"El Gobierno colombiano no ha asumido su responsabilidad"

"Hace 50 días nos aseguraron que Javier, Paúl y Efraín volverían con vida. Hace 31 días nos aseguraron que nos devolverían sus cuerpos. Ninguna de las dos ‘altas prioridades‘ se ha cumplido", así comienza una carta de los familiares de los periodistas ecuatorianos que fueron secuestrados y asesinados por alias Guacho en la frontera entre Colombia y Ecuador. 

Raúl Borja, Ricardo Rivas y Cristian Segarra, familiares de los ecuatorianos asesinados, llegaron a Colombia este martes, en busca de interlocución con el gobierno. En una rueda de prensa, dieron a conocer que ya lograron pactar un encuentro con la secretaría de la Presidencia.  "No nos vamos a cansar hasta que estén de vuelta para darles una despedida digna", aseguraron.

En el documento que dieron a conocer, además, dicen que llevarán a la Comisión Interamerica de Derechos Humanos (CIHD) la información de carácter "clasificada", que les entregó el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, en la noche del lunes. La información data la forma en que fue manejada la negociación entre los secuestradores y el Gobierno ecuatoriano para lograr la liberación del periodista, el fotógrafo y el conductor del diario El Comercio, igual que los detalles de las operaciones lideradas por la fuerza pública para el rescate fallido.  

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"Esperamos que (los documentos) constituyan un insumo para llegar a la verdad y a la justicia, pues la muerte de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra no quedará impune", se lee en la carta. Agregan que volverán a "golpear las puertas de la institucionalidad pública cada vez que más información sea requerida para elaborar el mapa de lo que ocurrió".

Sin embargo, ahora tienen un pedido mayor a los gobiernos implicados en el caso. "La repatriación de los cuerpos de los tres ciudadanos ecuatorianos es una obligación de los estados de Ecuador y Colombia y volvemos a solicitar de manera puntual cuál es la estrategia para lograr con ese propósito". 

A través de la misiva manifiestan que la documentación la reciben de "manera simbólica" pero que la "responsabilidad del Estado en el esclarecimiento de los hechos no concluye" y que por tanto esperan que el acto "no constituya un punto final para las autoridades". 

Tanto a las autoridades ecuatorianas como a los fiscales colombianos encargados del caso, les piden solicitar la información y verificarla con el fin de "encontrar la verdad". 

La información que recibieron será entregada a la CIDH de manera exclusiva, sellada y trasladada con medidas de seguridad para su posterior análisis por parte del equipo de seguimiento especial conformado para investigar el hecho. "Hasta tanto, el informe no se hará público y permanecerá en caja de seguridad", aseguran.