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En la cuerda floja

El gobernador de Cundinamarca, Pablo Ardila, podría ser el primero en tener que dejar su cargo por decisión de quienes lo eligieron.

28 de febrero de 2005

Desde 1991, los colombianos tienen el derecho de revocar a sus gobernantes. Y aunque en estos 14 años nunca se ha utilizado esta figura, el gobernador de Cundinamarca, Pablo Ardila Sierra, podría pasar a la historia como el primero en tener que dejar el poder por decisión del pueblo.

Esto podría convertirse en una realidad si tiene éxito el trabajo político que vienen haciendo los senadores Leonor Serrano y Édgar Artunduaga en el departamento. Desde octubre, sus equipos han concentrado esfuerzos en revocarle el mandato a Ardila con el argumento de que no ha cumplido con su plan de desarrollo y que su gestión ha sido irresponsable y poco comprometida. Para cumplir su objetivo han recogido 60.000 firmas, de las 100.000 que se necesitan y que corresponden al 40 por ciento de los votos que eligieron a Ardila (ver recuadro).

Las desavenencias entre Serrano y Ardila vienen desde 1995, cuando ella -que entonces era gobernadora de Cundinamarca- lo nombró secretario de Hacienda. En ese tiempo Ardila tenía 25 años y acababa de regresar al país graduado en economía de la Universidad de Barry, Florida. Pero con el tiempo, Serrano comenzó a dudar de los conocimientos de su secretario, del que nunca se ha podido comprobar que haya obtenido el título académico. "Destituí a Pablo porque me di cuenta de los vacíos en su conocimiento", afirma la senadora.

Sin embargo, los cuestionamientos al gobernador Ardila van más allá de la enemistad política que existe entre su antigua jefe y él. Y aunque éste ha dicho que la vieja clase política lo ataca porque se siente acorralada, su estilo de gobierno se ha convertido en munición para que sus enemigos lo acusen de ejercer la política tradicional que tanto critica. Las dudas sobre la gestión de Ardila vienen prácticamente desde que ganó las elecciones. Semanas después de electo, era el único gobernador del que nadie conocía su paradero y ninguno de sus colaboradores se había reportado para iniciar el proceso de empalme. "Nos dijeron que estaba en el reinado de la belleza. Era imposible localizarlo", afirma un funcionario de la administración anterior.

Es que si algo le gusta al gobernador Ardila es viajar. Al comparar la información provista por la secretaría general del Ministerio del Interior y el DAS, podría inferirse que en algunos casos ha estado fuera del país sin contar con la respectiva licencia del Ministerio. Precisamente, una de las denuncias de Serrano y Artunduaga señala que durante su primer año de mandato, Ardila abandonó el cargo durante 10 días.

Al parecer, algunos de estos viajes los ha hecho para satisfacer el principal de sus gustos: cazar. Un gusto que desarrolló desde pequeño, en medio de los lujos que le permitía ser el heredero del periódico El Espacio, sustento de una enorme fortuna familiar. Su riqueza también le ha servido para financiar sus campañas políticas. Primero, cuando logró ser representante a la Cámara durante el gobierno de Ernesto Samper. Recientemente, cuando invirtió millones en su exitosa campaña a la gobernación. Aunque Ardila informó al Consejo de Estado que había gastado 963 millones, uno de los candidatos que compitió con él en las elecciones asegura que la cifra ronda los 10.000 millones de pesos. SEMANA intentó en reiteradas ocasiones hablar con el gobernador Ardila para confrontar esta información y preguntarle sobre la campaña que daría lugar a su salida. Sin embargo, su oficina de prensa informó que no estaba interesado en hablar al respecto mientras el proceso para revocarlo no se convirtiera en algo más contundente.

No sólo durante sus viajes Ardila prefiere delegar. Uno de los escándalos más sonados es haber puesto en manos de su joven secretaria privada, Marcela Gutiérrez, funciones administrativas de competencia exclusiva del gobernador. En manos de ella está el poder de nombrar funcionarios, aceptar renuncias y dar posesión a los gerentes de las empresas sociales del Estado, entre otros.

El aspecto más polémico de este decreto del 23 de septiembre de 2004 que autoriza a Gutiérrez a asumir todas estas tareas es que el propio gobernador se exime de toda responsabilidad por las decisiones que tome su secretaria, lo que va en contravía de los principios del derecho administrativo que defiende la Constitución colombiana. Por esta razón, la Procuraduría ya abrió una investigación preliminar en su contra.

En buena medida, el gobernador se ha acostumbrado a delegar porque le cuesta trabajar en equipo y muy pocas personas le hablan al oído. Su madre, Hellen de Ardila, es una de ellas. Algunos colaboradores cercanos al gobernador reiteran que ella le inculcó una obsesión por la política y por el poder, es su resorte emocional y tiene una enorme influencia en sus decisiones políticas.

Entre las mujeres cercanas a Ardila también se encuentra la ex reina nacional de la belleza y diputada de Cundinamarca, Catalina Acosta, que obtuvo una de las votaciones más altas a la Asamblea cuando fue elegida por el movimiento del gobernador Cundinamarca Merece Más. Hace pocos días, Acosta fue denunciada ante la Procuraduría por el senador Artunduaga por supuesta violación al régimen de inhabilidades al dejar temporalmente su cargo para participar en el reality de Caracol Desafío 2005.

La relación de Ardila con la comunidad es ambigua. Aun cuando recibe a muy poca gente en su despacho, dedica días enteros a realizar encuentros festivos en los pueblos de Cundinamarca, muchos de los cuales incluso son amenizados por reconocidas y costosas orquestas. A estas fiestas suelen invitar diferentes instituciones dependientes de la gobernación. Así, por ejemplo, en diciembre pasado la Empresa de Licores de Cundicamarca contrató con recursos públicos a las orquestas Bananas y Taxi por 41.100.000 y 17.400.000 pesos, respectivamente, para hacer una presentación en vivo en Girardot en las fiestas de fin de año.

Y aunque una de las promesas de Ardila siempre fue la austeridad, varias contrataciones dejan dudas sobre su verdadero compromiso con esa causa. El pasado 23 de diciembre, la Gobernación abrió una licitación para la compra de 3.800 computadores por un valor total de 21.000 millones de pesos (más de 5,5 millones por computador), de la que antes de terminar el concurso se retiró una de las cinco empresas que compró pliegos para la licitación señalando falta de transparencia.

Los senadores Serrano y Artunduaga creen que hay decisiones con las que, desde la Gobernación, Ardila le estaría haciendo contrapeso al intento de revocatoria contratando nóminas paralelas: "En hospitales como el de Fusagasugá se van a despedir 221 personas para contratar 235 y en el de Chocontá sacarán 50 personas para contratar 83", afirma la senadora.

Por ahora, el gobernador sigue concentrado en su trabajo, en visitar municipios e inaugurar obras. Hay que reconocer que esta es una tarea que de por sí le corresponde a cualquier gobernador. Pero también, que de los resultados que muestre dependerá que los cundinamarqueses firmen o no la petición de revocatoria.

Los senadores creen que en menos de dos meses habrán recogido las 100.000 firmas necesarias para que la Registraduría autorice la consulta popular en la que se definiría la revocatoria. Por eso, la decisión definitiva estaría en manos de los ciudadanos, que como mínimo tendrían que depositar 180.000 rúbricas a favor de que Ardila se vaya.

Sea cual fuere el resultado, lo cierto es que la campaña de los contradictores del gobernador a favor de su revocatoria ya logró algo: lo puso a la defensiva y deterioró la imagen de su gestión. Recuperarse de estos golpes obligaría a Ardila a hacer cambios profundos de estilo y estrategia que al menos por ahora no ha mostrado intenciones de ejecutar.