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| 8/1/2019 11:12:00 AM

Un general en aprietos: las nuevas evidencias sobre la supuesta corrupción en la Cuarta Brigada

Audios y documentos mostrarían que el general Jorge Romero conocía de los sobornos y los torcidos de la contratación en la unidad del Ejército que comandaba, y que no hizo nada. La Fiscalía dice que él mismo direccionaba estas irregularidades.

Investigaciones sobre corrupción en la Cuarta Brigada del Ejército El general Jorge Romero fue llamado a calificar servicios.

Las investigaciones de SEMANA sobre la corrupción en la que habrían participado varios generales del Ejército desataron una tormenta que no cesa. Uno de los salpicados por las revelaciones de esta revista fue el brigadier general Jorge Horacio Romero, quien comandó la Cuarta Brigada del Ejército, con sede en Medellín, entre 2016 y 2017. Ante la fuerza de las evidencias, el Ministerio de Defensa llamó a calificar servicios al oficial. Sin embargo, allí no pararían las consecuencias. La Fiscalía está por decidir si el general tiene que responder por estos actos de corrupción, como ya lo están haciendo 9 personas capturadas la semana pasada por lo ocurrido en esa unidad militar.

En los últimos días se han sumado nuevas denuncias a las revelaciones de SEMANA, que ya salpicaban al general en el supuesto direccionamiento de la contratación de la Cuarta Brigada a cambio de sobornos, y en un presunto cartel para la venta de permisos de armas que habrían llegado incluso a manos de criminales.

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Noticias Caracol hizo públicos los documentos que muestran que Romero conoció de las denuncias de corrupción de oficiales que estaban a su cargo, hoy investigados e incluso presos, y archivó los procesos. “Ellos antes de lanzar cada proceso (de contratación)  se reunían con los que servían de proveedores y organizaban los pliegos. Yo esto trataba de impedirlo”, decía uno de los testimonios que le llegaron al alto oficial. Tres meses después de recibirlo, en agosto de 2017, Romero archivó la denuncia argumentando: “Los hechos que se narran en la queja son disciplinariamente irrelevantes, que no hace necesario mover el aparato jurisdiccional disciplinario”.

Un mes después. Romero, aduciendo algo similar, archivó una nueva denuncia contra el coronel Harold Páez, uno de los capturados la semana pasada por la Fiscalía. Según la Fiscalía, el entramado de la Cuarta Brigada benefició a tres empresas con 31 contratos por 4.500 millones de pesos entre 2016 y 2017. Los sobornos que se repartían eran del 10%. Y esos actos eran ordenados por Romero, ha dicho la Fiscalía en las audiencias de los nueve capturados.  

Caracol Radio también dio a conocer evidencias que comprometen al alto oficial. Se trata de audios de militares y contratistas de la Cuarta Brigada. En uno de esos, dos oficiales hablan de que el general está muy molesto por declaraciones hechas en la Fiscalía que lo vinculaban al direccionamiento de la contratación de la brigada. Los mismos militares hablan de los anónimos que recibieron las autoridades sobre la corrupción en la unidad. Según la conversación de los dos hombres, el general Romero estaba muy afectado por lo que los militares estaban contando a las autoridades.

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“Si yo quisiera hundirlo, vea con que entregue esa caja, con eso tiene para que todo el mundo se caiga ahí, hasta él. Yo guardé toda esa mierda, yo no dejé nada”. Así se defiende en esa conversación uno de los hombres sobre el que Romero cree que habló ante la Procuraduría y la Fiscalía, según lo que se oye en la interceptación.

En otros audios se escuchan a contratistas hablando del dinero que tienen que entregar a las personas que les ayudaron a conseguir los contratos. En un aparte, cuando conversan sobre unas consignaciones, uno de ellos dice: “Por acá no. Estos teléfonos están chuzados por la Fiscalía, por acá no me hables de eso. Por eso siempre que me hablas de eso te cuelgo”.

En cuanto al cartel de venta de permisos para portar armas, SEMANA dio a conocer el testimonio de un importante empresario antioqueño a quien, dice, Romero le pidió dinero para esos trámites. Blu Radio reveló las inconsistencias en los libros de registro de perrmisos en la brigada. “Se consultaron 100 personas registradas en los libros de permisos especiales otorgados en la Cuarta Brigada entre 2016 y 2018, encontrando que el 60% tiene algún tipo de anotación o antecedente en la Fiscalía General de la Nación”, dice el informe de ese medio. 

El general Romero ha declarado su inocencia, incluso se mostró sorprendido cuando el ministro Guillermo Botero lo llamó a calificar servicios. Sin embargo, todos estos elementos son los que ha venido conociendo la Fiscalía desde hace un año y que hoy analiza para definir el futuro del oficial ante la justicia.

La semana pasada, la Fiscalía capturó a nueve personas señaladas de haber participado en los hechos irregulares dentro de esa unidad. Se trata del coronel retirado Harold Páez Roa, excomandante del batallón de servicios; el coronel Alexander Carvajal Urquijo, supervisor de los contratos de la Cuarta Brigada; el mayor Edwin Carrillo Pacheco, jefe de presupuesto; el capitán Jonathan Bonilla, supervisor de contratos; el capitán retirado Guerly Alexánder Carrera y el sargento John Roncancio Rodríguez, bodeguista de esa unidad. También detuvieron a los contratistas Jaime Alberto Ramírez, Ana Lucía Posada y Samir García Buitrago.

Todos ellos comparecieron ante un juez por delitos como contratación sin requisitos legales, concierto para delinquir, celebración indebida de contratos, falsedad ideológica de documento público y cohecho para dar u ofrecer.

Esta es la investigación de SEMANA sobre el general Romero, publicada tres días antes de que el oficial fuera llamado a calificar servicio por el Ministerio de Defensa.

“A mí me dijeron que viniera y diera once  millones y medio”

SEMANA conoció las declaraciones en poder de la Fiscalía y la Procuraduría de un importante empresario antioqueño, de un militar y de una civil sobre supuestos actos de corrupción del general Jorge Romero Pinzón cuando comandó la Cuarta Brigada del Ejército, con sede en Medellín, entre diciembre de 2015 y diciembre de 2017. Sus denuncias no son los únicos señalamientos sobre el militar. La Fiscalía investiga posibles malos manejos que sumarían alrededor de 1.000 millones de pesos. Dineros destinados al mantenimiento de vehículos, a la compra de combustible, entre otros, habrían sido desviados mediante maniobras ilegales en las que estuvieron involucrados otros altos oficiales a su cargo.

En los círculos castrenses se especulaba que al no ser llamado al curso de ascenso para mayor general, Romero saldría de las filas. Sin embargo, en enero, con la llegada de la nueva cúpula del Ejército, terminó designado en la jefatura del Comando de Apoyo Integral y Desarrollo, unidad que maneja un abultado presupuesto para proyectos en el país. La declaración del empresario –cuyo nombre se mantiene bajo reserva por motivos de seguridad– apunta a una de esas líneas de investigación sobre el general. Se trata de una dinámica que Romero habría montado en la Cuarta Brigada para recibir dinero a cambio de la entrega de los permisos de porte de armas.

En su declaración, el empresario advierte: “¿Hasta dónde puede repercutir mi versión? Si de pronto él tiene un papá (padrino) y lo único que van a hacer es que archivan, yo voy a quedar con un enemigo poderoso. Pero, como ciudadano, pienso que personas como él surgen por el miedo, porque nadie los enfrenta”. Entonces relata que conoció a Romero porque la misma esposa del general les arregló una cita. Allí, en la sede de la brigada, el general le pidió que organizara un encuentro con la plana mayor del empresariado paisa, porque a ellos había que protegerlos.

“En tres días convoqué y le llevé a todos los industriales de la ciudad, Fábrica de Licores, Tanques y Camiones; o sea, los industriales grandes (...), transportistas, comerciantes...”. Según la declaración, esa reunión no fue atendida por Romero, sino por un mayor del mismo apellido. Al final del encuentro, el general habló con el empresario. Fue entonces que se refirió a los permisos para el manejo de armas que los empresarios piden para protegerse.

"Cuando (Romero) me dijo eso, (pensé): Dios mío, que persona acaba de llegar aquí. Esto va a ser el deleite de los bandidos".

“Me dice: ‘lo de los permisos especiales yo te los voy a manejar, le voy a poner orden a esto. Quiero que tú me manejes esa parte y me lo manejes a sobre cerrado’”. El empresario agrega: “Cuando a mí me dijo eso, [pensé]: Dios mío, qué persona acaba de llegar aquí. Esto va a ser el deleite de los bandidos”. Cuenta que en el momento en que se le vencieron los permisos para las cuatro armas que manejaba, envió a la brigada las solicitudes para renovarlos, acatando el trámite regular. Le negaron uno de ellos.

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El empresario se enteró, según cuenta, de que el general Romero buscó información en la Policía sobre sus empresas. “Veíamos la mala intención de él y como el querer buscar cosas que de pronto, realmente... Para ser honestos, si uno se pone a buscar, él sí las tiene. Nosotros no. O sea, las cosas oscuras creo que las maneja él”. Más adelante, el empresario dice: “Uno se dio cuenta, por muchos contratos y muchas cosas, de que el hombre se lucró”. Y agrega: “No sé quién será el padrino de él o el que está detrás. Pero yo veo que sigue ascendiendo, que está en mejores cargos o con más poder”.“Pero, inmediatamente, en la brigada le dijeron que por qué está negando el permiso, si reunía todas las condiciones. Entonces me lo aprobó. Me hizo ir a la oficina (...) y me puso a esperar como cinco horas (...) Luego me hizo pasar. [Me dijo]: ¿Yo qué le dije a usted? ¿Usted por qué presenta los permisos? Le dije: señor, yo hago el trámite”. Romero le alegó: “Yo le dije a usted cómo era esto”.

“ONCE MILLONES POR ARMA”

En poder de la Fiscalía hay otro soporte que amplía ese supuesto modus operandi basado en la venta de salvoconductos. Es la versión de una mujer que llegó a la brigada a tramitarle un permiso a un tercero para quien trabajaba. Allí, contrario a lo que ella esperaba, y como al parecer había acordado con un alto oficial retirado, la recibió un militar que no estaba al tanto del ilícito, y quien termina interrogándola: “¿A usted cuánto le colaboran por cada arma?”, le pregunta él. Y ella, preocupada por haber quedado en evidencia, intenta explicar la situación: “Eso viene desde arriba. A mí simplemente me dijeron ‘tenga la plata’ para que la trajera acá. Quiénes [estén] untados, no sé qué. Con decirle que conozco a mi general Romero; diga que va de su parte y que él llamó. Así, si ellos ya saben. Sí me entiende desde dónde empieza la mentira”.

La mujer luego explica que acordó ese pago con un coronel retirado. “A mí me dijeron que viniera acá y diera once millones y medio”, dice ella. Al parecer, el pago no era la única irregularidad en ese fraudulento trámite. El oficial que la atiende le explica que “el señor (quien solicitaba el arma) tenía un problema de narcotráfico”. En este punto, la mujer le insiste al oficial que le devuelva la documentación del hombre que la mandó hasta la brigada, en un intento por borrar el rastro de ese fraude y por volver a intentar la misma movida, pero en otra ciudad. “Me dijeron: ‘esto es tan sencillo que si le entrega la carpeta, ellos se van para otra ciudad”’.

En agosto del año pasado, siete meses después de que el general Romero abandonó la Cuarta Brigada para escalar a la comandancia de la Tercera División del Ejército, se desató un escándalo en Antioquia. La Policía capturó a alias Pichi Belén, el jefe máximo de la Oficina, la organización criminal más poderosa de Medellín. Hubo revuelo cuando se supo que el capo tenía un arma con un salvoconducto que había conseguido en Neiva, pese a que llevaba a cuestas una orden de captura y tenía antecedentes criminales. “Es materia de investigación el por qué el hombre más buscado de Medellín tenía un arma de fuego con permiso”, dijo en su momento Claudia Carrasquilla, la fiscal contra el crimen organizado.

EL LÍO DEL COMBUSTIBLE

En los expedientes reposa una declaración de un oficial que trabajó bajo el mando de Romero en Medellín, y que agrega detalles sobre el presunto cartel de los permisos de armas. “Los empresarios antioqueños se han venido quejando por lo del manejo de permisos especiales y mi general, supuestamente, los está reuniendo para colaborarles (...) Mandaba a mi mayor Romero y al sargento Echavarría a que los reuniera y les hablaran de una situación a mejorar la inteligencia y una colaboración especial (...) La gente se ha venido cansando de eso y ya hay comentarios”.

El oficial luego hace referencia a un trino del abogado antioqueño Jaime Restrepo, que se autodenomina como El Patriota en sus redes sociales y allí mismo ha mostrado que tiene varias armas. “La firma de los permisos para armas de fuego y permisos especiales se convirtió en la caja menor de la Cuarta Brigada. ¡Corrupción!”, publicó el 25 de noviembre de 2016.

FOTO: El empresario que denuncia al general Fajardo, el trino del abogado Jaime Restrepo y la noticia sobre el salvoconducto de alias Pichi. 

El oficial, además, habría advertido los presuntos desvíos del dinero que la brigada recibía para costear el combustible de sus vehículos. Eso, dice, le causó problemas con Romero: “Mi general cuando le expusimos el trabajo él se enojó, que por qué nos metíamos en esa parte. Después nos dimos cuenta de que sacaron 30 millones de pesos que cambiaron en efectivo y se los dieron a él para un viaje que hizo a Brasil con la esposa”. En esa ocasión, Romero habría recibido viáticos regulares del Ejército porque se trataba de un viaje conocido como de georreferenciación, al que asisten varios altos oficiales... El dinero extraído irregularmente del presupuesto de combustible era para costear el acompañamiento de su esposa.

“También hubo un contrato de 384 millones cuando llegó la partida de mantenimiento en agosto y septiembre. Resulta que la partida (...) la pagaron completa con una verificación de vehículos que nunca recibieron los mantenimientos estipulados”. El oficial agrega: “Él se trajo su cúpula. Puso los mismos que tenía en la Séptima Brigada en Villavicencio. Los puestos que manejan la parte administrativa de dinero los manipula él”, dijo en una declaración que está en poder de la Procuraduría y la Fiscalía. Tras dejar el cargo en la Cuarta Brigada, el general Romero fue designado para un puesto superior, como comandante de la Tercera División.

En 2018, cuando no fue llamado a curso de ascenso para mayor general, se dio por descontado que pasaba a retiro. Sin embargo, con los cambios del año pasado fue ascendido a la cúpula militar, al frente del Comando de Apoyo Integral y Desarrollo en el país.

Por intermedio de la oficina de prensa del Ejército, el jueves en la tarde SEMANA envió un cuestionario al brigadier general Romero. El viernes en la mañana el oficial se acercó a las inmediaciones de la revista afirmando tener el cuestionario respondido. Este medio pidió una entrevista grabada al oficial, la cual no aceptó y, al cierre de esta edición, al final de la tarde del viernes, aún no había hecho llegar las respuestas del cuestionario. 

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