Otras tres grandes ‘perlas’ que encontró la Contraloría en la Uspec

Desde el pasado abril, los ojos de las autoridades están encima de la Unidad de Servicios Penitenciarios (Uspec). Y no es para menos. En ese mes Semana.com reveló una preocupante denuncia que el exministro de Justicia Yesid Reyes envió a la Fiscalía donde alertaba de presuntos actos de corrupción en esa entidad.

Además de esto, en julio se conoció que la Uspec estaría invirtiendo millonarios recursos, desde el 2011, en brazaletes electrónicos que no funcionan para presos con detención domiciliaria y con libertad vigilada.

Lo invitamos a ver en video: Los brazaletes electrónicos que no controlan a los presos

Ahora, la Contraloría General vuelve a alertar con 72 preocupantes hallazgos dentro de esta entidad. De estos, 24 tienen alcances disciplinarios, tres con presuntas connotaciones penales y tres con posibles alcances fiscales.

La Contraloría fue contundente en su evaluación. En un documento de 179 páginas conocido por Semana.com, se enumeran los hallazgos y se afirma que, sin duda, la calificación de los resultados es “desfavorable”.

Según la Contraloría, la Uspec no logró cumplir las metas importantes que tenía planteadas desde años atrás, como fortalecer el suministro de bienes y servicios para el sistema penitenciario y carcelario, tampoco modernizaron la planta de personal, y mucho menos robustecieron los mecanismos de transparencia y lucha contra la corrupción.

Y aunque todo lo encontrado por la contralora delegada del Sector Defensa, Justicia y Seguridad es alarmante, hay tres grandes hallazgos que podrían tener connotaciones penales y que hacen pensar que algo muy turbio está ocurriendo en la Uspec. Semana.com le explica cuáles son.

Contratista incumplido

En el 2014 la Uspec suscribió el contrato 363 –por 5.985 millones– para suministrar alimentos a los internos de, entre otros, Barranquilla, Malambo (Atlántico), Magangué (Bolívar), Sabanalarga (Atlántico) y San Andrés. Esa labor le fue entregada a la Unión Temporal Alianza QTC, de la que hace parte la Corporación Alianza Caribe, una empresa que –según la Contraloría– incumplió el contrato 944 (por 280 millones de pesos) suscrito con la Gobernación de Bolívar en el 2012.

Lo más preocupante para el órgano de control es que se suscribiera un contrato con esta empresa, aun cuando mediante la Resolución 554 del 26 de noviembre de 2012 se declaró el incumplimiento por parte de esa firma a la Gobernación. Como si esto fuera poco, en la carta de presentación que realizó la Unión Temporal afirmaron, bajo juramento, que no habían “sido objeto de multas y sanciones de carácter contractual o administrativos por parte de ninguna entidad”. El representante legal, al parecer, juró que esa información era completamente veraz.

“No obstante, aunque la Uspec tuvo conocimiento de dicha sanción, hizo caso omiso, con el argumento de que la misma (la sanción) no se encontraba inscrita en el Registro Único de Proponentes (RUP)”, dijo el ente de control.

Sobre este último punto, la Contraloría aseguró que enviaría copias a la Procuraduría y a la Fiscalía para que investigue por qué la Uspec no pidió que investigaran a la Unión Temporal por el solo hecho de no registrar la sanción que le impuso la Gobernación de Bolívar en el RUP.

Contrato que no aparece

Con el objetivo de contratar firmas que prestaran el servicio de alimentos para los presos del país, la Uspec suscribió los contratos 346 (10.028 millones), 347 (8.014 millones) y 361 (6.318 millones) con la firma Estrada Navarro S. A. S.

Según la Contraloría, para demostrar la experiencia mínima que solicitaba la Uspec, el contratista entregó copia del contrato 010 de 2013, suscrito supuestamente con el Hospital Militar. El problema es que, según el ente de control, ese documento no coincide con el que se encuentra registrado en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop).

Además de eso, el contrato 346 tenía entre sus responsabilidades suministrar los alimentos de Valledupar, entre otros. Cuando la Contraloría visitó el lugar el pasado 21 de abril, evidenció “falta de aseo y desinfección, presencia de malos olores y cucarachas (…) Las instalaciones del rancho fueron entregadas en julio del 2015, sin embargo, presentan alto grado de deterioro debido a que no se ha hecho aseo a las paredes desde cuando la empresa Estrado Navarro S. A. S. está ejecutando el contrato 346/15”, dice.

Presunta falsedad

En el 2014, la Uspec suscribió los contratos 362 (por 9.742 millones) y 374 (por 12.895 millones) con proveedores que suministrarían los alimentos para la población privada de la libertad de las cárceles nacionales. Según dice la Contraloría, la Uspec adjudicó los contratos a sabiendas de que “en el transcurso de la etapa precontractual se le dio a conocer que existía una presunta falsedad expedida por la Alcaldía de Yopal y lo existente en contratos.gov.co, por cuanto el objeto de la certificación no coincide con el objeto del contrato”, dice la Contraloría.

De acuerdo con el organismo, cuando los documentos de un proponente no corresponden a la realidad, incurre en una causal de rechazo. Es decir, no debió ser beneficiado con ese jugoso contrato.

Estas tres ‘perlas’ son sólo una muestra de lo que estaría ocurriendo dentro de la Uspec, la entidad que debería velar por la prestación de los servicios penitenciarios y carcelarios en el país, pero que parece cada vez más inmersa en líos contractuales y presuntos actos de corrupción.