Objetan ley que dejaba en el limbo 82.186 investigaciones penales

A las 4:30 de la tarde de este martes 15 de julio fueron radicados los once folios que contienen las objeciones presidenciales al famoso proyecto de ley de depuración normativa, que por presunto error incluyó un artículo que abre un boquete jurídico que dejaría en riesgo 82.186 investigaciones, entre ellas aquellas que recaen sobre personas aforadas.

Fue tal la alarma institucional que generó dicho error, que el presidente Iván Duque no lo pensó y una vez supo del inconveniente procedió, a través de su ministra de Justicia, Margarita Cabello, a enviar la respectiva objeción al Congreso, argumentando “inconveniencia” en tres de los diez artículos que integran el proyecto de ley. Eso quiere decir que la objeción es parcial.

En las mismas motivaciones el Gobierno explica que el error genera inseguridad jurídica, en especial por “la redacción del parágrafo del artículo 1 del proyecto de ley, da lugar a diversas interpretaciones, en particular la expresión determine cuáles fueron las normas derogadas”.

En contexto: 848 procesos de aforados se quedarían sin sistema de juzgamiento

Pero sin duda el punto más álgido de la objeción tiene que ver con el articulo 3 que deja sin vigencia la Ley 600 de 2000, “Sin embargo, en el artículo 3 del Proyecto de Ley erradamente se incluyeron normas de rango legal que contienen materias que no fueron integralmente regulados en una ley posterior y que mantienen su vigencia y producen sus efectos”, explicó el Gobierno en la objeción.

En efecto, en el consecutivo 1718 del aparte ´Por derogatoria orgánica´, se encuentra la Ley 600 de 2000 que trata sobre el Código de Procedimiento Penal, “norma legal que no puede desaparecer del ordenamiento jurídico colombiano porque actualmente se adelantan un gran número de investigaciones por parte de la Fiscalía General de la Nación que corresponden a los delitos cometidos antes del 1 de enero de 2005 y en algunos distritos judiciales antes del 1 de enero de 2008”.

Entre las explicaciones que otorga el Gobierno para objetar el polémico proyecto de Depuración Normativa, se encuentra que los aforados constitucionales se rigen por la Ley 600 que justamente es derogada por error. De igual forma, advierte que por ese mismo régimen legal existen 81.338 investigaciones a mayo de 2019, según reportó la Fiscalía.

El Gobierno va mucho más allá al detallar que solo en la Corte Suprema de Justicia existen 848 procesos activos contra aforados; todo ello sin contar las investigaciones que cursan en la Comisión de Acusaciones y que también se rigen por la Ley 600.

Como se recordará, el proyecto de Depuración Normativa fue una iniciativa legislativa que nació en el Gobierno de Juan Manuel Santos y tiene como propósito depurar del ordenamiento jurídico colombiano, miles de leyes inútiles ya sea por agotamiento de su objeto, desuso, obsolescencia, anacronismo o incompatibilidad con la Constitución. En el proceso el Congreso de la República eliminó el pasado mes de junio 10.667 leyes trasnochadas.

Se trataba de normas inútiles que habían sobrevivido incluso siglos en el purgatorio del ordenamiento jurídico, sin uso práctico, pero sin acta de defunción. La iniciativa venía cocinándose en el Ministerio de Justicia desde la época de Germán Vargas Lleras pero por la labor titánica que ello implicaba finalmente el proyecto de ley con el listado de normas a sepultar se concretó con el exministro Enrique Gil Botero, en el Gobierno Santos, y contó con la bendición de su sucesora Gloria María Borrero, ya en el Gobierno Duque.

Lo que nadie se imaginó es que en ese tijeretazo normativo cayera por error la Ley 600 de 2000, que contiene el Código de Procedimiento Penal y a su vez es la hoja de ruta a través de la cual se procesan a los altos funcionarios del Estado que cuentan con fuero constitucional.