Fiscalía lanza “bloque de búsqueda” contra evasores de impuestos

La resolución 0720 del 15 de abril de 2021, firmada por el fiscal general Francisco Barbosa, pone en marcha la recién creada Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales. Se trata de la encargada de investigar y judicializar los delitos relacionados con la evasión de impuestos, que contará con un equipo de investigadores de 30 fiscales, 45 profesionales y 50 técnicos especializados, en áreas de tributación, finanzas y contabilidad.La creación de esta Dirección en la Fiscalía tiene como origen la reforma tributaria de 2019, y su objetivo principal es identificar y judicializar a los evasores de impuestos, personas y empresas, que permanecen arropados en las zonas grises que deja la ley para la persecución fiscal, pero que ahora cuenta con un nuevo catálogo de delitos a investigar.El abogado, experto penalista y profesor de la Universidad Externado, Juan David Bazzani, analiza y explica los alcances de esta resolución de la Fiscalía y qué pueden esperar los contribuyentes con el arranque de esta Dirección.“Unidad dedicada a la persecución de entidades y empresas evasoras es muy importante que la Fiscalía se ha tratado de especializar mucho en esta nueva temática para poder de la mano de la Dian, sentados en mesas interinstitucionales, perseguir a los verdaderos responsables de la evasión fiscal”, explicó el abogado.En otras palabras, la Fiscalía se suma a otras entidades que como la Dian buscan a los evasores de impuestos. Los fiscales e investigadores básicamente conformarán un “bloque de búsqueda” para ubicar a esos evasores de impuestos, recuperar el dinero y judicializar a los responsables.Otro experto en derecho, ahora tributario, César Cermeño, analiza cómo beneficia o afecta a los empresarios y de qué forma deben prepararse para no incurrir de manera indirecta o por descuido en el nuevo catálogo de delitos fiscales.“Básicamente el catálogo de delitos en el ámbito tributario se compone por tres tipos: el primero, omisión de agente recaudador que tuvo una modificación importante e incluye un elemento que es sensible y es no recaudar o no cobrar el IVA cuando corresponde, algunos contribuyentes que pueden considerar que su operación no está gravada con IVA pueden verse sujetos a una discusión en este sentido. Lo segundo, es delito de la omisión de activos y el tercero, la defraudación “, explicó el expertoPara el abogado Bazzani la participación de la Fiscalía en los procesos de recaudación de impuestos y judicialización de evasores, resulta de gran importancia pues no se trata sólo de dejar en el derecho penal lo que otras entidades tienen por responsabilidad, sino de lo fundamental que es para las entidades trabajar de manera interinstitucional.“Por supuesto en la doctrina esto es un fenómeno de expansionismo del derecho penal estamos creando más delitos, lo que antes pertenecía otras ramas del derecho como es el caso del derecho tributario, con las obligaciones de los impuestos, pero la realidad es que esta es la Dirección más rentable de la Fiscalía General de la Nación, esta será una Dirección que se encargará de recuperar los impuestos de empresas que dolosamente dejaron de pagar”, señaló el abogado y profesor universitario.Los expertos advierten lo que empresarios y declarantes en general deben tener en cuenta para no resultar investigados ahora en esta nueva etapa de la persecución penal fiscal, “La recomendación es actuar de una manera consciente acompañado de un experto tributarista y sobre todo compilar expedientes de defensa que soporten probatoria y argumentativamente cada una de las decisiones tributarias de las compañías”, explicó el abogado Cermeño.Pero qué pasará con el dinero recaudado o recuperado por la Fiscalía. En criterio del abogado Bazzani, al cabo o cierre de los procesos penales por evasión de impuesto la víctima será la Dian o el Estado, “de tal manera que esta plata una vez recuperada a través de los incidentes de reparación dentro del proceso penal, deberían devolverse al Estado porque es la plata de todos, finalmente es el recurso que debía entrar a la caja pública, que por alguna razón se dejaron de pagar”.