Afros: lo que viene después de la paz

Aunque la esclavitud nos pueda parecer lejana a quienes habitamos las principales ciudades, sus secuelas aún respiran en un país donde, según el Departamento Nacional de Planeación, cerca del 90 por ciento de la población afro vive en condiciones alarmantes de miseria, exclusión social, discriminación e injusticia.

La Unidad de Víctimas estima que el conflicto armado en Colombia ha golpeado directamente a 794.703 afrodescendientes. Este grupo poblacional se concentra principalmente en el litoral Pacífico, de donde procede una de cada dos víctimas. En Buenaventura, a pesar de contar con cuatro de los puertos más productivos del continente, la tasa de empleo informal es del 94 por ciento y la población vive en constante zozobra por la presencia de pandillas y organizaciones delincuenciales derivadas de la desmovilización de los paramilitares, especialmente del Bloque Calima.

Y también está Quibdó, donde la Unidad de Víctimas calcula que el conflicto expulsó a 41.798 personas. Además, casi la mitad de la población está compuesta por desplazados que viven en un barrio que paradójicamente se hace llamar El Futuro.

En El Futuro la desesperanza se mezcla con el olor a sancocho, el sonido del reguetón y el picadito de fútbol los domingos por la mañana. Porque lo asombroso es que los lugareños, a pesar de todo, encuentran la fuerza para seguir con su vida sin perder la buena cara. A esta tendencia natural a la alegría se suma un liderazgo creciente en el nivel local. “Los chocoanos tenemos que asumir el liderazgo, dejar de esperar que alguien venga a decretárnoslo, entender que nuestro deber es transformar este paisaje de pobreza local con los insumos que ofrece el territorio y respetando los modos de vida de la población”, dice la líder Josefina Klinger, quien promueve el ecoturismo.

La firma de la paz es la oportunidad para fortalecer el tejido social de la población afrodescendiente, y crear confianza de manera recíproca entre esta comunidad y un Estado ausente. Es el momento para que la población afro lidere, desde su propia cosmovisión, propuestas de desarrollo que potencien su riqueza ambiental, productiva, cultural y económica. Es la ocasión para que el Estado reconozca sus potencialidades y capacidades para liderar iniciativas que cierren las brechas de inequidad.

En los territorios las comunidades ya están trabajando en esto. Rosmira Salas, presidenta de Cocomacia, (Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato), ganadores del Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en 2015, explica que desde la Ley 70 de 1993 que reconoce el derecho a la propiedad colectiva de las comunidades negras, están desarrollando normativas que permitan la sostenibilidad a largo plazo de su territorio: “Hemos regulado la pesca, la minería, la caza”. Salas alerta sobre la posibilidad de que la paz que se está negociando en La Habana sea una “paz colonial”, con un beneficio directo para las grandes empresas privadas o el gobierno central, pero no para las comunidades: “Hay que tener en cuenta a las organizaciones de base que han venido haciendo un trabajo social”.

Según un líder de la comunidad wounaan de San Juan de Chocó, los guerrilleros, especialmente del ELN, siguen por todo el territorio: cultivan coca, consumen los alimentos de los campesinos, matan a los animales: “No podemos seguir así”, concluye. El escepticismo es generalizado. Temen que al vivir en la línea de fuego, tras la firma de un acuerdo la violencia se recrudezca: que empiecen las llamadas ‘limpiezas’, las guerras entre bandos, y surjan nuevas organizaciones criminales en un territorio con una débil presencia del Estado. “Mal que bien ya nos hemos organizado así, sin instituciones, sin Estado. Tenemos nuestro orden interno”, menciona un líder de Tumaco que pide mantener su nombre en reserva.

A estas preguntas se suman otras: cómo van a controlar que los exguerrilleros no pasen a integrar grupos delincuenciales tal como hicieron los paramilitares luego de desmovilizarse. Cómo van a hacer para que el lucrativo negocio de la droga no siga desangrando a la región pacífica. Cómo se va a reducir la brecha histórica, lo que requerirá una astronómica inversión social en un territorio donde el 45 por ciento de la población aparece en el registro de víctimas del conflicto armado.

Los afrodescendientes en el posconflicto tienen otro reto mayúsculo: las minas antipersona, que mantienen a comunidades completas confinadas, y que impiden cazar, pescar, cultivar en las zonas de reserva. En la lista de desafíos están además la minería ilegal y los cultivos ilícitos: el 15 por ciento de toda la coca sembrada en el país está en territorios comunitarios de afrocolombianos y en Chocó el 90 por ciento de la minería que se realiza es ilegal.

La restitución de tierras y el retorno a sus territorios ancestrales, son también una prioridad: 695.302 afros se han desplazado por la violencia; el 10 por ciento de ellos residía en territorios colectivos reconocidos por el Estado. Los grupos armados y las bandas criminales que seguirán disputándose las tierras de los afros ofrecen otro reto enorme: los Urabeños y los Rastrojos se mueven por departamentos como Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño; y el ELN es muy fuerte en Chocó, Nariño, y algunas regiones del Cauca. A esto se suma el desplazamiento intraurbano provocado precisamente por estas pugnas: lo que sucedía exclusivamente en zona rural se trasladó a ciudades como Buenaventura, Tumaco y Quibdó.

Desde la defensa a la autonomía territorial y de sus procesos organizativos, la comunidad viene elaborando propuestas como la reglamentación del derecho a la consulta previa, libre e informada; y planes de reparación integral, autoprotección colectiva e infraestructura regional para la paz, que garanticen los derechos fundamentales y colectivos.

En cuanto a la reactivación económica del territorio, la Ley Zidres (Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social) es la principal estrategia del gobierno para fomentar la productividad del campo y la seguridad jurídica; pero existe el temor de que los baldíos, que deberían ser para los campesinos, se vayan a manos de empresas nacionales y trasnacionales.

Hay que reconocer que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha hecho un esfuerzo importante por la seguridad de la región. Así mismo, con el Plan Pazcífico, para el que recientemente designó a Luis Alfonso Escobar, el Estado invertirá 400 millones de dólares en programas sociales y de lucha contra la pobreza extrema.

La legitimidad de un proceso de paz se construye desde los territorios, desde el reconocimiento de los derechos étnicos y la implementación de iniciativas con enfoques diferenciales. Solo queda esperar que la inversión para la paz territorial sea pertinente y concertada, que los temores de que arda de nuevo el fuego de la guerra tras la firma del acuerdo sean infundados, y que los recursos naturales y las formas de vida de las comunidades negras sean respetados, dándoles espacio a los liderazgos locales y las iniciativas propias.

*Escritora y periodista (Cali 1976). Ha publicado cuatro libros, el más reciente es ‘La casa de la belleza’ (2015). Es columnista en los diarios ‘El País’, de Cali, y ‘El Espectador’.