La tragedia del hacinamiento en las cárceles

Jorge Armando Otálora Gómez, defensor del Pueblo, condenó los hechos ocurridos en la cárcel Modelo de Barranquilla e instó al gobierno nacional a tomar acción urgente frente a la emergencia carcelaria que enfrenta no sólo la cárcel de Barranquilla, sino la mayoría de penales del país.   

La situación de hacinamiento en los centros de reclusión del país es grave. La Defensoría del Pueblo ha puesto en conocimiento un sobrecupo del 58,27 %. Aunque la capacidad máxima para recluir presos del país es de 76.066 cupos, en la actualidad hay 120.387 personas recluidas.  

La peligrosidad del hacinamiento en los penales se evidenció en la cárcel Modelo de Barranquilla, cuando tras una confrontación entre presos y la guardia, en la que se usaron gases lacrimógenos y se presentó un incendio cuyo origen no ha sido determinado, murieron diez personas y 38 resultaron heridas.

En el informe oficial se registra la muerte de seis personas dentro del penal, mientras cuatro murieron mientras eran trasladados al Hospital Niño Jesús. De los 38 presos heridos durante el incendio 25 han recibido atención médica en el Hospital de Barranquilla, la Clínica General del Norte, la Clínica Reina Catalina y la Clínica de la Costa.  

El incendio se produjo en el Pabellón B, donde la condición de hacinamiento es aún más crítica que en otros pabellones. La capacidad de reclusión de este sitio es de 196 personas, pero según el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), en el momento de la confrontación y la conflagración había 731 internos.    

Según la Defensoría del Pueblo, esta cárcel tiene 147 % de hacinamiento. En el más reciente registro de presos, llevado a cabo el 15 de enero en esta institución, el resultado fue de 1.123 reclusos, cuando la capacidad máxima es de 454. La situación que se presentó el día recuerda lo que hace pocos meses sucedió en el mismo centro de reclusión.

La cárcel Modelo de Barranquilla había sido escenario de un motín el 20 de noviembre del año pasado, en el que un patio fue destruido y algunos miembros del personal del INPEC resultaron heridos. La resolución de ese conflicto, en parte gracias a la labor de la Defensoría del Pueblo, derivó en reuniones y en la asignación de traslados de algunos internos. Se quiso convocar al Comité de Seguimiento de Políticas Penitenciarias a través del Secretario del Interior Departamental, pero esta reunión nunca se dio.

El defensor del Pueblo ha solicitado a las autoridades indicadas continuar investigando este trágico suceso y puso a disposición de los familiares de las 10 personas que fallecieron así como de los de los 38 internos heridos un equipo de personas capacitadas para afrontar situaciones trágicas como la ocurrida esta madrugada  en Barranquilla.

Con información de EFE