La bomba y los infiltrados

La explosion en el centro comercial Alejandría, de Cúcuta, fue la gota que rebosó la copa de una ciudadanía aterrada por la violencia que atenaza a esa ciudad. Desde hace varios años la capital de Norte de Santander se ha convertido en escenario de una guerra que cada vez es menos silenciosa y más cruel. Pero nunca se había atentado en forma tan directa contra la población en general.

A las 9:40 de la mañana del miércoles una fuerte explosión sacudió a la ciudad. Acababa de estallar una caja con 30 kilos de explosivos ubicada debajo del tanque de gasolina de una camioneta Chevrolet Luv en el sótano del centro comercial. La detonación generó un incendio que en segundos recorrió los cuatro niveles de la edificación, ubicada a dos cuadras de la Alcaldía, en pleno centro.

El complejo comercial albergaba alrededor de 400 locales comerciales dedicados a la venta de electrodomésticos, artículos para el hogar, ropa y licores. Al lugar acudían diariamente cerca de 10.000 personas entre trabajadores, vendedores y compradores. Al momento de la explosión 1.500 personas se encontraban en el sitio. Ocho murieron, 70 más quedaron heridas, los locales fueron destruidos y los primeros cálculos estimaron las pérdidas en 5.000 millones de pesos. "En la ciudad nunca había ocurrido algo así. Habíamos sufrido atentados pero jamás a una hora de plena actividad. Fue un acto terrorista dirigido contra la gente", dijo a SEMANA el alcalde de Cúcuta, Manuel Guillermo Mora.

Mientras los bomberos luchaban por apagar el gigantesco incendio que provocó la explosión el director seccional del DAS, Enrique Díaz, fue uno de los primeros funcionarios en señalar públicamente que la responsable del atentado sería la guerrilla del ELN. Según el funcionario, uno de los autores materiales fue Jorge Alberto Durán García, alias 'Tyson', integrante del frente Germán Velasco Villamizar.

El grupo interinstitucional de la Fiscalía, del DAS, del Ejército y de la Policía, integrado para analizar el caso, coincidió preliminarmente en señalar que existen indicios que harían pensar que el ELN estaría detrás del atentando. Una primera hipótesis que manejan las autoridades tiene que ver con una retaliación del grupo guerrillero contra los comerciantes porque no pagan las extorsiones.

La otra conjetura señala que se trata de una respuesta de los subversivos por las fumigaciones contra cultivos de coca que viene adelantando el gobierno en la zona del Catatumbo. Esta versión tomó fuerza el viernes de la semana pasada después de que el director de la Oficina de Asuntos Andinos del Departamento de Estado de Estados Unidos, Phil Chicola, afirmó que, de acuerdo con el Reporte anual sobre la estrategia internacional para el control de los narcóticos, el ELN está interviniendo en actividades de narcotráfico. "Están empezando a hacerlo más ahora de lo que lo hacían antes. Por eso estamos ampliando nuestra persecución hacia los elenos", afirmó Chicola. Es la primera vez en la historia que el gobierno de Estados Unidos menciona con nombre propio al ELN y le atribuye un papel activo en el narcotráfico.



Tormenta política

Pero si bien el atentado terrorista en el centro comercial de Cúcuta causó indignación y desconcierto, no menos sorpresiva y explosiva fue la reacción que tuvo el presidente Alvaro Uribe.

Cinco horas después del estallido, mientras realizaba una intervención en la Cámara de Comercio de Bogotá, el jefe del Estado afirmó que "existían informes de que en algunos estamentos oficiales hay seria presencia del terrorismo. Estamos advertidos y hay que sacarlos de allí. La Policía está adelantando la investigación interna y hará toda la depuración que se requiera en Norte de Santander. El Fiscal General de la Nación también está haciendo lo propio". El Presidente añadió que había informaciones sobre "fiscales que han sido nombrados por presiones del clientelismo y que están al servicio del ELN". Las adoloridas declaraciones de Uribe no tardaron en producir una reacción en cadena.

En menos de 24 horas fueron relevados de sus cargos el coronel Edgar Orlando Vale, jefe de la Policía en ese departamento, y los comandantes regionales de la Sijin y de la Sipol. Por orden del director de la Policía, general Teodoro Campo, fue designado en la comandancia de la Policía de Norte de Santander el general Luis Alfredo Rodríguez, actual director operativo de la institución. Por el lado de la Fiscalía también rodaron cabezas y una de las primeras fue la del director regional de fiscalías, Néstor Pacheco, quien renunció a pesar de que se había posesionado hace apenas un mes.

Aunque el relevo de los funcionarios buscaba aplacar lo sucedido en Cúcuta dejó la sensación de que se podía tratar de 'chivos expiatorios'. Por ello fue inevitable que se desatara una tormenta política y judicial ya que si el Presidente había lanzado esa grave acusación contra la Fiscalía y la Policía era presumible que tuviera en su poder pruebas que sustentaran su afirmación.

No era la primera vez que en los últimos meses se hablaba de los infiltrados de la guerrilla o los paramilitares en organismos oficiales. Pero sí era la primera vez que el Presidente hablaba directamente del tema.

El fiscal, Luis Camilo Osorio, y el director de la Policía, general Teodoro Campo, se vieron obligados a comentar las declaraciones del Presidente. Con mucha prudencia y tacto los dos funcionarios afirmaron públicamente que sobre las infiltraciones a las que se había referido Uribe serían objeto de investigaciones. Lo que no podían decir de frente, ninguno de los dos, era que no existían pruebas contundentes que sustentaran el señalamiento que había hecho el jefe del Estado. "Estamos investigando algunas actuaciones de procedimientos en casos de subversión en los que se esperaban unos resultados y han terminado siendo declarados inocentes. Pero la investigación no necesariamente implica que el funcionario esté al servicio de la subversión", dijo Osorio. A lo largo de la semana la opinión pública quedó a la espera de que apareciera alguna prueba que señalara las infiltraciones. Pero esto no sucedió.

La indignación que mostró el Presidente tiene que ver con que, a pesar de sus reiteradas exigencias a los organismos de seguridad acerca de la compleja situación de Cúcuta, los resultados no se han visto. Desde que asumió el poder el tema de orden público en esa ciudad y en el Norte de Santander se convirtió en una de las prioridades de Uribe, aunque no las más divulgadas de su agenda. "Desde su posesión el Presidente ha venido a Cúcuta cinco veces a analizar la situación de orden público. Siempre que ha venido era a desarrollar planes de seguridad y estrategias antiterroristas", dijo a SEMANA el alcalde Mora. Después de Medellín, Cúcuta es la ciudad con el mayor índice de homicidios en el país. El año pasado sufrió cerca de una docena de atentados terroristas y en el departamento hay 30.000 hectáreas de coca y una fuerte presencia y actividad del ELN, las Farc y las autodefensas.

Aunque se lograron algunos avances contra la delincuencia común, el orden público no mejoró. Frente a esta situación desde hace varias semanas el primer mandatario, el Fiscal y otros funcionarios habían decidido realizar un gran revolcón a nivel departamental para buscar mejores resultados. Y el bombazo precipitó cambios que se iban a hacer de todas maneras en unas semanas. "Queríamos más contundencia por parte de los fiscales. Hubo una situación coyuntural y la aprovechamos para hacer cambios que ya se habían hablado", explicó el fiscal Osorio.

El país quedó a la espera, sin embargo, de que los organismos de seguridad, como parte de esos resultados que se pretenden, desenmascaren a los infiltrados mencionados por el Presidente. Lo que sí es un hecho es que, más allá del tema, la bomba dejó al descubierto para el resto del país que Norte de Santander y su capital son un escenario de guerra que ha estado descuidado por años. Los cucuteños esperan que los nuevos funcionarios de la Fiscalía y los organismos de seguridad regionales les devuelvan la paz que tanto anhelan.