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| 9/18/2018 9:44:00 AM

"Vemos perverso el argumento de que unas minorías nos oponemos al desarrollo"

Feliciano Valencia, senador y líder indígena nasa, habló sobre lo que más le preocupa del proyecto de ley estatutaria que radicó en el Congreso Cambio Radical, que pretende regular la consulta previa en el país.

Feliciano Valencia rechaza la propuesta de Cambio Radical de regular consulta previa "Vemos perverso el argumento de que unas minorías nos oponemos al desarrollo" Foto: Diana Sánchez / SEMANA

SEMANA: ¿Qué es lo que más le preocupa del proyecto de ley presentado por Cambio Radical para regular la consulta previa?

Feliciano Valencia: No es sólo la idea de Cambio Radical, ni del proyecto que ellos radicaron, hay un problema de fondo: la visión de desarrollo de la que habla el gobierno Duque, que es la misma que han tenido los anteriores. Están sujetos al modelo de desarrollo económico mundial, ponen por encima de la vida la inversión y las ganancias. Como necesitan abrir las compuertas a los territorios donde están los recursos de la industrialización mundial, para plantear su modelo de desarrollo económico, entonces empiezan a montar toda una estrategia política y jurídica para hacer uso de esos bienes que los pueblos indígenas hemos protegido por miles de años. Es ahí donde está el problema, los gobiernos y los sectores económicos ven en el agua, el aire y la naturaleza ganancias, nosotros los vemos como la posibilidad de nuestra existencia nuestra.

SEMANA: ¿Cree que esos sectores económicos están apalancando el proyecto de ley?

F. V.: El problema viene por parte de sectores políticos que obedecen a sectores económicos, seguramente hacen las campañas, se las financian para que lleguen al Congreso a hacer leyes precisamente para garantizar la inversión y sus ganancias. Entendemos que se han hecho una cantidad de esfuerzos en Colombia para reglamentar la consulta previa, libre e informada porque esa herramienta -que nace de un convenio internacional 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que en Colombia es ley 21 de 1991- ellos lo han visto como una talanquera, un palo en la rueda para el desarrollo económico que ellos están pensando, el cual para nosotros se traduce en colocarnos en riesgo, aniquilar la única posibilidad que nosotros tenemos como pueblos indígenas.

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SEMANA: Exactamente, quienes critican la consulta previa tal como está aseguran que ahuyenta la inversión y se opone al desarrollo…

F. V.: Eso lo entendemos, ellos andan en ese afán de crear toda la normatividad posible para abrir las compuertas entre los sectores económicos, porque se lucran. Si ese desarrollo económico -esa extracción- realmente fuera para la solución de los problemas en Colombia y para la dignificación de la vida de todos hasta uno reflexionaría y diría: ‘hombre, tienen razón, están generando recursos para todos los colombianos’. Lo que hemos visto durante todos estos años, es que los ricos se vuelven más ricos a costa de los elementos de vida, y los pobres nos volvemos más pobres, porque la inversión y la restitución económica no se hace teniendo en cuenta las necesidades de la población.

Foto: Senado

SEMANA: Germán Vargas Lleras asegura que ustedes al ser minorías solo representan el 3 por ciento de la población colombiana y que priman los intereses de la mayoría, es decir de quienes no están en sus pueblos. ¿Cómo le respondería a Vargas Lleras?

F. V.: Claro, eso es lo que él ha venido acuñando al plantear que predomine el interés común sobre las minorías. Precisamente la consulta previa se crea para eso, para proteger lo que quiere la sociedad y que la norma conoce como minorías étnicas, que para el caso de los pueblos indígenas no superamos los dos millones de personas en Colombia. Lo que Vargas Lleras dice es que si esa consulta previa no se regula y no se crean las condiciones para el desarrollo, como él lo concibe, Colombia sería un país inviable económicamente. Ese es su pretexto para que este proyecto de ley avance en el Congreso. Pero nosotros decimos que el problema no es la consulta previa, porque en Colombia sí que ha generado recursos, sino que esos recursos del Estado han terminado en bolsillos de unos pocos. Lo dice la Fiscalía y la Procuraduría, en Colombia se roban 50 billones de pesos al año. Entonces no se puede plantear que tenemos un país inviable económicamente y por eso hay que entrar a extraer los recursos naturales para que Colombia sea viable. Nosotros le decimos al doctor Germán Vargas Lleras que esas minorías -como él las llama- somos los que hemos sostenido el equilibrio nacional y mundial, no lo estamos diciendo nosotros, el mismo papa Francisco cuando llegó a Colombia llamó la atención para atender la situación de los pueblos indígenas dado que somos los que defendemos la madre naturaleza, y ahí hay una posibilidad para la existencia de la humanidad. Nosotros vemos perverso ese argumento de que unas minorías nos estamos oponiendo al desarrollo de la mayoría de los colombianos, le advertimos al doctor German Vargas Lleras que esas minorías tenemos una protección de orden internacional que debe respetar, se debe permitir que nosotros mismos nos autodeterminemos respecto a nuestros destinos.

SEMANA: ¿Qué tan fácil es modificar la consulta previa?

F. V.: Lo que pretenden modificar es una ley, que es la Ley 21 de1991. Cualquier proceso de modificación o regulación de la consulta previa debe pasar precisamente por la consulta de los pueblos étnicos titulares, que es un derecho fundamental. Deben agotar el debido proceso y llegar al consentimiento libre, previo e informado. Eso es lo que nosotros estamos planteando y lo que está en las normas colombianas. Ese es el llamado que le queremos hacer a la sociedad colombiana: solidaridad, para salvaguardar la existencia de nosotros como pueblos originarios.

SEMANA: Mientras la Corte Constitucional dice que las consultas previas son de obligatorio cumplimiento, es decir, que son vinculantes, en el proyecto que presentó Cambio Radical dice que no hay veto, es decir, que el derecho a la consulta previa y no tiene un carácter absoluto y por tanto no conlleva poder de veto sobre las medidas legislativas, ni los proyectos, ni actividades consultados. Lo que entiendo de esto es que les pueden consultar, pero si se dicen que no pues de todas maneras no sería vinculante…

F. V.: Así es, para nosotros el meollo del asunto del proyecto de ley de Cambio Radical está en el artículo 50, que es donde expone unos temas que no estarían sujetos a consulta previa, precisamente siguiendo esa línea que ellos argumentan del derecho al veto. Las consultas previas no tienen las mismas características de las consultas populares, porque además de la consulta previa que se debe agotar en todos sus procesos y sus pasos, está el consentimiento libre e informado, que es lo que se busca cuando se pone a consideración un proyecto del sector privado o estatal. El derecho del veto pueden ellos interpretarlo, y decir que si se agota la consulta previa y no damos el consentimiento libre, ellos igualmente pueden seguir con sus proyectos. Lo que la Corte Constitucional está diciendo es que la consulta previa es un derecho fundamental y por ende vinculante a todo proceso económico o legislativo que pueda afectar a los pueblos indígenas, así que ahí hay jurisprudencia que se ha venido creando y hay que tener en cuenta. Nosotros nos vamos a amparar en esa jurisprudencia. Estamos hablando de un derecho fundamental, y el interés común -como plantea Vargas Lleras- argumentando el derecho al veto no se puede superponer a la posibilidad de la existencia de los pueblos indígenas, ya sea por la vía política o la vía jurídica. Lo han dicho las autoridades indígenas y las organizaciones de que estarán alerta y estaremos atentos.

SEMANA: El proyecto plantea poner un plazo máximo de un año para que surta todo el proceso de consulta previa, incluida la preconsulta, ¿están de acuerdo?

F. V.: Esto no es nuevo. Hay varias iniciativas de ley que se expidieron con anterioridad, tenemos el Decreto 1320 que pretendía reglamentar la consulta previa en ese sentido: reducir el tiempo para agotar la consulta previa y llegar al consentimiento libre. En fin, los sectores económicos han hecho varios esfuerzos de carácter jurídico para desmontar lo que está contenido en la consulta previa. Así que ellos proponen que en un año se puede llevar todo el proceso, ahorita lo que ha dicho la norma son ocho a nueve pasos para agotar.

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SEMANA: ¿Cuánto puede demorar un proceso de consulta previa?

F. V.: Hay un ejercicio de preconsulta. Por ejemplo, cuando desarrollamos la ruta del Auto 004, lo cual demoró más de tres años, incluso ahorita no se ha podido ni siquiera agotar la fase de preconsulta, y el auto salió en el 2009. Eso quiere decir que es un proceso bastante complejo e integral. Pero han querido acabarlo, uno de los muchos decretos que se escribieron antes querían que la consulta previa solamente se hiciera con las autoridades indígenas llamándolos a Bogotá, dándoles unas preguntas que respondieran y ellos creían que con esto se agotara el proceso de consulta previa. No, se realiza con todas las comunidades y cada uno de sus miembros que están ubicados en todo el territorio nacional. Por eso es tan complejo y dispendioso el proceso y seguramente alegan eso los que han pretendido regularla. Segundo, que si una comunidad indígena con habitantes de x o y territorio en el país vio afectados sus intereses tiene que empezarse toda una ruta de apoyo y reparación de acuerdo a como lo plantee cada pueblo, porque hay diversidad de visiones culturales, somos 102 pueblos indígenas y cada uno tiene su particularidad cultural. Por el otro lado, se tienen que agotar los elementos y mecanismos jurídicos en términos de cuantificar cuánto costarían las afectaciones de las que van a ser víctimas los pueblos indígenas y eso que estamos solo hablando de los pueblos indígenas, pero aquí hay que tener en cuenta los pueblos afros, minoría room y pueblos raizales, entre otros que son beneficiarios de la consulta previa. Esas fases son las que asustan a los sectores económicos y que para nosotros ha sido la posibilidad de defender nuestros asuntos de vida.

Es decir, tiene que prepararse el país, los políticos y los sectores económicos cuando van a hacer inversión, que el proceso de consulta previa no se agota en meses, no se agota en años, sino que tiene que ser un proceso construido y consensuado al interior de los pueblos indígenas, agotando un espacio que se llama Mesa Permanente de Concertación antes de que una iniciativa o un proyecto de ley entre a cursar al Congreso. El término de un año es muy apresurado. Eso no se podría hacer a la luz de las realidades culturales, territoriales y comunitarias de los 102 pueblos indígenas.

SEMANA: Cambio Radical propone crear un registro único de pueblos. Para que sea verificable que sean pueblos minoritarios. Tienen que demostrar organización y costumbres propias, normas tradicionales y un modo de vida diferente a los de los otros segmentos de la población nacional. ¿Qué le parece esta forma de clasificarlos?

F. V.: Eso es casi que un imposible, muy problemático, porque es una medida excluyente. Precisamente por eso es que te comento, somos 102 pueblos indígenas en Colombia, conservamos alrededor de 69 lenguas aborígenes, cada pueblo tiene su características, su visión cultural frente a lo que es la tierra, el pueblo, la vida. Están organizados de múltiples maneras, unos en cabildos, otros en autoridades tradicionales, en cacicazgos. Así que hacer un registro único de pueblos indígenas es una medida que no vendría al caso y sería muy complicado teniendo en cuenta las particularidades y que estamos agrupados en cuanto organizaciones grandes: la Confederación Indígena Tayrona, al norte del país; la ONIC que alberga la mayoría de pueblos indígenas; la OPIAC que está en la amazonia colombiana y las Autoridades Indígenas de Colombia que está en el centro del país y el suroccidente.

Esos requisitos para demostrar que son miembros de unas comunidades indígenas tampoco se pueden definir desde el gobierno nacional o desde la visión de un partido político afanado en regular la consulta previa porque los requisitos se dan en las mismas comunidades. Para declararse como pueblos indígenas hay varias formas, como el autorreconocimiento indígena; estar afiliado a un resguardo o comunidad indígena, que una organización indígena certifique que sí es miembro de una comunidad y otra es que la dirección de etnias, minorías y ROM adscritas al Ministerio del Interior la certifique. A veces se han dado casos de que muchas de las organizaciones o miembros de pueblos indígenas no están aún certificados en la dirección de etnia, ni en censos poblacionales de los cabildos. Por eso digo que ese proceso del registro único es un asunto problemático.

SEMANA: ¿Cómo ve el posible apoyo a esta iniciativa de Cambio Radical y quién los apoyaría a ustedes?

F. V.: Creo que estamos a la par. Cambio Radical hace parte de la bancada independiente. Nosotros como movimiento político Mais hacemos parte de la oposición. Esta es la discusión sobre un proyecto de la muerte –como lo llamamos nosotros-, sobre un proyecto de vida que venimos reconstruyendo, por eso creemos que vamos a conseguir apoyo no solo de partidos y movimientos políticos en Colombia sino de ambientalistas, animalistas, progresistas que hay en el país y que le apuestan a la reflexión profunda y que no podemos seguir bajo un modelo de desarrollo que busca acabar y arrasar con todo a costa de un bienestar que no es posible para toda la sociedad colombiana. En el sector de la bancada de gobierno hay representantes a la Cámara y senadores que están diciendo: “Oiga, paremos un momentico, miremos y decidamos de manera conjunta para dónde debe caminar el país, la sociedad el gobierno y humanidad”. Este tema no es solo de pueblos indígenas, es de los colombianos, de los afros, de las minorías, de gente que le apuesta a que tenemos que defender un país para dejar a una generación que viene y la madre naturaleza. Hemos escuchando incluso del presidente Duque que el ordenamiento territorial se debe dar escuchando a la gente.

SEMANA: Y por último, ¿de ese proyecto de ley hay algo que usted rescataría?

F. V.: Yo rescato la mayoría de los temas planteados en el proyecto de ley que recubren lo que ya está desarrollado en la misma consulta y en las sentencias que las cortes han venido profiriendo. Un lío grande donde nosotros notamos en el artículo 50 en el tema que ellos plantean del derecho al veto. Vamos a prepararnos para los debates que se tendrán que surtir en el Congreso y en la mesa permanente de concertación. Vamos a exigir a Cambio Radical que evalúe esta iniciativa, permita el diálogo amplio para generar consensos. Porque insisto, nosotros no queremos volvernos como la talanquera, queremos que nos escuchen.

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