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| 10/20/2019 3:17:00 PM

¿La reelección indefinida es un derecho humano protegido?: Gobierno colombiano

A propósito de la posible reelección de Evo Morales, la cancillería elevó una consulta ante la CIDH sobre esta figura y la forma como se viene registrando en América Latina. Determinar las consecuencias jurídicas, uno de los objetivos.

Gobierno colombiano consulta si la reelección indefinida es un derecho humano protegido El presidente Iván Duque ordenó a la Cancillería a elevar esa consulta ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Foto: archivo/Semana. Foto: archivo/Semana

Evo Morales era uno de los candidatos más fuertes este domingo para la presidencia de Bolivia. Según conteos preliminares, el país irá a una segunda vuelta, pero él es el favorito. Si gana, completaría su cuarto mandatos consecutivos y lograría ajustar 18 años en el poder.

Ante este panorama y el que se viene registrando en otros países de América Latina, el presidente Iván Duque, a través de la Cancillería, decidió elevar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una consulta para determinar si la reelección presidencial indefinida constituye un derecho humano protegido en el continente o si, por el contrario, vulnera la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la Carta Democrática de Lima. De igual manera, insta a determinar cuáles son las consecuencias jurídicas de esa situación.

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"Asimismo, el Gobierno colombiano espera que la Corte, interpretando instrumentos jurídicos regionales como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana o Pacto de San José, la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana, defina si las medidas legislativas que adopta un Gobierno con el fin de perpetuarse en el poder son compatibles con dichos instrumentos internacionales", señala el documento.

Adicionalmente, el Gobierno colombiano le solicita a la Corte Interamericana que escuche a representantes de la sociedad civil y académicos que quieran exponer, así como a otros sectores que puedan contribuir con sus argumentos a la discusión y resolución de este tema.  

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"El Gobierno colombiano espera que la Corte reciba muchas contribuciones conceptuales de dichos sectores, que le permitan emitir un dictamen que interprete la convicción jurídica común de los pueblos de las Américas respecto a este tema fundamental", indica la solicitud hecha por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que adelantó este trámite tras el anuncio hecho por el presidente Duque en el marco de la edición 62 del Periodo Extraordinario de Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

Un pedido que no es nuevo

El presidente Iván Duque ya se había referido a este asunto en el pasado. Fue de hecho uno de los puntos centrales de su intervención cuando instaló el periodo extraordinario de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Barranquilla. Ese día, recordó que el sistema había sido creado en medio de "bochornosas y abominables dictaduras, pero hoy, cuando tenemos de manera generalizada las democracias, nos preocupa que algunas democracias muten hacia dictocracias y después hacia dictaduras".

Aseguró que algunos mandatarios de la región se han referido a la reelección como "un derecho humano" para perpetuarse en el poder presidencial, pero que esto solo se traducía en el debilitamiento del sistema de derechos humanos. En ese sentido le pidió a ese organismo internacional que se pronunciara sobre el tema. "No podemos permitir ni observar que el producto de esas interpretaciones, donde la reelección es un derecho humano, se cabalgue hacia las dictocracias, y después hacia la captura total del Estado".

De esta manera, el gobierno Duque busca alzar una voz contra las reelecciones indefinidas de gobiernos de izquierda en el continente, en donde mandatarios como Evo Morales y Nicolás Maduro llevan más de una década en el poder, y se siguen presentando a los comicios.

En Colombia, paradojicamente, el ex presidente Uribe buscó una tercera reelección, pero la Corte Constitucional declaró inexequible el llamado al referendo que lo convocaba. Luego, la reforma de equilibrio de poderes, en el gobierno Santos, prohibió esta figura, después de que el primer mandatario ya la había usado una vez. El veto no solo aplicó a la presidencia sino también a numerosos altos cargos del Estado, como procurador, fiscal, contralor, entre otros.  

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