Bandas criminales que se rindan deberán identificarse, contar sus delitos y entregar pruebas

Todo indica que la ley que facilita el sometimiento de organizaciones criminales hará su debut en los próximos meses. Los encargados de ponerla a prueba serían los integrantes del Clan del Golfo, la principal banda criminal del país, que mientras aterrorizaba a las comunidades en donde tenía injerencia, inició hace varios años unos acercamientos con el gobierno, que hasta ahora aterrizaron. 

El presidente Juan Manuel Santos hizo el anuncio durante la sanción presidencial de la nueva ley que le dará dientes a las autoridades para judicializar de manera masiva a los integrantes de organizaciones como esta. "El vicepresidente, Óscar Naranjo, y algunos funcionarios de la Fiscalía han sostenido conversaciones con abogados que representan a este grupo de crimen organizado para hablar de su sometimiento a la justicia y lo que nos dijeron es que apenas esta ley se sancione se iniciará el proceso", indicó el primer mandatario durante la rueda de prensa. 

El anuncio es el resultado de un proceso que comenzó hace más de tres años. En febrero de 2015 esa banda criminal hizo sus primeros contactos con el gobierno para sondear un sometimiento. Un mes antes, el gobierno había lanzado la Operación Agamenón, una ofensiva para capturar a Otoniel y desarticular su organización. Se trataba del movimiento de uniformados y recursos más grande contra un grupo delincuencial, muy superior incluso a los esfuerzos que el Estado desplegó hace dos décadas para acabar con Pablo Escobar y el cartel de Medellín.

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En marzo de ese año, representantes de la banda contactaron al senador Iván Cepeda, quien tras informar al gobierno recibió autorización para comenzar los acercamientos y, junto con la Fiscalía, empezar a ver las opciones. Durante gran parte de 2015 las comunicaciones se dilataron debido, en parte, a la ofensiva policial. Ese año las autoridades capturaron a cerca de 800 integrantes de la banda y dieron de baja en operaciones a más de 30, entre ellos, varios comandantes.

Los resultados de Agamenón generaron presión en la banda criminal comandada por Dairo de Jesús Úsuga, alias Otoniel, quien apareció en un video en redes sociales anunciando su intención de sometimiento. Su hermano Roberto Vargas Gutiérrez, alias Gavilán, cayó por cuenta de las operaciones; a su turno también fueron abatidos Efrén Vargas Gutiérrez, alias Culo de Toro; Luis Orlando Padierma, alias Inglaterra, y Aristides Páez, alias el Indio.

Esta presión fue la que llevó a los integrantes de este grupo criminal a iniciar acercamientos y conversaciones. En este contexto se crearon un grupo de normas que por un lado, facilitarán la judicialización y aplicación de beneficios que tengan lugar a quienes confiesen y aporten evidencia; por otro, se endurecerán las sanciones para algunos delitos. Entre ellos, la amenaza de líderes sociales, las cuales en su mayoría son adjudicadas preliminarmente a esta organización. 

Entre julio del 2017 y agosto del 2018 solicitaron protección ante la Unidad Nacional de Protección por amenaza 299 líderes de oposición; 1.214 líderes sociales, activistas y víctimas de la violencia; 532 miembros de organizaciones sindicales, y 1.440 integrantes de grupos étnicos. Las nuevas reglas de juego establecen penas de cárcel entre 6 a 10 años si van dirigidas contra defensores de Derechos Humanos y servidores públicos; también para periodistas y miembros de organizaciones sindicales.

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A quienes amenacen a civiles, miembros de una comunidad o institución con el propósito de generar zozobra o terror podrían pagar entre 4 y 8 años de cárcel.

Cuando se dio la desmovilización del ERPAC, la banda criminal de los Llanos, se generó un caos porque la falta de mecanismos para identificar a los integrantes (algunos indocumentados), por la logística que implicaba tenerlos concentrados, por los vencimientos de términos para legalizar las medidas de aseguramiento, y al final, sin órdenes de captura vigentes, muchos quedaron en libertad. 

Ahora, con esta ley, quienes se sometan a la justicia deberán firmar un acta de sujeción individual que debe contener:

1. Identificación plena del miembro del grupo: nombres y apellidos completos, alias dentro de la organización, documento de identidad, firma y huella.
2. La fecha de ingreso a la organización, los roles que asumió y las zonas donde cometió las actividades delictivas.
3. Una exposición detallada de la participación en cada una de las conductas delictivas de la organización, respecto de las que reconoce responsabilidad penal. 
4. Los elementos materiales probatorios, evidencia física e información que acredite la realización de las conductas  delictivas.
5. La manifestación expresa, libre, voluntaria e informada y debidamente asesorada, de renunciar a su derecho a no autoincriminarse. 
6. El compromiso de no volver a cometer conductas punibles y de garantía de buena conducta.
7. A efectos de la determinación de las sanciones penales respectivas podrá hacer referencia a las condiciones individuales, familiares, sociales, modo de vivir, y antecedentes de todo orden.  

Aunque en la dosificación de la pena las condiciones de las organizaciones podrían ser iguales o más duras, la norma establece que las reclusión para integrantes de estas organizaciones tendrán que ser en cárceles conocidas como colonias penales agrícolas.

Y aunque en este grupo también podrían entrar servidores públicos que hicieron parte de estas organizaciones o colaboraron con ellas, el aumento punitivo es sustancialmente mayor. Para quienes cometan delitos contra la administración pública como integrantes de estas organizaciones, las sanciones irán de 12 a 27 años de prisión.

En cuanto a los términos de 36 horas para legalizar las capturas, la norma establece que una vez se instale la audiencia se suspenderán los términos; además se prevé una capacidad logística para audiencias concentradas superiores a las 50 personas implicadas con sus respectivos abogados.

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El articulado también hizo precisiones frente a los criterios que tendrá que tener en cuenta un juez a la hora de de determinar si existe peligro para la comunidad y riesgo de no comparecencia. Estas valoraciones son las que tendrán en cuenta los jueces para determinar si restringen de la libertad o no: 

El grupo debe tener un tiempo de existencia superior a dos años; cuando la gravedad de las conductas delictivas asociadas al grupo sean homicidio, secuestro, extorsión o el lavado de activos; por el uso de armas letales en sus acciones delictivas; cuando la zona territorial o el ámbito de influencia del grupo recaiga en la cobertura geográfica de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). También, cuando los miembros del grupo sean más de 15; cuando el implicado haya sido capturado o imputado dentro de los tres años anteriores por delitos dolosos; y cuando las víctimas sean defensores de Derechos Humanos o hagan parte de poblaciones con especial protección constitucional. 

A los condenados por delitos como concierto para delinquir, trata de personas, terrorismo, tráfico, fabricación o porte de
estupefacientes, secuestro extorsivo, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, se les impondrá la restricción de realizar operaciones mensuales en efectivo en montos superiores a diez salarios mínimos mensuales y deberán manejar sus recursos en una cuenta bancaria única.

Para el desarrollo de "entregas vigiladas encubiertas", dice la norma, la Fiscalía podrá usar dineros e instrumentos que hayan pasado por extinción de dominio previa autorización del fiscal general. 

Los delitos que sean admitidos por los criminales de estas organizaciones podrán recibir rebajas hasta del 50 por ciento por aceptación, como en cualquier otro proceso penal. Sin embargo, la aceptación de responsabilidad en estos delitos no implica que no se puedan investigar, juzgar y sancionar otras conductas realizadas por los integrantes del grupo. Y ello tampoco excluye que una vez sean judicializados por otras conductas y acepten cargos reciban nuevos descuentos penales.

Así se cocinó la negociación

SEMANA ha registrado las intimidades de la negociación con la banda criminal. Los acercamientos comenzaron desde hace varios años atrás pero fue en mayo del 2016, cuando los contactos entre los enviados del clan y los enlaces del gobierno se reactivaron con otra dinámica. Para agosto de ese año, y autorizados por el gobierno, representantes de Otoniel viajaron a La Habana, Cuba, y se reunieron con los negociadores de las Farc. El objetivo de esa cita era contar con el apoyo de esa guerrilla ante un eventual sometimiento.

En septiembre de 2016, los voceros del Clan del Golfo y los enlaces del gobierno se reunieron con el nuevo fiscal general, Néstor Humberto Martínez, para empezar a trabajar en la propuesta de sometimiento. Un mes más tarde, cuando ganó el No en el plebiscito, todo quedó congelado, ya que no era claro qué podía pasar con el futuro de las Farc y, en consecuencia, con los acercamientos del clan. Sin embargo, mientras los acercamientos estaban empantanados, la ofensiva contra el grupo crecía.

En mayo de 2017, Santos nombró vicepresidente al general Óscar Naranjo y le encomendó la misión de encargarse personalmente de los diálogos con el clan, apoyado por Cepeda y José Noé Ríos. Al tiempo, el gobierno lanzó la Operación Agamenón II. “Se trata de una sinergia con las Fuerzas Militares, en la que la alianza con el Ejército ha sido la clave del éxito”, afirma el general Vargas. Esta nueva etapa implicó una ofensiva aún más agresiva contra esa bacrim.

Entre mayo y finales de agosto del 2017 se realizaron más de 20 reuniones en la Vicepresidencia con los voceros. Los representantes del gobierno grabaron todas y realizaron actas que enviaban al fiscal general. Naranjo dejó en claro siempre que las conversaciones no implicaban en ningún momento el cese de la ofensiva policial-militar. De hecho, mientras tenían lugar los diálogos, esa bacrim perdió en tres meses a cinco de sus principales jefes. Los arrestos, decomisos de droga y bienes también se dispararon.

Esa especie de política de zanahoria y garrote, diálogo por un lado y operaciones por el otro, acorraló a Otoniel y sus hombres. Ya con las Farc desmovilizadas y en pleno proceso de paz, no tardaron en darse cuenta de que todo el poderío militar para combatir a esa guerrilla ahora estaba enfocado en ellos.

La presión implicó también que la organización criminal empezó a colapsar. Los decomisos de droga y dinero privaron a la banda de dinero en efectivo. En la mayoría de sus bloques los pagos a los combatientes comenzaron a tardar hasta más de seis meses. Ante la imposibilidad de Otoniel de mantener el control y dar órdenes, muchos mandos medios o incluso rasos optaron por armar rancho aparte, no sin antes robar a la propia banda dinero y armas para crear pequeñas disidencias de entre 50 y 80 hombres. Esto desencadenó a su vez violentas vendettas por el control.

Todo lo anterior, entre otros factores, hoy tiene a esa banda dispuesta a someterse a la justicia y a la legislación común. Ya no buscan, como en el pasado, obtener tratos especiales. Entendieron que solo les queda esa salida, pues la ofensiva estatal les dejó en claro que solo hay dos caminos más: la cárcel o la muerte.