JEP imputó crímenes de guerra y lesa humanidad a tres generales en retiro del Ejército por los falsos positivos en el Meta

Por la presentación de civiles como guerrilleros abatidos en combate para demostrar resultados operacionales en el departamento del Meta, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció este jueves, 20 de noviembre, la imputación a tres generales en retiro del Ejército Nacional.

El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que los brigadieres generales (r) Carlos Ovidio Saavedra y Francisco José Ardila, así como el mayor general (r) Carlos Eduardo Ávila, tuvieron conocimiento de estas ejecuciones extrajudiciales que se registraron entre los años de 2002 y 2007.

En este caso, la Sala de Reconocimiento de la Verdad determinó que los militares se aliaron con los paramilitares del Bloque Centauros de las AUC con el fin de retener civiles ajenos al combate que fueron registrados, en documentos oficiales, como integrantes de grupos subversivos.

En el extenso auto, se avaló la declaración de Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, quien hizo parte del Bloque Centauros y, según dijo, participó en acciones conjuntas con los militares adscritos al Batallón de Infantería n.° 21 Batalla Pantano de Vargas y del Gaula Rural Meta para simular combates e inflar las cifras.

Los militares deberán responder por 209 ejecuciones extrajudiciales, 65 desapariciones forzadas y una tentativa de homicidio.

La investigación arrojó —según enfatizó el presidente de la JEP— que la presentación de “bajas falsas en combate se convirtió en la retribución principal que los paramilitares acordaron con la Fuerza Pública” en esa región del país, “a cambio de dejarlos delinquir, principalmente en actividades relacionadas con narcotráfico, y cometer graves violaciones a los derechos humanos, como masacres, desapariciones forzadas”.

En este caso, se indagó la participación de integrantes de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) en operaciones de apoyo aéreo cercano, en las que murieron personas que posteriormente fueron presentadas falsamente como bajas en combate.

Sin embargo, tras hacer un minucioso análisis de la evidencia, no se encontraron pruebas de que tuvieran conocimiento o participación dolosa en la comisión de tales crímenes.

Por el contrario, según explicó el magistrado Ramelli, se abrió la gran probabilidad de que los miembros de la FAC pudieron haber sido manipulados por los militares “con el fin de dar un ropaje de legalidad a sus actuaciones criminales”.

Por su parte, la magistrada Catalina Díaz Gómez, vicepresidenta de la Sala de Reconocimiento, calificó que los hechos mencionados en el auto no son ajenos y se trató de una política que se extendió por varios batallones para demostrar resultados operacionales.

“Hoy podemos decir con pruebas contundentes que se trató de un patrón macrocriminal nacional”, explicó la magistrada Catalina Díaz Gómez. “Es muy importante porque cierra la fase de investigación territorial del Caso 03″.

Mientras que el magistrado Óscar Parra fue más allá y aseveró que con la recolección de pruebas queda totalmente descartada la hipótesis que se ha planteado en los últimos años: “No se trató de manzanas podridas”.

Para el magistrado Parra, los asesinatos y las desapariciones presentadas como bajas en combate fueron una práctica sistemática, ejecutada por unidades militares en distintas regiones del país, y no hechos aislados o desconectados entre sí.