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Gobierno se pronuncia sobre amenazas y homicidios a excombatientes

El Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, dijo que la mayoría de los ataques han sido responsabilidad de las disidencias.


En la mañana del lunes, varias entidades del Gobierno presentaron un informe sobre las medidas especiales que se han llevado a cabo para proteger la vida de las personas que están en proceso de reincorporación tras el Acuerdo de Paz.

Las declaraciones se dieron luego de la movilización de varios excombatientes que comenzaron a marchar desde distintas zonas de reincorporación la semana pasada, cuando fue asesinado Juan de Jesús Monroy Ayala, conocido como Albeiro, un líder del proceso de reincorporación de excombatientes de las FARC en La Uribe, Meta. Monroy había denunciado en agosto ante la Justicia Especial de Paz amenazas en su contra y había pedido protección.

"Nos duelen todas las muertes, propiciadas por quienes se lucran del narcotráfico y de las economías ilegales, y se convierten en enemigos de la construcción de paz”, dijo Emilio Archila, consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación y delegado del Gobierno ante el CNR, el Consejo Nacional de Reincorporación. También explicó que el Gobierno nunca se ha “cruzado de brazos” frente a las acciones en contra de los excombatientes y que, al contrario, está comprometido por la protección de ellos y de sus familias.

Según un reporte que entregó el partido FARC en julio y los registros que actualiza periódicamente Indepaz, 237 excombatientes han sido asesinados desde que se firmó el Acuerdo de Paz, en 2016. De esos hechos, 52 han ocurrido en 2020.

Durante la presentación del informe, en el que también participaron los directores de la Agencia de Reincorporación y Normalización, de la Unidad Nacional de Protección, UNP; de la Unidad Policial Especial de Protección, y del Cuerpo Élite de la Policía, Archila dijo además que la Fiscalía ha investigado 319 hechos contra los excombatientes, que se presentaron entre 2017 y octubre de 2020, una cifra en la que se cuentan casos de homicidio, tentativa de homicidio y desaparición. “Las investigaciones adelantadas por la Fiscalía han permitido esclarecer el 50 por ciento de las 319 afectaciones”, dijo Archila.

De acuerdo con el informe, en la mayoría de los casos resueltos por la Fiscalía se ha encontrado que los responsables de estos ataques han sido las disidencias de las FARC (42 por ciento), seguidos por el ELN (10 por ciento) y el Clan del Golfo (9 por ciento). “Gracias a las labores de investigación hemos realizado 114 capturas relacionadas con hechos que afectan la seguridad de los excombatientes que están en proceso de reincorporación”, dijo el coronel José Restrepo, director del Cuerpo Élite de la Policía.

“No puede haber sospechas de connivencia o negligencia de parte del Estado frente a estos ataques", dijo Archila. "Solo hubo un episodio que vinculó a un miembro de la fuerza pública: el caso de Dimar Torres, en el Catatumbo, que se resolvió en 2 meses y derivó en una condena a 20 años para un suboficial del Ejército involucrado en este episodio”.

Disposición de diálogo

Tras la muerte de Juan de Jesús Monroy el pasado 19 de octubre, un grupo de excombatientes y firmantes del Acuerdo de Paz anunció que iba a comenzar una peregrinación por la vida y por la paz, en defensa de lo pactado y para pedir protección para las personas que se reincorporaron a la vida civil.

Actualmente, la marcha se encuentra en Villavicencio, donde se reunió con el director de la Agencia de Reincorporación y Normalización, Andrés Stapper, la Alcaldía de Villavicencio y la Gobernación del Meta. Stapper anunció que la Agencia ha trabajado en tres aspectos para proteger a los excombatientes: el acceso a derechos y apoyo a proyectos productivos, la prevención para evitar estigmatización y el trabajo articulado con la Policía para fortalecer la protección y seguridad de las personas que se han reincorporado.

Emilio Archila reiteró la disposición del Gobierno para dialogar: “No hay un teléfono que no se haya contestado ni ninguna reunión que no se haya realizado, y por el contrario, le hemos solicitado muchas veces toda la información disponible para mejorar las medidas y las investigaciones”, dijo. Además, el informe señala que se han gestionado “13.500 millones (de pesos) más para aumentar esquemas de seguridad a reincorporados”.

“No existe ninguna razón por la cual se pretenda hacer política con este tema; es un tema en el cual todos tenemos que confluir a la protección de los excombatientes y no solamente hemos mantenido las puertas abiertas para escuchar al partido político FARC, a la gente de la CSIVI (Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación) y a las personas del CNR”, dijo Archila. “Yo, en representación del presidente y para poder trabajar con todas las entidades, he estado insistiendo en que mantengamos un diálogo permanente”.

Avances en investigaciones

Durante la presentación del informe, el director de la Unidad Nacional de Protección, Alfonso Campo, explicó que las investigaciones avanzan para dar con los responsables de los más recientes homicidios de excombatientes. Para el caso de Juan de Jesús Monroy explicó que cuando fue asesinado solo estaba con uno de los cuatro escoltas asignados, un hecho que es materia de investigación. José Restrepo, director del Cuerpo Élite de la Policía, dijo que esta semana se revelarán avances.