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| 9/6/1999 12:00:00 AM

EN CASA DE HERRERO

La esposa de un coronel de Estados Unidos, encargado de labores antinarcóticos en <BR>Colombia, termina enredada en una operación de tráfico de estupefacientes.

EN CASA DE HERRERO, Sección Nación, edición 901, Sep  6 1999 EN CASA DE HERRERO
Cuando el pasado 23 de mayo un agente del Servicio de Aduanas de Estados Unidos
abrió un paquete envuelto en papel marrón, en una bodega cercana al aeropuerto de Miami, encontró lo
que él y muchos de sus compañeros estaban buscando desde hacía varios meses: cocaína empacada
en encomiendas del servicio postal de Estados Unidos. La droga pesaba alrededor de 1,2 kilos.
Sobre el papel marrón el oficial pudo leer un formato con el nombre del remitente: Laurie Hiett y el
destinatario J. Wellipon 3147 92ND St, Jackson Heigths, New York. De lo que no se dio cuenta es de
que además del paquete había abierto uno de los escándalos más vergonzosos que ha sufrido el
gobierno de Estados Unidos en la historia de la lucha contra el narcotráfico.
La remitente era la esposa del coronel James Hiett, segundo en importancia del contingente militar de
Estados Unidos que opera en Colombia. Hiett es uno de los responsables de los 200 soldados que
están en el territorio nacional impartiendo instrucciones a militares colombianos sobre cómo combatir el
narcotráfico. Había sido nombrado hace un año para ponerse al frente de la misión en medio de un
ambiente cargado de especulaciones alrededor de una posible invasión militar de Estados Unidos.
Según una investigación interna del Ejército, el coronel no tiene ninguna responsabilidad en los hechos
que se le imputan a su esposa.
El agente de Miami volvió a empacar la caja de Pandora, notificó a sus superiores y la
investigación comenzó a tejerse en los dos extremos de la encomienda: interrogatorios en Bogotá
por un lado y seguimiento al paquete hasta Nueva York.
Dos días después de descubierta la droga la Aduana montó una operación de entrega controlada
en Nueva York con la cooperación de la Policía de esa ciudad. Un cartero de USPS (United States
Postal Services) tocó en la casa de Jackson Heights. "Tengo un paquete para J. Wellipon'', le dijo
el cartero mientras decenas de detectives lo vigilaban escondidos en los alrededores del barrio.
Un hombre que se identificó como Hernando Arcila dijo que la persona a quien estaba buscando vivía
en el sótano de la casa. Pero como en ese lugar nadie respondió, Arcila le pidió que volviera a las
cuatro de la tarde. El cartero regresó y esta vez lo atendió Tilma, la hermana de Arcila, quien le dijo
que Wellipon la había autorizado para recibir el paquete. Tilma recibió el encargo, el cartero se
despidió y los detectives empezaron una angustiosa espera. A los 30 minutos Hernando trató de salir
por la parte de atrás de la casa y se chocó con una muralla de policías que lo arrestaron. Otros
agentes allanaron la residencia, donde encontraron el paquete, una bolsa con 500 gramos y unos
13.000 dólares en efectivo. También descubrieron un cuaderno con anotaciones a mano que decían
"ahorros" a nombre de Jorge Alfonso Ayala, el chofer del coronel en Bogotá. Ayala era un conductor de
la embajada desde hace 15 años que fue asignado a los Hiett cuando la pareja llegó a Colombia.
Aparentemente el colombiano se ganó la confianza de Laurie, la esposa del coronel, una mujer rubia
de unos 35 años de edad.
Arcila, que curiosamente no aparece en la denuncia penal como acusado, confesó que había recibido
seis paquetes de cocaína que fueron enviados de la misma forma desde Colombia. Por cada uno, dijo,
le pagaron 1.500 dólares. El testigo dejó además en claro que Wellipon era una vecina que ya no vivía
en esa dirección.
Notificada de la gravedad de los primeros indicios, la División de Investigaciones Penales del
Ejército de Estados Unidos empezó un minucioso seguimiento de todos los envíos hechos desde
Bogotá por el sistema APO (Air Force Postal Service), un correo especial y exclusivo para los
ciudadanos estadounidenses que trabajan en la embajada, lo mismo que para sus cónyuges. Los
buzones del correo están en la sede diplomática. La persona que envía el paquete debe llenar una
declaración de aduanas en la que indica su nombre y dirección, los datos del destinatario, una
descripción del contenido, peso y valor aproximado, así como su firma. Los correos se envían a
Miami en una valija diplomática.

Los investigadores hallaron un paquete enviado un día después de la operación en Nueva York por un
individuo que se convirtió en un testigo secreto de la investigación. El testigo, sólo identificado
como W1, aseguró que había enviado el paquete por solicitud de la señora Hiett a una dirección en
Manhattan de un negocio que alquila casillas de correo. Los detectives de Nueva York llegaron a la
oficina de Mail Boxes Etc., y encontraron allí un paquete exacto al que habían incautado en el
allanamiento. Lo abrieron y hallaron 1,2 kilogramos. El buzón fue pagado por una mujer que se
identificó como Jacqueline Wellipon. Al mostrar varias fotografías a los empleados del servicio de
casilleros estos identificaron a Tilma Arcila como la mujer que se presentó a abrir el buzón.
Un grupo de investigadores del Ejército viajó a Bogotá para empezar los interrogatorios de todas
las personas que habían tenido que ver con las encomiendas.
Uno de los primeros fue Ayala, el conductor, a quien entrevistaron el 2 de junio en la embajada. Durante
el interrogatorio Ayala soltó una bomba: dijo que la señora Hiett consumía cocaína y que la había
ayudado a conseguir la droga en la Zona Rosa de Bogotá y en el estacionamiento de la parte de atrás
de la embajada, donde llegó una mujer desconocida en un taxi y entregó la droga, según la
denuncia criminal.
Un día antes los investigadores se habían reunido con la esposa del coronel. Su versión de los hechos
parecía simple: dijo que ella había forjado una buena relación con su chofer, quien le había pedido el
favor de enviar los paquetes para un amigo desde la embajada. El primer paquete, recordó la mujer, lo
recibió Ayala frente a la embajada de una pareja que llegó en un taxi. Hiett envolvió el paquete en papel
marrón y lo mandó sin preguntar qué llevaba por dentro. De la misma manera hizo con otros cuyo
contenido, según aseguró, tampoco conocía.
Sin embargo esta versión resultó poco creíble. Esto se debe a que en la declaración de aduanas
Hiett aseguró por escrito que los paquetes contenían, respectivamente, cosas como "camisetas,
fotos, dulces, café, libros de Colombia, artefactos colombianos, regalo de cumpleaños, y vela de la
Embajada Americana". En la segunda entrevista, según la denuncia, Hiett estaba muy nerviosa.
Cuando los investigadores la confrontaron con los alegatos de Ayala sobre la cocaína comprada en la
Zona Rosa ella continuó diciendo que recibió los paquetes de manos del chofer .
"En un punto de la entrevista _afirma la denuncia penal_ mientras se le estaban haciendo preguntas en
referencia a la cocaína enviada a través de APO, dijo 'tengo miedo de que me maten'. Más tarde se
puso extremadamente agitada y acusó a los investigadores de inventar una historia con el único fin de
hacerle daño. En un momento en que parecía no poder controlar sus nervios la mujer se salió del
cuarto de interrogatorios y se pasó a la oficina de su esposo en la embajada, lo que obligó a los
inspectores a suspender el interrogatorio". Los investigadores establecieron que tanto la mujer del
coronel como Arcila hicieron viajes a Estados Unidos antes y después del envío de la cocaína.
La investigación se mantuvo bajo un manto de silencio y fuera del conocimiento de los medios de
comunicación. Ningún organismo antinarcóticos salió a alardear sobre la pesquisa como es usual.
Hasta último momento el gobierno de Estados Unidos, que en su oportunidad informó al
gobierno colombiano de los acontecimientos, habría apostado a mantener el tema lejos de los
medios de los dos países. Pero una fuente de William Bastone, un periodista del irreverente diario
The Village Voice, conocido por sus denuncias de corrupción, llamó y le dijo que en los próximos días
sería presentada en la Corte del distrito este de Nueva York la esposa de un coronel del ejército que
estaba involucrada en un caso de cocaína. La noticia se publicó, y fue retomada el viernes pasado por
medios colombianos.
Laurie Hiett, efectivamente, se presentó ante las autoridades y fue dejada en libertad bajo fianza luego
de pagar 150.000 dólares. El cargo en su contra es el de conspiración para distribuir cocaína. Esto le
acarrearía una pena máxima de 12 años, pero por no tener pasado judicial lo más probable es que, de
ser hallada culpable, pase mucho menos tiempo en la sombra.
Hasta ahí todo esto no es más que otro caso de narcotráfico. El problema es que se trataba de la
esposa de uno de los oficiales militares de más alto rango en Colombia, un coronel que comandaba
el entrenamiento que adelantan fuerzas especiales del ejército de Estados Unidos con militares
colombianos en las bases de Tres Esquinas y Tolemaida. Hiett es un oficial de excelente reputación
y cuenta con el respaldo del Comando Sur. Sin embargo, cuando estalló el escándalo, fue
inmediatamente relevado del cargo por solicitud propia.
Pero ahí no para el escándalo. El episodio sucedió hace ya dos meses, durante la anterior visita del
general Wilhelm a Colombia. En aquel entonces Barbara Moore estaba actuando como embajadora
encargada y en su momento notificó al presidente Andrés Pastrana, al Ministro de Defensa, a la Policía
y al Ejército. Pero lo que nadie se explica es ¿por qué no se hizo público en su momento? Si el delito
fue cometido en Colombia y estaba implicado un ciudadano colombiano ¿se avisó oportunamente
a la Fiscalía? ¿Es justificable el silencio de la embajada, el Comando Sur, el Departamento de
Estado, el Departamento de Justicia y los funcionarios judiciales de Nueva York para que nadie se
enterara del episodio? Si hubiera sido al revés, la esposa de un agregado militar colombiano en la
embajada en Washington, ¿se hubiera tenido tanto sigilo? ¿Y la condena final sería de un máximo de
sólo 12 años?
Todos estos interrogantes son difíciles de contestar. Lo único cierto es que el oso es mayúsculo y que
_a pesar de que en el episodio no esté implicado ningún funcionario de la embajada norteamericana
en Bogotá, ni de ninguna de las agencias del gobierno que trabajan en Colombia_ la administración
Clinton tendrá que pagar un alto costo político en Colombia y en Estados Unidos por lo sucedido.

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