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| 11/3/2002 12:00:00 AM

El otro reversazo

¿Qué llevó a la Fiscalía a dejar en libertad a Carlos Arturo Marulanda?

Luis Camilo Osorio podría convertirse fácilmente en uno de los fiscales más impopulares de los últimos tiempos. Al haber pedido que Alvaro Leyva fuera absuelto porque las pruebas no eran suficientes, quedó mal con la totalidad de la derecha colombiana la cual considera a Leyva un aliado de 'Tirofijo'. Y ahora, habiéndole quitado los cargos de terrorismo a Carlos Arturo Marulanda, generó la indignación colectiva de la izquierda, la cual considera al ex ministro un aliado de Carlos Castaño.

El caso Marulanda, al igual que el caso Leyva, es muy complejo y va a dar mucho de qué hablar. El 14 y 15 de febrero de 1996 un grupo armado incursionó en la hacienda Bellacruz, propiedad de la familia Marulanda, en el departamento del Cesar y desalojó por la fuerza a cerca de 200 familias campesinas que invadieron los terrenos. El episodio era un capítulo más de la leyenda negra de ese latifundio que llegó a tener 22.000 hectáreas.

Cuando explotó la noticia de los desalojos, Carlos Arturo Marulanda y su hermano Francisco Alberto fueron acusados de terrorismo, concierto para delinquir, incendio y daño en bien ajeno. En el momento de los hechos, aunque Carlos Arturo era el embajador colombiano en Bélgica ante la Unión Europea y su hermano era el encargado del manejo de las fincas en Colombia, la justicia les cayó por igual a los dos. La presunción era que el ex ministro aparecía como el jefe del clan familiar y que la distancia geográfica no configuraba una coartada, puesto que de todas maneras él era uno de los beneficiarios del desalojo.

Las ONG, ante semejante plato tan suculento, se movilizaron en bloque dándole al incidente una dimensión comparable a la de la masacre de las Bananeras. Hasta el propio Parlamento Europeo pidió su renuncia en una resolución. Perseguido por la opinión pública europea y por la justicia colombiana, finalmente Marulanda fue capturado el año pasado por la Interpol en España después de 913 días de estar fugitivo. Su hermano había sido capturado desde 1998 y ahora espera en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí sentencia por los mismos delitos que se le imputaban a Carlos Arturo.

Después de semejante show internacional de cinco años de duración, causó gran desconcierto que Marulanda quedara libre tan sólo ocho días después de haber llegado extraditado al país. La fiscal del caso, Martha Luz Reyes. se despachó los cientos de folios que formaban parte del proceso y decidió quitarle todos los cargos con la excepción del de incendio, que es excarcelable. Según la fiscal, en el momento de los hechos no se presentaron homicidios, masacres, ni heridos. Sin embargo, dentro del proceso varios campesinos sostienen que sus ranchos fueron quemados y por eso ahora le toca demostrar que nada tiene que ver con esta acusación. Su hermano no corrió con la misma suerte y fue encontrado culpable de todos los cargos pues al fin y al cabo vivía en Colombia y era el encargado directo del manejo de Bellacruz.

En resumen, tal vez lo que más sorprendió a los colombianos de la liberación de Marulanda, fue que siendo él un símbolo del paramilitarismo en Colombia no estuviera acusado de ningún hecho sangriento. El único cargo en su contra fueron los desalojos violentos del 14 y 15 de febrero, días en los cuales no hubo muertos. En el año siguiente, de las 1.500 personas desalojadas fueron asesinadas 36 por grupos paramilitares. Pero a pesar de que sus detractores no pueden evitar asociar a Marulanda con las autodefensas, al parecer la justicia no encontró pruebas de este vínculo.

En todo caso el episodio de Carlos Arturo Marulanda no contribuye en nada a aumentar la confianza de los colombianos en su sistema de justicia. Probablemente Luis Camilo Osorio y la fiscal del caso no hicieron más que ceñirse estrictamente a la letra de la ley, lo cual requiere pantalones en un caso tan polémico. Pero que tantos casos famosos sean objeto de un reversazo por cuenta de los cambios de las personas que administran la justicia lleva inevitablemente a la conclusión de que alguien metió la pata, se equivocó, o había motivaciones políticas.

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