranquila por la decisión tardía que tomó la justicia, “pero lamentamos que todo ese proceso concentre las responsabilidades en los militares de menor rango”, expresó Ximena Giraldo, tras recordar que temen que haya acciones de venganza contra ella y su familia.
Y no le sobran motivos para pensar en retaliaciones, ya que ellos fueron víctimas de hostigamientos y atentados durante toda la etapa del juicio. La joven recordó que su tío José Wilson Giraldo sufrió dos ataques sicariales, “de los que se salvó de milagro, pero lo dejaron en condición de discapacidad. Tiene un brazo inhabilitado y sufre de pérdida de la memoria”.