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“La constitución del 91 se peló en materia de justicia”

La Justicia en Colombia atraviesa una de sus más profundas crisis. Todos los expertos lo dicen y los casos a diario lo confirman. Jaime Arrubla, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, habló con SEMANA sobre los males que aquejan al sistema judicial.

23 de enero de 2018

SEMANA: Como expresidente de la Corte Suprema de Justicia, ¿qué lectura puede hacer del sistema judicial colombiano actual?

Jaime Arrubla: El problema de la justicia es de toda la sociedad, no solo de jueces y de justiciables, pues la única forma de lograr y alcanzar la paz es a través de una justicia adecuada y eficiente. Hay grandes prevenciones contra el sistema de justicia colombiano, y con razón. No es algo de tapar sino de desenmascarar para saber cuáles son sus causas y saber cuáles pueden ser los remedios.

Esa tiene que ser la principal política pública que convoque a los colombianos, porque solo teniendo unas reglas del juego clara para nuestra convivencia social podemos avanzar en la economía, el desarrollo, la educación, la paz y en todo el bienestar y el futuro de Colombia.

SEMANA: ¿A qué se debe esa crisis por la que pasa la justicia?

J.A.: Indiscutiblemente la Constitución de 1991, tan aplaudida por acercar el mundo democrático a los colombianos, se peló en materia de justicia. Tener tantas cortes (la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura y ahora la Justicia Especial para la Paz) no permite un buen manejo, porque nadie maneja un sistema con seis cabezas. En Estados Unidos el sistema funciona porque solo hay una corte.

Además, la Constitución del 91 acabó con el periodo estable de los magistrados, para que hicieran una jurisprudencia conservada, cambiando lógicamente con las necesidades sociales de la población, pero sin ímpetus. Puso a la política a mezclarse con tareas de las Cortes y puso a magistrados a nombramientos de orden político. Entonces estableció una normatividad constitucional que está haciendo agua y por eso es necesario buscar remedios.

(Conozca más sobre el Gran Foro Colombia 2018 ¿Para dónde va el país?)

SEMANA: ¿Qué ha impedido alcanzar ese remedio?

J.A.: Yo no sé de dónde sacaron los presidentes de la República que esto es algo que hay que hacerlo consensuadamente. Si se va a consensuar con los que hay que reformar, nunca será posible reformar la justicia. Ya hay suficientes diagnósticos, ya se sabe qué hay que hacer, pero llaman a los interesados en quedarse más años en las Cortes.

Si el acto legislativo no ha podido hacer la reforma, lo que hay que hacer es una gran convocatoria nacional. Es de los ciudadanos, los empresarios, los industriales que debe salir el compromiso de reformar la justicia, para que el próximo presidente tenga este tema como una prioridad. Si lo seguimos manejando aisladamente, buscando consensuarlo para que los intereses de los particulares, el Congreso o las cortes sean los que sobresalgan no vamos a hacer absolutamente nada.

En los primeros días del próximo gobierno debe quedar definida cómo va a ser la ejecución de esa política pública, y con un apoyo nacional el Congreso la debe aprobar y ninguna Corte la podrá echar para atrás. El país no puede seguir dando tumbos en eso. Solo con un sistema judicial independiente, ágil, eficaz y moderno se puede combatir eficazmente la corrupción.

(En el foro también se analizará el panorama económico)

SEMANA: Ante la imposibilidad del legislativo para reformar la justicia, ¿cree que el camino es una Asamblea Nacional Constituyente?

J.A.: Hay que dejar la puerta abierta. Si el Congreso no lo hace, será necesario el instrumento que sea, así sea una Asamblea Nacional Constituyente. No debemos temerle porque si la convocamos para reformar la justicia como un propósito nacional, no hay por qué dejarla que vague por otros contornos que no sean los propios.