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| 5/12/2012 12:00:00 AM

La batalla del aborto

Se cumplen seis años de la aprobación del aborto en tres casos y la cruzada de la Procuraduría en su contra no da tregua. SEMANA revela su última arremetida.

La batalla del aborto, Sección Nación, edición 1567, May 12 2012 El procurador Alejandro Ordóñez mandó una carta al Consejo de la Judicatura en la que pide que se notifique a los jueces del país que deben revelar a la Fiscalía y a la Procuraduría la identidad de las niñas o mujeres que piden abortar vía tutela. Si se llega a ratificar el pedido del procurador, las mujeres corren el riesgo de ser perseguidas penalmente.
La sentencia de la Corte Constitucional que permitió el aborto en tres casos (violación, malformación del feto y riesgo de vida para la madre) está cumpliendo seis años. Pero si se le hiciera un balance ácido al efecto que ha tenido habría que decir que más que un triunfo de los derechos de las mujeres se ha convertido en la más cruenta batalla que el país recuerde entre la Corte Constitucional y la Procuraduría.

El más reciente choque ni siquiera el país lo conoce. Tiene que ver con el caso de una niña de 12 años, de estrato 1, que quedó embarazada de su novio de 16. Dos especialistas certificaron que podría estar en riesgo su salud física por el peligro de "complicaciones obstétricas" y un psiquiatra añadió que la continuación del embarazo ponía en riesgo su salud mental -la niña intentó suicidarse con unas pastillas-. Sin embargo, la EPS dilató la decisión, un juez le negó la tutela y el embarazo avanzó tanto que ya era imposible practicarle el aborto.

El caso llegó a la Corte Constitucional, que en su sentencia no solo ordenó a la EPS indemnizar a la menor, sino que -y este fue el nuevo florero de Llorente con el procurador Alejandro Ordóñez- pidió también mantener el nombre de la niña en reserva y cualquier otro dato que diera pistas de quién se trataba. Para completar, la Corte también le ordenó al Consejo Superior de la Judicatura que les informara a todos los jueces del país que en cualquier tutela sobre el caso se reservara también la identidad de la mujer que reclama el derecho a abortar.

La respuesta del procurador no se hizo esperar. El pasado 27 de marzo, le envió una carta al presidente de la Sala Administrativa del Consejo de la Judicatura, Néstor Raúl Correa, diciéndole que la identidad de las mujeres no debe ser reservada para la Fiscalía y la Procuraduría, "sobre todo para el caso de los abortos que se practican cuando el embarazo es fruto de una conducta delictiva". Y por eso le pide a Correa que, otra vez, notifique de ello a los jueces del país. En otras palabras, con lo que pide el procurador, cualquier mujer que interponga una tutela reclamando el derecho a abortar estaría en la mira de la Fiscalía y la Procuraduría. Incluso, la niña de 12 años. Así, lo que en teoría se aprobó como un instrumento legal para que las mujeres puedan interrumpir el embarazo en casos críticos ahora se puede convertir en la mejor arma para perseguirlas.

Por ahora esta batalla no se ha dirimido. El magistrado Correa no atendió automáticamente la petición del procurador sino que le solicitó a la Corte Constitucional que le aclare el alcance de la sentencia. Y lo que se defina será clave, pues si se le da la razón al procurador, y las mujeres saben que por ir a interponer una tutela van a terminar perseguidas penalmente, ninguna irá ante un juez a reclamar el aborto.

Esta no es la primera batalla que se ha librado en los seis años. En otros episodios a la Corte Constitucional, y particularmente a los magistrados Humberto Sierra y Luis Ernesto Vargas, les ha tocado defender a capa y espada la posibilidad de que las mujeres puedan abortar en los tres casos permitidos. La cruzada que ha desplegado el procurador Ordóñez contra el aborto no solo lo ha llevado a pedir la nulidad sobre cada nueva decisión de la Corte, sino que incluso su delegada Ilva Miriam Hoyos entabló denuncia penal contra los magistrados Sierra y Vargas.

La Corte ordenó campañas de educación reproductiva en los colegios y la Procuraduría las boicoteó diciendo que estaba ordenando "campañas masivas de promoción del aborto". Hoy todavía no se han cumplido. La Corte prohibió la objeción de conciencia para jueces y hospitales, y el Procurador se vino lanza en ristre. Y por último, la Corte le ordenó a la superintendente de Salud notificar a todas las clínicas y EPS que no pongan talanqueras a las mujeres que pidan abortar y la Procuraduría no se demoró en replicar y pedir a la Superintendencia que corrigiera esa orden. El resultado de este arduo pulso es que de cada diez mujeres que piden abortar en esos casos solo a seis se les acepta. Eso sin contar las que ahora ya no se atreven a pedirlo. La batalla aún no termina.

EDICIÓN 1888

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