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| 2/7/1983 12:00:00 AM

EL FANTASMA DE LAS TORTURAS

La posibilidad de que mediaran torturas en las confesiones de los acusados del asesinato de Gloria Lara, pusieron en estado de alerta a la opinión pública

EL FANTASMA DE LAS TORTURAS EL FANTASMA DE LAS TORTURAS
"Una novela de terror", fue el término que utilizaron los jueces de Medellín para referirse a la situación que vive el país a raíz del asesinato de Gloria Lara y del proceso abierto en torno a él.
Fantasmas que los colombianos creían enterrados volvieron a amenazar con su presencia. Durante la semana hubo varios pronunciamientos en los medios de comunicación sobre irregularidades en la forma como se venía adelantando el proceso, y de injerencia indebida de los militares en él. La posibilidad de que mediaran torturas en las confesiones de los acusados sembró el descreimiento sobre los hechos en la investigación, y creó el sentimiento de que viejos métodos de hacer justicia reaparecían.
Por otro lado, se conocieron detalles sobre las condiciones brutales del secuestro y la muerte de la señora Lara, de vejaciones y abusos que habían hecho de su cautiverio un verdadero infierno en vida. La necesidad de encontrar los responsables de un acto tan repugnante se había convertido en un reto para cada uno de los colombianos.
Los ojos del país se pusieron sobre el Procurador de la Nación. El debía pronunciarse sobre si había habido o no torturas a los acusados del crimen y su opinión tenia suficiente peso ante un país que lo había visto actuar con valor e independencia. En la tarde del lunes 3, el Procurador se comunicó telefónicamente con el ministro de Defensa y le informó sobre las conclusiones de Medicina Legal en relación con los maltratos, agregándole que deseaba llevarle personalmente la comunicacion oficial al respecto. El general Landazábal, con cierta apatía, le explicó que estaría ocupado y que sólo podría recibirlo al día siguiente. A partir de las 3 de la tarde del martes, los dos sostuvieron una reunión privada, en la cual estaban presentes, además, los ministros de Justicia y de Gobierno.
La mañana siguiente se reunieron de nuevo. El fallo del Procurador se dió a conocer el jueves: no había habido torturas. Las investigaciones, por tanto, irían bien encaminadas, y las confesiones de los acusados podían tener validez. Su declaración tranquilizó un poco los ánimos y le bajó la temperatura a una semana afiebrada. Al día siguiente, el general Landazábal hacía pública su satisfacción con el prommciamiento del Procurador y sus palabras parecían mostrar una distensión en las relaciones entre el poder civil y el poder militar que en los días anteriores parecían tirantes.
Sin embargo, la situación distaba de estar totalmente aclarada. Las denuncias por irregularidades seguían en pie y una serie de cabos sueltos y de piezas incongruentes parecían indicar que la historia aún tenía por delante un recorrido largo y complejo.
¿IRREGULARIDADES EN EL PROCESO?
Los primeros en abrir fuego sobre el punto de las irregularidades en el proceso (ver recuadro) fueron 34 jueces de instrucción criminal de Medellín, quienes denunciaron públicamente a la Brigada de Institutos Militares (BIM) de violar la reserva del sumario, al suministrar datos a la prensa sobre las investigaciones en el caso de Gloria Lara. Según su declaración, la actitud de los militares pondría a la justicia ordinaria contra la pared, al adelantársele inconstitucionalmente y hacerla parecer negligente.
El 2 de enero se pronunció Guillermo Cano en la página editorial de El Espectador, manifestando su inquietud por "las revelaciones que se han hecho, de la manera que se hicieron y hasta con los propósitos con los que se difundieron...". Eduardo Umaña Luna y Gerardo Molina suscribieron un comunicado que expresaba el temor de llegar a una situación de "Estado de Sitio sin Estado de Sitio". También El Tiempo se pronunció en el mismo sentido a través de su columnista Ayatollah, Rafael Santos, quien denunció los procedimientos de la BIM y la violacion de la reserva del sumario por parte del juez 47.
Días después, Alfredo Vásquez Carrizosa hablaba sobre el peligro de que la normalidad constitucional que estaba buscando el presidente Betancur se viera amenazada por "los procedimientos militares al margen de la ley".
Estas voces de alerta tenían en comun dos exigencias: el castigo para los culpables y, al mismo tiempo, que el justo afán por esclarecer el crimen no conllevara atropellos de procedimiento ni violaciones a las garantías de los detenidos.
EL CASO SEGUN LAS CONFESIONES
El siguiente sería el cuadro general del caso, de acuerdo con las autoincriminaciones hechas por cuatro de los 12 detenidos, cuyo punto en común sería el pertenecer a una supuesta organización terrorista de izquierda llamada la ORP.
Según Froilán Rivera, uno de los máximos directivos de la ANUC, la primera reunión para planear el secuestro se habría realizado en la sede del Nuevo Liberalismo en Sincelejo entre el 8 y 9 de abril. A ella habría asistido Hernando Franco. En una segunda reunión, en Bogotá, habrían estado los parlamentarios José Miguel Gamboa y Emperatriz Santander Cancino, además de Wilberto Rivera y su padre Froilán Rivera, y el mismo Hernando Franco. Este último habría trazado el plan, señalando tres posibles víctimas: Jaime Michelsen Uribe, Carlos Ardila Lulle, y Gloria Lara de Echeverri, quien habría sido finalmente escogida, porque ofrecía menos riesgos. Franco se habría encargado de vigilar los movimientos de Gloria Lara y habría dejado el plan del secuestro en manos de su hombre de confianza, Juan Tadeo Espitia, quien tendría que llevarlo a cabo. Más adelante se habría realizado una tercera reunión en la oficina de Emperatriz Santander, donde se ultimaron los detalles finales del secuestro. Este habría sido efectuado por Tadeo Espitia y Freddy Rivera obedeciendo a la dirección intelectual de Hernando Franco. Al parlamentario José Miguel Gamboa también se lo señalaba como otro de los cerebros del complot. Días antes, Franco habría enviado las armas, compradas en Bogotá, a Sincelejo, y de ahí habrían sido devueltas a Bogotá. El encargado de las negociaciones tenía el mandato de pedir a la familia una suma que oscilaba entre los 500 mil y los 3 millones de dólares, que serían utilizados con fines doctrinarios. La falla habría estado en el papel de los negociadores, que aumentó los riesgos de caer en manos de las autoridades. Esta razón, más el hecho de que ella habría reconocido a varios de los secuestradores, los habría llevado a matarla. La orden final la habría dado Franco, con el visto bueno de Gamboa.
Wilberto Rivera, también miembro directivo de la Anuc, ratificó la declaración de Froilán Rivera, pero no coinciclió con el sitio de la primera reunión: en lugar de Sincelejo, habló del barrio Buenos Aires de San Pedro, Sucre, en la sede de la Anuc.
Freddy Rivera volvió a ratificar la versión, añadió el dato de que el automóvil utilizado para el secuestro había sido un Renault 4, y reconoció haber participado personalmente en el asesinato.
Tadeo Espitia, quien aceptó ser el asesino, añadió los detalles de la muerte: habrían partido en un Renault 6 blanco con Gloria Lara, Freddy Rivera y Hernán Lora. En el trayecto y en presencia de ella, discutieron quien le dispararía y acordaron que lo hiciera Espitia.
Estas confesiones pudieron ser vistas por los periodistas, y posteriormente fragmentos de ellas por la opinión gracias a video-tapes que se hicieron públicos.
LOS INTERROGANTES
Cabe, sin embargo, señalar una serie de interrogantes frente a este relato, además de las incongruencias y contradicciones entre los testimonios de los distintos implicados, y de ciertos datos inexactos que ya reseñó la prensa.
Crea problemas de interpretación el carácter fantasmagórico de la ORP. Esta, que fue una organización legal y pública, quedó disuelta hace tres años. Para hacer el organigrama de sus integrantes no hacía falta recurrir a ningún archivo secreto, pues sus nombres eran de público conocimiento. Fuentes militares han declarado que, no obstante, habría subsistido un brazo militar clandestino, autor del asesinato. La versión de por si no es absurda ya que coincide con algunas prácticas comunes en la extrema izquierda. Lo que sí salta a la vista es lo que puede ser o una falla en la lógica del razonamiento, o un error de crasa estupidez por parte de los supuestos delincuentes: ningún movimiento que tenga un brazo público y otro clandestino les pone a los dos el mismo nombre, lo cual equivaldría a hacer público el clandestino y a ilegalizar el público. La aparición de la bandera con la sigla de la ORP sobre el cadáver, sería entonces el broche de oro de esta estupidez, ya que equivalía a dejar un papel con los nombres, numeros de cédula y direcciones de los culpables. De hecho, todos cayeron inmediatamente.
Cabe barajar la hipótesis de que no hubieran sido los asesinos, sino un delator o informante, el que colocó la bandera para entregarlos. Esta posibilidad le fue sugerida a SEMANA por el propio marido de la víctima, el ex senador Héctor Echeverri. No sería la primera vez que ésto ocurriera. Los autores del robo de armas del Cantón Norte cayeron presos por los datos registrados en un letrero escrito sobre la pared, firmado por el M-19 que, según declararon posteriormente dirigentes de ese movimiento, fue escrito por un delator infiltrado. Sin embargo, SEMANA recogió una versión que desmentiría esta posibilidad. Al parecer, la sigla ORP no apareció por primera vez sobre el cadáver, sino que los comunicados de los secuestradores anteriores al crimen, y que la opinión pública conoció como anónimos, en realidad habrían estado firmados por la organización de marras. Esta sigla habría aparecido en algún momento en la prensa, durante los días del secuestro. Si esta segunda versión es la cierta, salta otra incongruencia: ¿por qué no fueron detenidos los miembros de la ORP, que hacían actividades públicas y estaban al alcance de la mano, sino hasta después del crimen?
No es este el único elemento que denota o bien incoherencia en las confesiones, o bien una torpeza inaudita por parte de unos delincuentes que tendrían que ser totalmente amateurs para haberlo cometido. Otra sería, por ejemplo, que Hernando Franco, uno de los más altos dirigentes del Partido del Trabajo de Colombia (PTC), profesor universitario y graduado en universidades europeas, supuesto cerebro del crimen, hubiera cometido el secuestro en su propio carro y detenido a la víctima en su propia casa.
Tampoco se entiende cómo encargaron del disparo a un muchacho que nunca antes había utilizado un arma. ¿Será este desconocimiento el que explica que aunque él confiesa haber disparado dos veces sobre la víctima, ésta sólo registra un impacto de bala? Estas incongruencias son sólo las más burdas, pero un aficionado a la especulación detectivesca puede encontrar infinidad de ellas.
EL FANTASMA DE LA TORTURA
El temor de los colombianos de que reapareciera la tortura como método de obtener confesiones, encontraba fundamento en los graves antecedentes que se registran en el país en este sentido. La opinión pública está de acuerdo con que, gracias al empeño del presidente Betancur y del propio ministro de Defensa, y debido al levantamiento del Estado de Sitio, estos métodos pertenecen al pasado. Pero el fantasma queda rondando en la memoria. Recientemente han revelado datos en este sentido un organismo nacional, el Comité Permanente por los Derechos Humanos, y uno internacional con sede en Washington y ligado al Departamento de Estado norteamericano, el "Washigton Office on Latin America". En su boletín "Human Rights Country Report" figura la denuncia precisa de 267 asesinatos, 97 desapariciones y 451 casos de tortura, sólo en el año de 1981 y ligados a actividades de las fuerzas militares. Según este mismo documento, la BIM --lugar donde fueron inconstitucionalmente interrogados los acusados del crimen de Gloria Lara- es, según palabras textuales, "una dependencia militar conocida por informes frecuentes de tortura a prisioneros políticos ".
Las palabras del Procurador, sin duda basadas en una investigación exhaustiva, dieron una base de tranquilidad en el caso actual. Sin embargo, aún sus propias palabras reflejan algún grado de imprecisión, pues si bien negó las torturas, admitió "lesiones" infringidas "durante la captura".
Si el informe de Medicina Legal sobre el estado físico de los acusados da un dato general sobre el tiempo en que fueron causadas estas lesiones y lo ubica en algún momento impreciso a partir de la detención, ¿con base en qué testimonio médico se puede aseverar que ocurrieron estrictamente en el momento de la captura? Según el informe de Medicina Legal, a cinco de los nueve revisados tuvieron que darles incapacidad entre cinco y diez días.
Este es, por tanto, un aspecto que habría que aclarar para despejar cualquier sombra de duda. Además, si bien los maltratos no pueden considerarse torturas, tampoco son legales. Tal vez la opinión pública habría quedado más satisfecha si el general Landazábal, en vez de expresar plena satisfacción con las declaraciones del Procurador, hubiera dicho algo como "A pesar de que lamento los maltratos, me alegra que se constate que no hubo torturas...".
De todos los cabos sueltos, hay uno que, aunque es menos tangible, es el más preocupante. Tal como hasta el momento demuestra la investigación, la mayoría de los responsables de este atroz atentado político, son altos dirigentes de organizaciones legales y ni siquiera todas de izquierda. Gamboa y Emperatriz Santander son parlamentarios y miembros del Nuevo Liberalismo. Los Rivera son altos dirigentes de la ANUC. Hernando Franco es dirigente del PTC y director de su periódico, y Espitia es militante de esta misma organización. Esto tiene que tener alguna interpretación. O es una versión inexacta, o se trata de una de las conspiraciones más delicadas contra las instituciones democráticas, ya que involucra a partidos y organizaciones de reconocida trayectoria legal.
Esto desorienta por cualquier lado que se lo mire. Para ser realidad, es demasiado inverosímil. Para ser montaje, es demasiado desproporcionado y burdo como para que alguien se lo hubiera inventado.
Los escándalos, justificados e injustificados, que se han armado en torno al desarrollo que hasta hoy ha tenido el proceso, tienen un sentido claro: son el campanazo de alerta sobre la posibilidad de que se revivan viejas pesadillas. En torno al caso de Gloria Lara, lo que sin duda quieren los colombianos es que se condene a todos los culpables, ni uno menos, pero ciertamente ni uno más.
HABLA ACUSADO AUSENTE
SEMANA obtuvo declaraciones del principal inculpado del asesinato de Gloria Lara, quien hasta el momento no se ha entregado a las autoridades.
SEMANA.: De usted se afirma que participó en la planeación del secuestro de Doña Gloria Lara. que un carro de su propiedad fue utilizado para transportar a la señora Lara antes de su muerte y que su casa de habitación había servido para mantenerla cautiva...
Hernando Franco.: En esta novela de terror todo esto es tan ridículo e inverosímil, que movería a risa si no fuera tan dramático. Doy algunos ejemplos, el día 8 de abril, fecha en que según las supuestas "confesiones " se planeó en Sucre con mi presencia el secuestro de doña Gloria, me encontraba precisamente en Bogotá, acompanado de unos amigos, despidiendo a uno de ellos que viajaba a París. En cuanto al carro de "mi propiedad", se olvidaron los torturadores que yo desde diciembre de 1981 no tengo automóvil, ya que mi modesto Reanult 4 lo vendí muy barato en esa época.
Lo de mi casa sí me indigna. En ella vivo en compañía de mi esposa y de mis hijos. Allí hacíamos una vida familiar corriente y apreciada por los vecinos hasta el día en que llegaron los de la BIM y todo lo envilecieron: secuestraron a la muchacha de servicio, convirtieron la casa de muñecas de mi hija en el lugar de reclusión de una pobre mujer indefensa; mi biblioteca en "voluminoso material subversivo"; dos lindos cerezos que nos alegraban la vida en matorrales para ocultar un sitio infame. ¿No les parece ridículo pensar que gentes capaces de poner en jaque durante meses a las autoridades usen como cárcel una casa sin garaje que es la habitación de uno de los supuestos "cerebros " de la operación?
S.: ¿Dado que usted no acepta la versión del juez Mariño, ¿cuál es en su opinión la verdad de este caso?
H.F.: En los anales de la ultra izquierda no existen casos realizados con tanta sevicia y brutalidad. Un crimen como éste no puede ser cometido sino por gentes aberradas. Hay muchas preguntas que las gentes honestas deben hacerse: ¿Quién podría utilizar un crimen tan pavoroso para hacerse propaganda política? ¿Por qué antes de la muerte de dona Gloria Lara ninguna organización había reivindicado el secuestro? ¿Por qué aparece una bandera de una organización desaparecida que en otras cosas nunca tuvo bandera? ¿Por qué como por arte de magia se descubre a los supuestos autores cuando durante meses no se tuvo ninguna pista? ¿Es posible que gentes que hacen vida política legal dejen pistas que conduzcan a las autoridades a inculparlos? ¿Por qué el interés de las Fuerzas Armadas en resolver ellas directamente el caso, violando todos los requerimientos legales? Es tan incoherente la versión de los torturadores, que ponen a conducir autos que no existen a jóvenes que no saben manejar. A disparar armas que no existen a personas que no conocen su manejo. Toda la izquierda sabe que Gamboa y yo no nos tratamos desde nuestras divergencias a fines de 1980; en estas condiciones es muy difícil planear conjuntamente un secuestro... La verdad sobre este caso no se conoce todavía. Pienso que hay que impedir que ese crimen quede en la impunidad y que los verdaderos culpables escapen. Lo que pasa es que se quiere utilizar el caso de Gloria Lara con fines políticos por parte de algunos sectores del ejército para golpear a los sectores democráticos y así sabotear la amnistía y el proceso de apertura democrática en que estamos empeñados. Las fuerzas armadas añoran el cuatrienio anterior en que actuaban con las manos libres al amparo del Estado de Sitio y del Estatuto de Seguridad.
S.: ¿Usted afirma ser inocente; piensa presentarse ante la justicia colombiana para probarlo?
H. F.: Estoy dispuesto a presentarme ante las autoridades si se garantiza mi integridad física y mi vida; si cesa la injerencia de los militares en el proceso y se respeta la independencia de la justicia ordinaria y se desvincula al juez cuarenta y siete que ya nos ha condenado de antemano sin esperar la calificación del sumario y el resultado final del proceso. Considero necesario para mostrar objetividad que se permita la publicación del informe de Medicina Legal sobre el examen médico de cada uno de los sindicados y de sus conclusiones generales. A la "Comisión de Paz" y al "Comité de los Derechos Humanos" debería permitírseles hacer una rueda de prensa con los sindicados. Al representante Gamboa debería facilitarsele la realización de un debate ante el Congreso.
IRREGULARIDADES
A lo largo del proceso por el secuestro y muerte de Gloria Lara se han denunciado una serie de irregularidades. Las más protuberantes son las siguientes.
--Tadeo Espitia Supelano es detenido sin orden de captura. Cuando sus familiares lo preguntan en la BIM, allí niegan su presencia. Posteriormente aparece, conducido por agentes del B-2, en el allanamiento a su propia casa.
--Los interrogatorios se realizan en la sede de la BIM, cuando se han debido efectuar en las oficinas del juzgado, o en alguna de las dependencias de la policía judicial.
--Quien aparece como defensor de oficio en las actas de los interrogatorios es un señor Eduardo Silva Lora, quien no tiene titulo de abogado, y que ejerce con una "licencia provisional sin limites. Por ley, estas licencias no pueden exceder el término de dos años.
--Después del interrogatorio, los detenidos no son enviados a la cárcel, donde deberían haber quedado recluídos, sino que permanecen en la BIM.
--Tal como denunció Alfredo Vázquez Carrizosa, ante la opinión pública los acusados fueron "primero condenados y después juzgados". El 22 de diciembre, en declaraciones a la cadena Caracol, el general Matamoros los señala como culpables. Posteriormente el juez de instrucción se pronuncia públicamente para decir que la retractación de las confesiones es una coartada planeada por los abogados dejando conocer que en su opinión, sí son culpables. El propio Procurador en su declaración sobre las torturas, dijo que los acusados aparecían como responsables del crimen.
--La reserva del sumario fué violada. El general San Miguel da una rueda de prensa suministrando datos sobre las investigaciones que no podían hacerse públicos. Los video tapes, que fueron transmitidos por televisión también son material reservado.

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