Gringos ¿welcome?

Cuando se empezó a ha-blar de que los gringos usarían cinco bases militares en Colombia en lugar de la base que tenían en Manta (Ecuador), mucha gente se imaginó una especie de desembarco de Normandía con buques de guerra en las playas, aviones caza tronando encima del río Magdalena y de marines en las calles.

Por eso la semana pasada el gobierno intentó aclarar el espíritu del preacuerdo que hay con Estados Unidos, pero mientras no se conozca la letra menuda del documento, persistirán muchas dudas. En principio no habrá bases militares estadounidenses. Según el general Freddy Padilla de León, las bases de Malambo, Palanquero y Apiay seguirán en manos colombianas sin restricciones, y los norteamericanos tendrán que solicitar el visto bueno de los oficiales criollos para las misiones que desde allí se proyecten. Un buen propósito, a todas luces utópico.

En segundo lugar, el gobierno mandó el mensaje tranquilizador de que no se incrementará la presencia de efectivos gringos. Se mantendrán máximo 800 militares y 600 contratistas. No obstante, aún no se sabe con certeza qué tipo de equipos de inteligencia y rastreo se instalarán de manera permanente o temporal en estas bases. Algunos analistas han cuestionado la posibilidad de que desde Palanquero, que es el corazón de todo el acuerdo, empiecen a operar aviones C-17, que son para transporte de logística y tropa, funciones más ligadas al combate que a la interdicción.

Era natural que Colombia fuera contemplada como la mejor alternativa para reemplazar las funciones de la base de Manta. El gobierno colombiano es el más activo aliado de Estados Unidos en Suramérica, la interacción de ambas Fuerzas Armadas es intensa y la sociedad colombiana es de las menos anti norteamericanas del continente.

Además, Colombia gana mucho con el acuerdo. Obtiene más recursos, tecnología y asesoramiento para operaciones contra el narcotráfico y los grupos armados. "Inteligencia en tiempo real", como dijo Padilla de León, como la que hizo posible la Operación Jaque.

Además, lo que Estados Unidos invierta en infraestructura se quedará en el país. Sólo para Palanquero ya fueron aprobados 42 millones de dólares. Tan animados están los negociadores del lado colombiano, que pidieron incluir dos bases más: Tolemaida y Larandia. Y eventualmente se usarían las bases navales de Bahía Málaga y Cartagena.

Hasta ahora el gobierno ha destacado los beneficios militares, pero no los costos políticos para el país, ni el beneficio neto que obtendrá Estados Unidos, que actúa en función de sus intereses geoestratégicos en el área.

En Colombia hay tres temas que preo-cupan. El primero es la inmunidad. Ha habido casos graves de delitos cometidos por agentes norteamericanos en territorio colombiano y dudas sobre su juzgamiento, dada la inmunidad que tienen. O episodios como el bombardeo de Santo Domingo, Arauca, donde murieron 17 civiles, hecho por el que los pilotos colombianos fueron condenados, mientras los contratistas norteamericanos que dieron las coordenadas fueron eximidos de responsabilidad.

El gobierno asegura que el nuevo acuerdo dejará establecida la vigilancia a los procesos judiciales en Estados Unidos, que pedirá la potestad de levantar la inmunidad cuando sea necesario y que exigirá reparación de los daños que eventualmente causen los gringos. Pero todo esto es muy improbable. En ninguna parte del mundo Estados Unidos ha dejado tocar a sus hombres, y se ha resistido a firmar tratados que resquebrajen en lo mínimo la inmunidad de sus fuerzas. Sin duda, este será el sapo que tendrá que tragarse Colombia a cambio de un nuevo impulso a la ayuda militar.

El otro punto espinoso es la territorialidad y las operaciones. El canciller Jaime Bermúdez es enfático en que nunca habrá norteamericanos participando directamente en hostilidades en Colombia, y que "este acuerdo sólo contempla actividades en suelo colombiano".

Al respecto, existe preocupación por ciertos equipos de inteligencia (como los Awac) que pueden sobrevolar varios países del continente sin que los radares puedan detectarlos. También el hecho de que por la ubicación de las bases, Estados Unidos esté mirando ahora menos al Pacífico y más hacia el Caribe y la región Andina. Especialmente cuando el Congreso de Estados Unidos acaba de recibir un informe de la GAO que señala a Venezuela como un nuevo santuario del narcotráfico.

De todos modos, dentro de Colombia las implicaciones políticas serán menores que las regionales. Con siete bases al servicio de Estados Unidos, Colombia queda inscrita definitivamente en el bando del tío Sam y eso le resta espacio en escenarios latinoamericanos donde no están los gringos, como Unasur.

Se supone que el gobierno ha calculado estos costos políticos. Y que está dispuesto a pagarlos.