Gustavo Moreno contraataca

El viernes a las 8 de la mañana, el exfiscal Gustavo Moreno acudió a su tercera cita ante la Corte Suprema de Justicia. Esta vez llegó con una carpeta cargada de documentos. En los pasillos del Palacio de Justicia había gran inquietud por esa diligencia reservada, y el exdirector de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, ahora detenido, no defraudó las expectativas en su rol de delatador del cartel de la toga.

En su primera diligencia, Moreno había señalado al senador Musa Besaile, a quien las autoridades detuvieron dos semanas después. La corte no creyó la versión del político de haber sido extorsionado por el cartel, al que le pagó 2.000 millones de pesos para evitar su captura en 2015. Para el máximo tribunal, en esa operación el senador contrató voluntariamente los servicios corruptos de la organización.

La segunda visita de Moreno a la corte se produjo en el marco del caso del también senador Álvaro Ashton. Y estos son los detalles desconocidos de esa declaración: el delator contó que el político, inicialmente, acordó pagar al cartel de la toga 1.200 millones de pesos por salir bien librado de la investigación que le seguía la corte por presuntos nexos con paramilitares. El caso estaba en el despacho del magistrado titular Gustavo Malo, y lo venía instruyendo el magistrado auxiliar José Reyes Rodríguez. Según Moreno, el asistente de Malo se volvió una piedra en el zapato para los propósitos del cartel, pues en su criterio había que abrir investigación formal y ordenar la captura de Ashton. Moreno aseguró que para superar el problema el exmagistrado Francisco Ricaurte (hoy detenido) y Gustavo Malo acordaron despedir al magistrado auxiliar Rodríguez. Este, como se sabe, ciertamente salió y las razones son objeto de investigación.

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Pero en ese caso –según Moreno–, surgió otro impase: la corte reasignó los procesos de la parapolítica por regiones y el expediente de Ashton pasó del despacho de Malo al del magistrado Eider Patiño. “El senador dijo que él no tenía más plata”, aseguró Moreno, quien habló del recibo de 600 millones de pesos que distribuyeron así: 100 millones de pesos para él, 100 para el abogado Ignacio Lyons España (primer abogado de Ashton), 200 para Francisco Ricaurte y 200 para el exmagistrado Leonidas Bustos. Moreno aseguró que él mismo, por instrucciones de Ricaurte, se encargó de llevarle la plata a Bustos a su apartamento.

En su tercera cita ante la corte, la del viernes, Moreno empezó a hablar ahora sí propiamente de las entrañas del cartel de la toga. Contó que su relación con el exmagistrado Bustos se inició en la Universidad Libre, en la que lo conoció cuando era estudiante de derecho y este dirigía el área penal. También dijo que se hizo muy cercano al jurista gracias a José Eduardo Saavedra, amigo íntimo de Bustos, con quien Moreno empezó su vida laboral como oficial mayor en un juzgado de Paloquemao. Saavedra dirigió el CTI de Bogotá y, según los audios de la DEA, tras salir de la Fiscalía se fue a trabajar en la oficina de Bustos.

Moreno explicó que el entonces magistrado Bustos le presentó a Gerardo Torres Roldán, Yayo, esposo de su magistrada auxiliar Luz Mabel Parra y reconocido relacionista en círculos políticos. De la mano de Yayo, el joven abogado, de apenas 30 años, se introdujo en el Congreso e hizo muchos contactos. En poco tiempo, Moreno ya había conseguido una decena de clientes parlamentarios a los que representó en casos ante la Corte Suprema, lo que le reportó jugosos pagos.

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El delator señaló como cabezas del tinglado de corrupción a Leonidas Bustos y a Francisco Ricaurte. Dijo que incluso estos se incomodaron cuando él decidió buscar nuevos horizontes al aspirar a la Personería porque ese viraje significaba no realizar varios negocios. El exmagistrado Bustos ha rechazado las acusaciones y ha dicho en su defensa que sí conoció a Moreno, pero que no tuvo una relación cercana y que, por el contrario, este lo buscaba constantemente. Ahora Moreno trata de desmentirlo y para ello puso a disposición de la corte y de la Fiscalía chats, fotografías, documentos (ver imágenes) y hasta itinerarios de viajes y relatos con los que intenta probar que sí tuvo una relación estrecha tanto con Bustos como con Ricaurte, todo para realizar actos de corrupción.

De parranda en Valledupar

En los elementos aportados aparecen chats extraídos de un celular en los que se observan varios mensajes enviados por Leonidas Bustos para solicitarle citas a Moreno. Así mismo, hay un documento de traspaso de una camioneta del abogado a Martha Cristina Pineda, esposa de Bustos. Y una carpeta que da cuenta de la oficina que Moreno compartió con Ricaurte en el norte de Bogotá.

Uno de los episodios que Moreno relató –tanto a la corte como a la Fiscalía– tiene que ver con el Festival Vallenato 2015 en Valledupar. A este asistieron, entre otros, Gustavo Moreno, Francisco Ricaurte, el magistrado Gustavo Malo (hoy en licencia y bajo investigación) y el fiscal Alfredo Betín Sierra, quien recientemente salió de su cargo de delegado ante la Corte Suprema. Moreno se encargó de alquilar, por 8 millones de pesos, la casa en la que el grupo se hospedó y en donde celebraron varias parrandas con licor y música en vivo.

La presencia del exfiscal Betín en esa fiesta tiene particular importancia, pues Moreno, por un lado, lo ubica como uno de los áulicos de Leonidas Bustos. Por otro lado, su nombre salió a flote cuando Moreno se refirió al último asunto de corrupción del cartel de la toga del que puede dar cuenta. Se trata del caso del exgobernador del Valle Juan Carlos Abadía.

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Desde hace siete años, el exmandatario tiene un verdadero rosario de investigaciones en la Fiscalía. Y aunque la Procuraduría y la Contraloría han tomado duras determinaciones contra él (la primera lo destituyó e inhabilitó por 1o años, y la segunda le impuso una sanción de 40.000 millones de pesos, sanción que el político logró revocar el año pasado), los procesos del ente investigador han acumulado polvo sin arrojar resultados. Dichos expedientes justamente correspondían al despacho del fiscal Betín.

Y Moreno –quien fue abogado de Abadía– asegura que le dieron instrucciones al fiscal Betín de no imputar al exgobernador y las cumplió durante un buen tiempo. Pero las cosas cambiaron cuando llegó a la Fiscalía el nuevo coordinador de delegados ante la corte, Fabio Espitia, por lo que Betín no pudo dilatar más el asunto y tuvo que imputar a Abadía el pasado 6 de marzo. Moreno asegura que, sin embargo, el cartel de la toga logró evitar una medida de aseguramiento contra Abadía.

Si queda probado lo que dice el delator respecto al caso del exgobernador del Valle, estaría claro que la red de corrupción no solo operó en la Corte, sino también en la Fiscalía. Las delaciones de Gustavo Moreno están lejos de apagar el escándalo, todo lo contrario.