La difícil salida del magistrado Ricaurte

Parece que la permanencia del magistrado Francisco Ricaurte en el Consejo Superior de la Judicatura llegará a su fin este miércoles. La Sala Plena del Consejo de Estado analizará una aclaración, último recurso existente en el proceso, con lo cual no quedará opción alguna para que el magistrado continúe en el Palacio de Justicia.

Semana.com conoció que la magistrada ponente, Stella Conto Díaz del Castillo, solicitará que sea negada la aclaración propuesta por Ricaurte argumentando que “el proceso de nulidad electoral contra el togado ha contado con todas las garantías fundamentales. Sin embargo, este se ha visto entorpecido injustificadamente por distintos recursos”.

Ante esta inminente negativa, es prácticamente una realidad que en la Sala Plena programada para este miércoles a las 9:00 a. m. el primer punto del día sea la votación unánime de este proyecto, con lo que se daría por terminado a un tortuoso proceso judicial que puso los 'pelos de punta' a los magistrados de las altas cortes y da comienzo a una renovación en el alto tribunal.

Este tire y afloje tiene varios capítulos quecomenzaron el pasado mes de junio cuando 14 magistrados decidieron declarar nula la elección de Ricaurte, argumentando que estaba viciada por un presunto pago de favores de los togados con sus anteriores compañeros.

Desde entonces comenzó el ‘viacrucis’ judicial para el Consejo de Estado, que vio frenada su decisión por el sinnúmero de recursos que interpuso el magistrado con el objetivo de quedarse. Estos pospusieron por casi cuatro meses su salida.

Sin embargo, hace dos semanas el Consejo de Estado anunció el rechazo de una solicitud de nulidad interpuesta por Celinea Oróstegui, directora ejecutiva de la Administración Judicial, con la que buscaba ‘tumbar’ el fallo en contra de su jefe, el magistrado Ricaurte. Su tesis es que no fue informada del fallo del Consejo de Estado, por lo cual consideraba ilegal todo el procedimiento.

La magistrada Conto le impuso una multa de tres millones de pesos a Oróstegui y solicitó a la Fiscalía investigar la conducta de la funcionaria, argumentando que “buscó engañar a la administración de justicia con su errónea solicitud”.