"En el 2025 el sistema de salud comenzará a superar su déficit"

Los retrasos y avances en el sistema de salud fueron discutidos este jueves en la audiencia de rendición de cuentas sobre la atención en salud, realizada en la Corte Constitucional.
 
La audiencia, que se lleva a cabo para garantizar el cumplimiento de la sentencia T-760 del 2008, comenzó con un llamado de atención de la Corte a los órganos estatales.
 
Con respecto al derecho a la salud, el tribunal aseguró estar "preocupado" porque "los diferentes órganos estatales no comprendan aún los compromisos de un Estado Social de Derecho, como no otorgarle la debida importancia al derecho a la salud, situación que ha ocasionado que la sociedad colombiana se pueda catalogar hoy de enferma".
 
En criterio de los magistrados, "las directrices tomadas por los órganos legislativo y ejecutivo sólo han constituido incipientes esfuerzos". En ese sentido, el tribunal aseguró que aún prevalecen "la corrupción, el abuso y la ineficiencia administrativa" como agravantes de la situación financiera del sistema en salud.
 
Según la Corte, la audiencia de rendición de cuentas busca conocer qué está pasando con los recursos del sistema, las nuevas fuentes de financiación, las medidas para evitar que los actores del sistema presenten datos inflados y la destinación de los recursos de la UPC (la prima entregada a cada EPS por afiliado).
 
Además, se quiere indagar sobre las medidas tomadas frente a la reestructuración del proceso de recobro y las regulaciones adoptadas para la correcta administración del dinero público.
 
"La salud no puede ser un negocio para lucrar a unos pocos. La actividad de los mercaderes de la salud va en detrimento del derecho fundamental de niños y niñas, mujeres embarazadas, personas de la tercera edad, discapacitados, indígenas, negritudes; y en últimas, de la sociedad en general", alega el tribunal.
 
A la audiencia se presentaron el Gobierno y los entes de control. El ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, aseguró que sólo en el 2025 el sistema de salud comenzará a superar su déficit. Precisó que desde el 2011, el Gobierno invirtió en este campo 3,2 billones de pesos adicionales.
 
Sus proyecciones fueron calificadas como "optimistas pero incumplibles", por parte de Jaime Arias, presidente de la Asociación de Empresas de Medicina Integral. En criterio de Arias, el manejo de los recobros de servicios no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud es el "cáncer del sistema".

Al respecto, la ministra de Protección Social y Salud, Beatriz Londoño, aseguró que ya se logró disminuir el número de recobros y tutelas, un avance que de acuerdo con la titular, le ahorró al Estado más de 900 millones de pesos.
 
Para algunos, falta reforzar las medidas que evitarían las irregularidades en los sistemas de recobro. Así opina Rodrigo Uprimny, director del Centro de Estudios de Justicia. "Las medidas para evitar irregularidades en los sistemas de recobro siguen siendo puntuales y fragmentarias. No tenemos claridad realmente cuáles van a ser las estrategias para garantizar que exista un control efectivo de esas irregularidades", indicó.
 
La ministra Londoño precisó que en junio estará completa la unificación de los planes de beneficios en los regímenes contributivo y subsidiado.
 
Por su parte, la contralora general de la República, Sandra Morelli, llamó la atención sobre la calidad de los medicamentos genéricos. La jefe del ente de control reveló que en algunas ocasiones se comercializan medicamentos que son "harina".
 
"En torno a los genéricos hay otro gran problema, que es la defraudación de la industria farmacéutica. Hay realmente bandas de fortajidos especialistas en empacar harina y darle la apariencia de medicamento, y allí tenemos graves problemas de omisión y control del Estado", precisó Morelli.
 
De acuerdo con la Contraloría, el 50 por ciento de los recursos de la salud de desvía de manera indebida al lucro privado". Morelli agregó que las entidades promotoras de salud perdieron su sentido de ser aseguradoras, y especificó que las EPS especulan en los costos que presentan a la Comisión Reguladora en Salud, para la fijación de la UPC. En su opinión, esta cifra es "sobredimensionada".

Sobre las EPS, María Lesly Vallejo, gerente del consorcio FiduFosyga, señaló que el Estado le habría pagado a las entidades 52.000 millones de pesos por la atención médica de pacientes muertos."Son recursos involucrados. No es absolutamente claro que la plata la deban las EPS", aclaró Vallejo al recordar que justificar este monto es una tarea pendiente.
 
Para la Corte, el sistema de salud debe avanzar en "constatar la idoneidad de la actualización del POS, establecer claramente cuáles EPS y con qué frecuencia niegan la prestación de servicios de salud, verificar la hechura del ranking de EPS y la entrega de la carta de derechos a los usuarios".