Los mandatarios de las regiones emproblemados por su presunta participación en política

En esta época electoral la tentación de algunos alcaldes y gobernadores por apoyar a sus candidatos preferidos o llamados sucesores no es de poca monta. Algunos logran esconder sus preferencias o brindar apoyos por debajo de la mesa, mientras que otros no lo logran, haciendo evidente una delicada falta disciplinaria: la participación en política.

Según reportes del Ministerio del Interior, se han presentado cerca de 4.000 quejas ciudadanas por diferentes delitos. En cuanto a la participación en política de alcaldes y gobernadores, las quejas corresponden a un 12 por ciento de ese total.

Por el lado de la Procuraduría, han llegado en los últimos meses 885 quejas de todo tipo de las cuales 386 son por participación en política, 70 por trashumancia, 63 por constreñimiento al elector, 61 por publicidad ilegal, entre otras.

Los encargados de estos temas han trasladado muchas de las quejas al Consejo Nacional Electoral y muchas otras están en desarrollo de investigación.

Lo cierto es que hoy cerca de 20 mandatarios regionales están emproblemados por presunta participación en política. Algunos enfrentan investigaciones formales por sus conductas y otros han sido suspendidos de sus cargos. Se trata de una fuerte figura que impide que se repitan las conductas o se perturbe la investigación.

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El primero en caer fue el sonoro alcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández quien, de manera reiterada, no ocultó sus preferencias políticas por algunos candidatos a los que les brindó abiertamente su respaldo. En la más reciente y la que lo sacó del ring, fue por presuntamente apoyar al candidato a la alcaldía de su ciudad Juan Carlos Cárdenas. Por ese supuesto apoyo la Procuraduría le abrió investigación y los suspendió del cargo por tres meses, lo que no le permitía regresar a sus actividades. Hernández optó por renunciar.

El 11 de octubre pasado, el turno fue para el gobernador de Caldas, Guido Echeverry Piedrahíta, a quien le abrieron investigación disciplinaria por haber hecho presuntas manifestaciones políticas durante su rendición de cuentas realizadas en el municipio de Pácora el 21 de agosto pasado. El caso causó gran impacto regional.

Y ni el reconocido mandatario de los medellinenses se salvó. La Procuraduría abrió indagación a Federico Gutiérrez Zuluaga, y otros funcionarios por presunto proselitismo a favor del candidato Santiago Gómez Barrera, quien en su publicidad se presentaba como el sucesor del actual mandatario.

La investigación busca establecer si ha habido presiones a los contratistas del municipio para que participen en actividades de campaña, compartan o promocionen en sus redes sociales el material del candidato del movimiento “Seguimos contando con vos”.

Por los lados de la Costa la situación no es distinta. La Procuraduría abrió investigación formal y se encuentra en la etapa de practica de pruebas para definir la responsabilidad del alcalde de Sincelejo, Jacobo Quessep Espinosa, a quien denunciaron por haber celebrado un pacto político con el controvertido candidato a la gobernación Yair Acuña Cabrales, inscrito por el Movimiento político 100% por Sucre. Según los datos de la investigación, el pacto tenía como ingrediente principal que Acuña recibiría respaldo del alcalde y éste a su vez respaldaba al candidato de Cambio Radical a la alcaldía de Sincelejo Andrés Gómez Martínez.

En Popayán también se hizo sentir la acción disciplinaria. El 15 de octubre anterior fue suspendido del cargo y con una investigación acuestas, el alcalde de Popayán, Cauca, César Cristian Gómez Castro, por presuntamente utilizar su cargo para beneficiar y manifestar su apoyo a la candidata a la alcaldía Rosalba Joaquí. El mandatario, si nada extraordinario sucede, no volvería el cargo por el grado de su suspensión.

Y ni hablar del alcalde de Inzá, Cauca, Gelmis Chate Rivera, a quien el pasado 2 de octubre, la Procuraduría llamó a juicio disciplinario porque habría expresado su respaldo a un candidato a la alcaldía de esa localidad. Los hechos se registraron en noviembre pasado y la investigación terminó con esta fulminante decisión. 

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Y si por Cauca llovió por Nariño no escampó. El alcalde de Ipiales, Ricardo Romero Sánchez, recibió el peso de las investigaciones por haber, presuntamente, apoyado y participado en actividades en favor de los candidatos a la alcaldía Miguel Huertas y a la gobernación, John Rojas. Al mismo tiempo les abrieron investigación y fueron suspendidos por tres meses de sus cargos los secretarios de despacho de Hacienda y Acción Social, por los mismos hechos.

Los investigadores electorales también pusieron la mirada en Boyacá. Allí fue suspendido del cargo y ahora enfrenta una investigación disciplinaria el alcalde de Tenza, John Alexander López. La investigación se fundamenta en denuncias según las cuales, el mandatario habría invitado a los habitantes del municipio que se encontraban en la plaza de mercado, a participar de una actividad de carácter político liderada por el candidato a la alcaldía, Mario Fernando Lozano Duarte.

Y en Boyacá el golpe más duro los recibió al alcalde de la Victoria Anatolio José Benito Alvarado. La Procuraduría lo suspendió por tres meses y afrontar una investigación disciplinaria por, presuntamente, avalar el uso de recursos físicos y económicos del municipio para que se adelantaran obras en algunas veredas a cambio de forzar el voto ciudadano en favor de un candidato.

Los otros servidores públicos involucrados en presuntos hechos irregulares son el alcalde de Páramo, Santander, el alcalde de Jamundí, Valle del Cauca, a quienes investigan formalmente por hechos relacionados con presunto favorecimiento a candidatos de sus regiones, una práctica que muchos consideraban común en épocas electorales, pues la ley no se aplicaba en debida forma para castigar los abusos de algunos mandatarios regionales.

 “Era el típico comportamiento según el cual la costumbre se vuelve norma. Pero ahora las cosas han cambiado y toca aplicar la ley con todo el rigor porque no se puede permitir favorecimiento de ningún tipo por parte de servidores públicos a candidatos. Este abuso se tiene que acabar”, le dijo a Semana.com el viceprocurador Juan Carlos Cortés.

Semana.com conoció que la Procuraduría alista decisiones trascendentales en otras regiones como Quindío. Ahora lo que muchos en el país esperan es que las entidades de control no solo abran las investigaciones, sino que terminen en debida forma sus investigaciones y sean sancionados quienes hayan tomado el desviado camino de violentar las normas.