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| 10/7/2019 2:45:00 PM

Gobierno pedirá nulidad del contrato de Estabilidad Jurídica de Odebrecht

Es el segundo megacontrato del Consorcio Ruta del Sol 2 (integrado por Odebrecht y Corficolombiana) que tambalea por haberse conseguido por las vías de la corrupción. Quien impulsó su firma fue el abogado Néstor Humberto Martínez.

Gobierno pedirá nulidad del contrato de Estabilidad Jurídica de Odebrecht Gobierno pedirá nulidad del contrato de Estabilidad Jurídica de Odebrecht Foto: Fotomontaje SEMANA

Después de dos años de negativas, en la víspera de año nuevo del 2012, vio la luz el polémico contrato de Estabilidad Jurídica, firmando entre el Ministerio de Comercio con el Consorcio Ruta del Sol 2. Al frente de la negociación estuvo Néstor Humberto Martínez, quien como abogado de la Concesionaria impulsó el contrato a instancias del Comité de Estabilidad Jurídica de esa cartera del Gobierno. Años después se descubrió que, en paralelo, actuaron los lobbistas Otto Bula y Federico Gaviria, quienes confesaron haber repartido coimas en el Congreso y a asesores del Ministerio de Comercio para conseguir la firma.

En contexto: La historia del contrato corrupto –y vigente– que permanece a la sombra en el caso Odebrecht

Este contrato era clave porque garantizaba al Consorcio Ruta del Sol 2 mantener la aplicación de la normatividad vigente en 2012 en materia de impuesto al patrimonio por un periodo de 13 años de vigencia. El beneficio estaba asociado al contrato de construcción del tramo dos de la carretera que conectaba al centro del país con la Costa, licitación cuyo valor ascendió a los 2,5 billones de pesos. 

El contrato para la construcción de la vía fue anulado por un tribunal de arbitramento hace un par de meses, decisión que ya fue controvertida por los bancos y los socios del Consorcio ante el Consejo de Estado. Este último tribunal tendrá que estudiar si anula o no el laudo. 

Producto de este pronunciamiento de los árbitros, el Gobierno emprenderá nuevas acciones. El laudo dejó claro que en el expediente están probadas por lo menos tres actividades delictivas relacionadas con el proyecto Ruta del Sol II: "1) El soborno para su adjudicación inicial, 2) El soborno para la adición de la transversal Ocaña-Gamarra y, 3) El soborno para la suscripción del contrato de estabilidad jurídica". Sobre los dos primeros puntos ya hubo un pronunciamiento. Pero en lo que respecta al polémico contrato de Estabilidad Jurídica aún no se ha dado ninguna batalla judicial.

El Gobierno tomó la determinación de demandarlo luego de que estuvo vigente de manera paralela al de Ruta del Sol 2 y que hay tres decisiones judiciales que confirman que hubo corrupción. La Corte Suprema estableció que hubo coimas en la condena tras aceptación de cargos del excongresista Bernardo Miguel Elías y en las pérdidas de investidura de Plinio Olano y el Ñoño Elías el Consejo de Estado llegó a la misma conclusión. Las irregularidades también desataron pronunciamientos judiciales tras la aceptación de cargos por parte del exviceministro Luis Miguel Pico y el llamado a juicio a Antonio Guerra de la Espriella por parte de la Corte Suprema de Justicia.

Después de muchas reuniones a puerta cerrada, el Mintransporte, la Agencia de Defensa del Estado, la ANI, la Superintendencia de Transporte y la Dian tienen lista una demanda para pedir la nulidad. Este contrato produjo millonarios alivios tributarios al consorcio. Según cuentas preliminares, esta cifra ronda los 100.000 millones de pesos en los cinco años que alcanzó a tener vigencia. 

Le recomendamos: Los líos del exviceministro Luis Miguel Pico por el contrato de Estabilidad Jurídica

"Los directivos de la Multinacional Odebrecht, por intermedio del ex viceministro de Transportes, Gabriel Ignacio García Morales, el ex senador Otto Nicolás Bula Bula y otros lobistas acordaron la entrega de dinero a varios servidores públicos y congresistas para que se comprometieran a suplir las necesidades de la contratista", dijo la Corte Suprema sobre la celebración de dicho contrato, en la sentencia que condenó a Bernardo Miguel Elías a 6 años de cárcel. 

Este contrato habría dado origen al nacimiento del grupo de congresistas apodado como los buldóceres, según los mismos lobbistas han señalado en la Fiscalía. "Para lograr la suscripción del contrato de Estabilidad Jurídica, Bernardo Miguel Elías Vidal tuvo que apoyarse en un grupo de compañeros de las comisiones de presupuesto, para mover influencias en las distintas entidades que tenían que ver con la aprobación de aquel", indicó Otto Bula en su proceso de negociación.

La estrategia de corrupción, según las confesiones, se ejecutó en dos frentes: de un lado, presionar la aprobación en el Comité del Ministerio de Comercio y de otro, ganarle la carrera a la reforma tributaria que acabó con los contratos de estabilidad jurídica a partir del 1 de enero del 2013. El Consejo de Estado en la decisión mediante la cual determinó la pérdida de investidura al excongresista Plinio Olano y Bernardo Miguel Elías recapituló también que la fuerza de los buldóceres se movió "tácticamente" ante la ANI (entidad que era dirigida por Luís Fernando Andrade) para que se emitiera un concepto frente a un contrato que había sido devuelto en dos oportunidades por el Comité de Estabilidad Jurídica del ministerio.

El Comité de Estabilidad Jurídica estaba conformado por los ministros de Transporte, de  Comercio Exterior, Planeación y Hacienda Pública, entre otros altos funcionarios. "La actuación (el concepto de Mintransporte) fue vital, toda vez que el contrato había sido devuelto 2 veces, pese a las gestiones que la constructora y su socio Corficolombiana directamente habían adelantado ante la ANI y el ministerio de Transporte. Superado ese trámite, se obtuvo para el mismo efecto, el visto bueno del Confis y del Conpes". 

La forma en que se negoció este contrato comprometió a altísimas esferas del poder público y al respecto cuatro testigos han dado importantes pistas para determinar quiénes intervinieron de manera ilegal y quiénes no. Ahora bien, aunque no es claro cuánto vale este contrato que año a año trajo beneficios tributarios al consorcio, el Gobierno dará un paso crucial pidiendo que sea defintivamente anulado. 

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