Hidroituango, entre el ruido político y la cautela empresarial

En el caso de Hidroituango es claro que hay tres discusiones de fondo: la política, la social y la empresarial. Lo primero que hay que decir es que las causas de esta emergencia, al igual que los responsables, van a salir a la luz pública tarde o temprano, teniendo en cuenta las investigaciones que la Fiscalía General, la Procuraduría, y la Contraloría están adelantando, entre otras entidades.

Incluso, muchas van a desvelar lo ocurrido en la adjudicación, en las millonarias adiciones contractuales y en la modificación de los diseños originales. En el plano político, el epicentro del debate está en el enfrentamiento entre el alcalde de Medellín y el gobernador de Antioquia sobre sus visiones de la crisis, y aquí está por verse el coletazo jurídico sobre las entidades, ya que ambas tienen puestos en la Junta Directiva de Hidroituango.

En el plano económico, aunque no se han podido cuantificar los millonarios sobrecostos, ya las medidas adoptadas por la empresa dan cuenta del impacto financiero que tendrá en la recuperación del proyecto y en las arcas de la Gobernación y la Alcaldía. Y en el plano social, nadie ha podido contestar cuánto tiempo estarán sin casa más de 15.000 personas de los municipios río abajo del proyecto ante un posible colapso de la presa, que ningún ingeniero puede decir si va a suceder.

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En el ambiente hay varias preguntas aún sin responder: ¿sigue siendo Hidroituango un proyecto viable? ¿Se puede rescatar una represa cuando su estribo derecho en la montaña se mueve sin control? ¿La presa está a salvo? ¿Cuánto tiempo durarán las personas evacuadas?

Hasta ahora nadie tiene estas respuestas, como tampoco la dimensión de las pérdidas generadas por la emergencia, en especial porque sus efectos no han terminado y no se sabe cuándo acabará.

Sin embargo, la semana pasada la Junta Directiva de EPM autorizó a la administración para “estudiar y evaluar eventuales enajenaciones de sus participaciones en empresas controladas y no controladas tanto en Colombia como en el exterior, hasta por un valor de 3 billones de pesos”. Esto generó especulaciones sobre el futuro de Hidroituango, ya que la cifra aprobada por la junta directiva corresponde a un tercio de las inversiones que tiene EPM en filiales y subsidiarias, que asciende a 9,3 billones de pesos. Si a esto se suma que la compañía anunció que también dispondrá de 1,4 billones de pesos de caja y de las líneas de crédito aprobadas y sin desembolsar por 1.300 millones de dólares, se anticiparía una tormenta perfecta, con fuertes señales del tamaño económico de la emergencia.

El vicepresidente de negocios de EPM y exgerente de Hidroituango, John Maya Salazar, ha dicho que los efectos de la crisis se verán solo a largo plazo. Por eso nadie se atreve a dar una cifra. Las aseguradoras tampoco se han querido pronunciar porque, como dijo un empresario del sector, “el siniestro de Hidroituango todavía no ha pasado, por lo menos en su totalidad, y solo entraremos a hacer evaluaciones cuando esté consolidado”. Aunque EPM ha dicho que el proyecto hidroeléctrico tiene una cobertura hasta por 2.500 millones de dólares, en todo caso tendrá que asumir el deducible del siniestro.

Hasta el momento los directivos de EPM parecen tímidamente optimistas y creen que el proyecto de 11,4 billones de pesos no ha muerto. Sin embargo, las calificadoras de riesgo temen por el impacto de esta emergencia en las finanzas de la compañía y por eso Moody’s rebajó la nota para el emisor y la deuda no garantizada BAA2 a BAA3 hace unos días. Aunque confió en la fortaleza de EPM, a Moody’s le preocupa a corto plazo los costos de atender la reubicación de la gente evacuada y los sobrecostos de reconstruir la hidroeléctrica. La empresa ha tenido que costear el traslado y sostenimiento de cerca de 15.000 personas –hasta el 31 de mayo– en los municipios de Valdivia, Tarazá y Cáceres, cifra que posiblemente aumentará con el transcurso de los días. Frente a los sobrecostos de la infraestructura ya desarrollada, aún no se conocen las pérdidas de equipos ya instalados, como los de la casa de máquinas y tampoco los de las obras adyacentes al proyecto. Lo cierto es que del costo total de 11,4 billones de pesos que tenía el proyecto, ya se han invertido 8,5 billones de pesos.

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A mediano plazo, a Moody’s le preocupa los ingresos que dejará de recibir por el retraso del proyecto, calculados entre 325 y 375 millones de dólares en 2019. A eso suman los compromisos de generación de energía en firme contraídos por Hidroituango, que estarían entre 425 y 475 millones de dólares para 2020, cuando debían entrar en operación 1.200 megavatios de su capacidad instalada.

Para el municipio de Medellín tendrá sin duda un impacto importante en los ingresos de 2019, porque EPM responde por cerca del 25 por ciento del presupuesto local. Atender esta crisis obligará a la empresa a reducir los recursos que le girará a la administración municipal el próximo año.

Una crisis en progreso

En el plano político, el tema está que arde. En una alocución oficial en Teleantioquia, el gobernador Luis Pérez dijo que “no existe un informe técnico por parte de EPM de si hay que preocuparse o no de este problema. Siempre se decía que eran movimientos leves. ¿Qué ha pasado entonces con esta información cruzada? Que una cosa están diciendo las redes sociales, otra cosa están diciendo los medios de comunicación y otra cosa están diciendo los informes de EPM”, a lo que agregó que había un manoseo reiterado de la información sobre Hidroituango.

Por tal motivo, el gobernador anunció que contratará una consultoría técnica con la Facultad de Minas de la Universidad Nacional –que desde que empezó la crisis ha realizado conversatorios al respecto–, encabezada por expertos en hidráulica, geotécnica, mecánica de fluidos y así diagnosticar los riesgos independientemente sin estar supeditados a la voluntad de EPM. Pérez aseguró que esto tenía un objetivo: “Tomar decisiones públicas, generar confianza y unificar la información para sacar a las víctimas de la incertidumbre”.  No se equivocaba el gobernador, pues los damnificados no conocen la verdadera situación del proyecto y solo reciben rumores. Además, las economías de los municipios aguas abajo del proyecto se han deteriorado en el último mes por las constantes señales de alarma. Este impacto negativo todavía no está cuantificado.

Por eso, Pérez conminó a EPM a brindarle a este grupo académico toda la información que se necesite, lo que ha estado en contravía de las políticas de EPM, porque incluso al Concejo de Medellín le han negado información escudándose en los estatutos que les permite trabajar como una empresa privada. Este fue un paso necesario, pues hasta el momento solo se ha hablado de “evacuaciones preventivas” y “derrumbes no controlados”.

Las declaraciones del gobernador de Antioquia no cayeron muy bien en la Alcaldía de Medellín y menos en EPM. El mediático alcalde Federico Gutiérrez, quien ha estado al frente de la crisis desde el primer día e incluso ha viajado varias veces a Hidroituango, dijo en tono airado que “quien tiene que decir qué información se ha manoseado es el gobernador. Hemos recibido la misma información y a mí desde el primer momento me han pintado todos los escenarios, inclusive por encima de lo más grave que podría pasar. La verdad se ha dicho desde el primer momento”.

La empresa pública también se pronunció y por medio de un comunicado manifestó que no compartían las declaraciones del gobernador, “en el sentido que EPM no ha sido oportuna y transparente con la información entregada sobre el manejo de la contingencia en el proyecto hidroeléctrico Ituango”. El gerente Jorge Londoño de la Cuesta dijo que desde el primer momento han emitido más de 41 comunicados públicos, se instaló el Puesto de Mando Unificado y han hecho ruedas de prensa permanentemente. Se defendió al asegurar que la crisis ha sido dinámica, ha habido un inconveniente tras otro. Sin embargo, Pérez se refería a las causas, a los orígenes, a lo que sucede proyecto adentro.

Ahora bien, ¿ha mentido EPM? Seguramente no, pero la forma como ha informado, muchas veces a cuentagotas o por capítulos para evitar el pánico y las afectaciones económicas a la empresa, no ha sido buen ejemplo para enseñar en una clase de manejo de crisis. Está claro que la empresa tiene mucho en juego: el proyecto más grande e importante de su historia y de Antioquia, en el que ha invertido más de 11 billones de pesos, su solidez financiera futura, sin contar su histórica y bien ganada reputación y confianza. Pero le ha faltado humildad.

De hecho, la Junta Directiva de EPM solo expidió y firmó en pleno un único comunicado para rechazar las acusaciones del gobernador Pérez y pedir unidad frente al proyecto. En ninguna parte habló de las comunidades, ni de la difícil situación en la que se encuentran y ni siquiera les ofreció disculpas por las malas semanas que han pasado. Les preocupan más la situación financiera y de credibilidad de EPM, al advertir que “las declaraciones del señor gobernador de Antioquia afectan seriamente la credibilidad y reputación de EPM ante la banca comercial nacional e internacional, la banca multilateral, la banca de desarrollo y fomento, las firmas calificadoras de riesgo e inversionistas institucionales”.

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El viernes, la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) lanzó una alerta por la supuesta censura que EPM estaría ejerciendo contra periodistas y ciudadanos. Esto porque retiró la información sobre el nivel del agua del río Cauca que reporta el Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (Siata), porque eliminó documentos clave de Hidroituango de la web, como lo denunció el exviceministro de Economía Digital Daniel Quintero, o porque aparentemente presionó a los trabajadores de la obra para que no entreguen información a los periodistas.

Incluso, la Flip fue más dura, al advertir que EPM e Hidroituango son grandes anunciantes en medios comerciales y comunitarios de la región, lo que puede generar una censura indirecta frente a la posibilidad de que les retiren la pauta por cubrir de forma crítica la situación.

En el debate político también hay dos caras. Una, el enfrentamiento entre el alcalde de Medellín y el gobernador de Antioquia, gran parte de cuyos intereses económicos y políticos están atados a la suerte de Hidroituango. La otra es el riesgo en el que se encuentran las más de 120.000 personas que habitan aguas abajo del río Cauca en Antioquia y departamentos de Sucre, Córdoba y Bolívar.

Dumek Turbay, gobernador de Bolívar, dijo a SEMANA que durante dos semanas han sido solidarios con Antioquia y EPM al atender una eventual emergencia que afecte municipios como San Jacinto del Cauca, Achí, Pinillos y Magangué, que recibirían toda la fuerza del río Cauca. Pero también hay afectadas poblaciones de Córdoba y Sucre. “Sin embargo, todos los días la información varía, un día la alerta pasa de amarilla a roja o viceversa, y esta incertidumbre y esta falta de claridad en la información ha hecho que la zozobra y el miedo se apodere de estas comunidades, que en Bolívar pueden abarcar 8.000 familias y unas 30.000 personas”. Se quejó además que desde hace 15 días tienen las clases suspendidas, la pesca o la siembra de miles de hectáreas paradas y la lógica económica y de ingreso de las regiones fracturada. Por eso, pidieron información precisa acerca de cuánto tiempo va a durar, qué pasará con las personas afectadas y quién va a pagar por todo esto.

Pero nadie sabe a ciencia cierta cuándo terminará la crisis, pues ni los ingenieros ni los consultores internacionales tienen la palabra, sino las entrañas de la montaña. En todo caso Hidroituango no es solo un desafío para EPM, el alcalde o el gobernador, sino para toda Colombia.