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| Foto: Archivo particular

JUSTICIA

Cristina Lombana pierde la batalla: no puede seguir siendo magistrada y militar

Los magistrados del Consejo de Estado le negaron la tutela con la que además pretendía seguir instruyendo el caso de Álvaro Uribe. Tendrá que decidir entre la carrera militar o la magistratura.

7 de junio de 2019

La magistrada de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia Cristina Lombana acaba de perder la batalla para mantenerse en la Rama Judicial siendo mayor activa del Ejército. Una sala de la Sección Segunda del Consejo de Estado estableció que este doble rol (magistrada y militar) le genera incompatibilidad, con lo que mantuvieron en firme la decisión que antes tomaron los colegas de Lombana, cuando le quitaron el expediente del expresidente Álvaro Uribe.

El primer pronunciamiento fue producto de una recusación que le hicieron los abogados del senador Iván Cepeda, víctima en el proceso que se adelanta contra Uribe por presunta manipulación de testigos. Para los colegas de Lombana sí debía apartarse del caso por tener una situación de militar activa lo que la llevaba a incurrir en una posible violación al regimen de inhabilidades e incompatibilidades.

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Así se desprende del artículo 151 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia que enlista las condiciones que son incompatibles con el ejercicio de cargos en la Rama Judicial. Uno de estas es la condición de miembro activa de la fuerza pública. "Tiende a impactar la garantía del juez natural ya que evita la indeterminación de las competencias en le ejercicio de la función judicial en lo que tiene que ver con el juzgamiento de civiles por parte de militares", recalcaron en la recusación. 

Ahora bien, aunque este recurso solo implicaba que la magistrada se apartara del caso de Uribe Vélez, de fondo, dejaba el camino allanado para que cualquier procesado la pudiera pedir apartarla por las mismas razones. En este argumento, también se montó el periodista Daniel Coronell, quien en un pleito por injuria y calumnia que tiene con el senador Álvaro Uribe pidió apartarla del caso. 

Para que los magistrados de la Sala de Instrucción llegaran a esta conclusión sobre la incompatibilidad de Lombana, tuvieron que hacer una interpretación ya que en ningún caso se menciona que el ser miembro de la fuerza pública es una causal de impedimento o recusación. No obstante, esto fue considerado como un obstáculo formalista que se debía superar con el fin de privilegiar los derechos que tienen las partes.

Lo que le cuestionaron no fue la elección de Lombana como magistrada de la Corte Suprema de Justicia, tarea realizada por la Sala Plena de dicha corporación en donde era claro que la aspirante provenía de la justicia penal militar, instancia que hace parte de la rama judicial. Lo que ponen en entredicho es –como lo dice la ley– el ejercicio de su cargo que resulta incompatible con su calidad de miembro activa de las fuerzas.

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"La calidad de comisionada de la magistrada recusada, que preserva el régimen de carrera de los oficiales del cuerpo de la Justicia Penal Militar, y conserva su rango militar y su vinculación con las Fuerzas Militares, suscita cuestionamientos en su independencia e imparcialidad judicial", señalan.

Esa tesis que resultaba ser novedosa acaba de recibir un respaldo contundente del Consejo de Estado. En este tribunal consideran que los colegas de Lombana actuaron
en ejercicio de los principios de autonomía funcional, independencia y sana crítica. También, que dieron un alcance probatorio "coherente y válido" e interpretaron de forma razonable la normativa. 

De este modo concluyen que las providencias proferidas no vulneraron los derechos fundamentales invocados por la accionante, por cuanto no se evidencia en su contenido un análisis arbitrario, infundado o caprichoso ajeno a preceptos jurídicos de orden constitucional.  Que la magistrada conserve el rol de militar activa "suscita cuestionamientos en su independencia e imparcialidad judicial", enfatizan en el Consejo de Estado. 

Los consejeros le negaron la tutela a Lombana, lo que en principio la obligaría a que tome una decisión: renunciar a la magistratura o pedir la baja en el Ejército. Ahora bien, si la tutela llega a ser seleccionada por la Corte Constitucional, se podría reabrir la discusión y Lombana tendría su última oportunidad.