LA CALDERA DEL DIABLO

Pánico colectivo era el único término que describía el ambiente que reinaba en el país la semana pasada. Una ola de secuestros sin precedentes en la historia de Colombia afectaba por igual a todos los sectores sociales. La paranoia del secuestro, circunscrita en el pasado a un círculo reducido de personas acaudaladas, se extendía a toda la ciudadanía. En cada reunión social se comentaba sobre las familias prestigiosas que en esos días decidían intempestivamente trasladarse a los Estados Unidos. Como en los barcos que naufragan, los jefes de familia se quedaban al frente de sus obligaciones, mientras hacían evacuar a las mujeres y los hijos. En la medida de sus capacidades económicas, cada uno tomaba las medidas de seguridad a su alcance. Los magnates doblaban el número de guardaespaldas y vehículos que los seguían; los celadores privados, antes monopolio,de los barrios exclusivos, empezaron a ser vistos a las puertas de casas de clase media.
Proliferaron las solicitudes de licencia para portar armas. En el campo, mientras muchos terratenientes se enfrentaban a la imposibilidad de volver a sus fincas por las amenazas o la extorsión, familias campesinas enteras debían emigrar de las zonas de conflicto.
La semana pasada se llegó a hablar, de 4 secuestros en un solo día, y la gente veía con sorpresa el día que no se registraba ninguno.
Según informes del CAES, habría tantos secuestrados por las guerrillas como por bandas de delincuentes comunes. El secuestro llegó a niveles industriales, a tal punto que el día que el Ejército desmanteló una columna de las FARC en el Caquetá, encontró en su poder cerca de 30 retenidos.
Además del aumento en el número, empezaron a aparecer variantes nuevas en la modalidad: la más notoria, es el secuestro de mujeres. A partir del trágico caso de Gloria Lara, han sido secuestradas entre otras María Antonia Garcés de Lloreda, miembro de una aristocrática familia del Valle, Nubia Correa de Luna esposa del conocido dirigente político del Magdalena Trino Luna, y Sonia Sarmiento, hija del constructor y financista Luis Carlos Sarmiento Angulo. Otra de las características es la exigencia de sumas exorbitantes, generalmente desproporcionadas con las fortunas respectivas, e imposibles de pagar. Guarismos que hace escasamente cinco años se pedían en pesos, se piden ahora en dólares. En los testimonios de los sindicados del asesinato de Gloria Lara, se menciona que en las reuniones previas al secuestro se llegó a discutir la posibilidad de pedir 50 millones de dólares; por Sonia Sarmiento pidieron, según versiones difundidas por televisión y criticadas por irresponsables, 25 millones de dólares. Esta versión, de ser cierta muestra un desconocimiento tal de la realidad económica que raya en lo ingenuo. Era sabido, por ejemplo, que Sarmiento Angulo había sido uno de los colombianos más afectados por las recientes medidas económicas.
Auncuando en Colombia la inseguridad ha sido endémica en los últimos años, enero de 1983 rebasaba todas las estadísticas conocidas. El gobierno daba la cifra de 70 secuestros en los últimos meses, 31 de los cuales se registraban sólo en el mes de enero. Y extraoficialmente se reconocía que la mayoría de los casos nunca llegan a conocimiento de las autoridades, ya que las familias prefieren entrar en negociaciones directamente con los secuestradores. La cifra del mes de enero de este año corresponde a cerca del 25% del número total de secuestros registrado en los últimos dos años --102 en 1981 y 136 en 1982--, cifras que de por sí probablemente constituían el índice de secuestros más alto del mundo. La revista española Cambio 16 cita a Italia como el país puntero en esta no envidiable categoría con un promedio de 70 secuestros anuales para su período pico de 1975-1979, lo que significa que Colombia, en un sólo mes, se acercaría a un 50% del récord anual mundial.
Violencia generalizada
La ola de violencia no se limitaba a los secuestros. El número de atracos extorsiones y asesinatos parecía aumentar proporcionalmente. Las víctimas iban desde el general Matamoros, contra cuya casa habrían disparado una madrugada, hasta un alto dirigente de las FARC y su mujer, quienes fueron asesinados días después de acogerse a la amnistía, en un oscuro episodio que las autoridades no saben si atribuír a la mafia o a la ultraderecha.
Una ciudadania perpleja se preguntaba qué había pasado, en qué momento se había convertido el país en lo que el diario El Mundo, de Medellín, dio en llamar una "Caldero del diablo".
En la búsqueda de causas para este fenómeno, el primer blanco de ataques fue la aministía. La asociación de la amnistía y la violencia se extendía desde la creencia de que los crímenes eran perpetrados por los presos políticos liberados, hasta la interpretación más global de que la apertura democrática habría generado un clima de tolerancia que desembocaba en la anarquía.
La consecuencia lógica de este raciocinio es que se hacía necesario reimplantar el estado de sitio, poniendo fin a un experimento del gobierno que, si bien fue bien intencionado, habría fracasado. Aunque este era un sentimiento que empezaba a cuajar en algunos sectores de la opinión pública, fueron pocos los que llegaron a comprometerse expresándolo públicamente. Entre estos pocos se destacaron el Directorio Conservador de Antioquia y el columnista Ayatollah --Rafael Santos-- de El Tiempo. A pesar de estas críticas, el gobierno se mantenía firme en contra del estado de sitio y en defensa de la amnistia y no carecía ni de apoyo entre la opinión pública, como parecía demostrarlo la sostenida popularidad del Presidente, ni de argumentos para sustentar su posición. Por un lado, como recordó el ministro de Gobierno, el estado de sitio nunca había solucionado los problemas de seguridad del país. El récord mundial de secuestros --136 en 1982-- a que se hizo acreedor Colombia, se dio en gran parte no sólo bajo el estado de sitio, sino también bajo el estatuto de seguridad. Hubo un momento de confusión, cuando el ministro de Gobierno, en un discurso en Barranquilla, pareció dejar abierta la posibilidad de reimplantar el estado de sitio, pero esta posición fue rápidamente descartada por el resto del gobierno.
Como nuevo elemento para este balance, en el fin de semana se registró un hecho que le permitió al gobierno mostrar dividendos concretos de su política de amnistía: después de un diálogo con miembros de la Comisión de Paz, encabezados por Otto Morales Benítez, los tres más altos dirigentes de las FARC manifestaron su disposición a abrir un diálogo con el gobierno sobre posibles fórmulas de convivencia.
Fuera del gobierno también hubo rechazo enérgico al estado de sitio, que iba desde sectores de izquierda hasta sectores conservadores como los que se expresan a través de El Siglo, que en un editorial contundente se pronunció contra el estado de excepción.
A todas éstas, en el grueso de los colombianos lo que parecía primar era una obsesión de seguridad, independientemente de la fórmula para lograrla. Este sentimiento se hizo evidente en la respuesta que la gente dio a la jornada por la paz convocada por el gobierno y algunos medios de comunicación, el sábado 5 de febrero. Durante ésta se vio una proliferación de banderas que incluyó la más grande del país, donada por el Banco de Colombia e izada públicamente por su presidente, Jaime Michelsen Uribe, en la calle 100 con carrera 7 en Bogotá.
El gobierno, sopesando el sentimiento ambivalente que reinaba entre el deseo de mayor seguridad por un lado y de darle una oportunidad a la apertura democrática por otro, empezó a diseñar una serie de mecanismos intermedios que permitieran, sin recurrir al estado de sitio, lograr un mayor control sobre el orden público. Se trataría, a grandes rasgos, en el terreno de la justicia, de la creación de una jurisdicción especial con tribunales civiles y procedimientos rápidos para algunos delitos como extorsión, secuestro y atraco. Quien está detrás del diseño y puesta en práctica de este proyecto sería el ministro de Justicia, Bernardo Gaitán Mahecha, que se ha convertido en el hombre clave de la adaptación de los mecanismos jurídicos a las nuevas circunstancias de orden público. Un tratamiento paralelo parece estarse vislumbrando para el problema del control en los campos, a través de la creación de instancias como las brigadas cívico-militares y otras que, según algunos observadores, podrían llegar a complementar e inclusive eventualmente a remplazar la acción que hoy cumple directamente la tropa.
El propio Presidente parecía encontrar la fórmula para nadar exitosamente entre dos aguas. En su carta a Otto Morales, mostró una singular destreza política, al defender categóricamente a las Fuerzas Arma das, que habían sido objeto de polémica por el editorial del general Landazábal y, al mismo tiempo, reafirmar su voluntad de seguir adelante con las política de apertura, diametralmente opuesta a la planteada por el controvertido editorial.--
Algunos secuestros
María Antonia Garcés. Diciembre82. Cali
Eran las 9:30 de la mañana en Cali. María Antonia Garcés, directora de Extensión Cultural del Valle, se dirigía, como lo hacía usualmente los lunes, al centro médico Invanaco. Estaba a punto de subir a su carro cuando dos individuos la interceptaron y la obligaron a entrar en un Renault 6 blanco que emprendió la fuga inmediatamente. Luego se supo que el carro había sido robado en Fusgasugá una semana antes del golpe.
Desde ese momento, la única comunicación que la familia ha recibido es una carta escrita de puño y letra de Tona, considerada de una extraordinaria entereza. Esta tranquiliza a los suyos y les comunica que se encuentra en buenas condiciones dadas las circunstancias. Luego, aparecen unas líneas escritas por los secuestradores, que instruyen a la familia sobre los pasos a seguir, si quieren recuperar a doña Toña sana y salva. La carta se cerraba con unas líneas alusivas a José Antonio Galán y a Policarpa Salavarrieta.
De ahí en adelante, la comunicación se ha cortado y los secuestradores ni siquiera han pedido rescate.
Reinaldo Rueda Castañeda.
Enero 14. Bucaramanga.
Reinaldo Rueda Castaneda, presidente del Atlético Bucaramanga, iba casi todos los fines de semana a su hacienda de San Wcente de Chucuri. Nunca le había pasado nada. Sin embargo el viernes 14 de enero, en el caminó a su finca fue interceptado por cinco hombres que desaparecieron con él. Días más tarde, cuando se hizo notoria su desaparición en Bucaramanga, se empezó a hablar de un posible secuestro.
Una versión que sólo se confirmó cuando al poco tiempo, el periódico Vanguardia Liberal recibió una extraña llamada: una voz femenina se identificaba como miembro del XII frente de las FARC, reivindicaba el secuestro y exigía la suma de 60 millones de pesos a cambio de su libertad.
Una suma que, si bien aterró a los bumangueses, no interfirió en las negociaciones que la familia del señor Rueda empezó a adelantar. A finales de enero ya había acordado pagar 15 millones por él.
Así, el 2 de febrero, Reinaldo Rueda, el acaudalado fundador de la empresa de buses Copetrán, fue dejado en las cercanías de su casa.
Nubia Correa de Luna.
Enero 29. Barranca de Loba
En la región de Barranca de Loba, el río Cauca se une al Magdalena; los esposos Luna tienen una finca ubicada a dos horas y media de El Banco, la ciudad donde residen. Durante largos años Trino Luna, médico, y su esposa Nubia Correa se han dedicado a la política. El fue gobernador del Magdalena y ella además de haber ocupado el cargó de alcaldesa de El Banco hace dos años, es en la actualidad suplente del parlamentario liberal Enrique Caballero. Doña Nubia se encontraba el sábado 29 de enero en su finca Papayal haciendo una visita de rutina. Eran las diez de la mañana cuando un comando guerrilleró motorizado irrumpió violentamente en los predios de la finca. Diez hombres y un niño vestidos con trajes de fatiga obligaron al capataz y a doña Nubia a abordar un vehículo. Instantes más tarde los miembros del comando se retiraron del lugar disparando al aire. Pocas horas después, el capataz fue liberado con una carta cuyo contenido se desconoce y que presuntamente está dirigida a Trino Luna con las instrucciones que debe de seguir para recuperar a su esposa con vida. Aunque la familia ha guardado el mayor hermetismo, se han filtrado versiones según las cuales los secuestradores piden 35 millones de pesos por la víctima, que según unos está en manos del ELN mientras otros especulan que fue capturada por miembros de las FARC.
Juan Vásquez.
Febrero 2, Bogotá
Eran las cinco de la mañana. Como era su costumbre, Juan Vásquez salió de su casa y se dirigió a la carretera de Circunvalación donde se reunía con un grupo de ámigos y con sus hermanos para practicar el atletismo, en medio del aire frío y puro que baja de los páramos del Oriente bogotano. Comenzaba así su día, que se prolongaría más adelante en medio de largas jornadas de trabajo. Apenas habían trotado algunos metros, cuando el grupo fue abordado por cinco carabineros. Las pocas personas que se encontraban en el lugar, a pocos metros de la estación del funicular de Monserrate, se extrañaron porque la policía no suele aparecer por ese lugar y menos a esa hora de la madrugada. Uno de los policías le había preguntado a una señora si había visto a otros deportistas por el lugar, minutos antes de amenazar con sus armas al grupo de atletas. Se llevaron a Juan Vásquez en un automóvil que partió en dirección desconocida. "Vayan a sus casas que más tarde les estamos comunicando sobre el problema", les gritaron los policías a los hermanos. Al rato, los sorprendidos hermanos Vásquez comprendieron que los presuntos carabineros no eran más que cinco individuos que acababan de secuestrar en sus narices a su hermano.
Luego se supo que la banda de secuestradores pide por la víctima la suma de dos millones de dólares (unos 140 millones de pesos) que, según sus allegados, para poder ser pagados requeriría la liquidación de todo el pátrimonio familiar.
José Hernán Chítiva.
Elver Augusto Miranda. Enero 29. Bogotá
No eran muy amigos. Sin embargo, ese día que Elver Augusto Miranda, estudiante de sexto semestre de arquitectura en la Gran Colombia y su compañero de estudios, José Hernán Chítiva Galindo, se encontraron en el banco cuando pagaban la matrícula de la Universidad, acordaron que posiblemente al otro día, los dos irían en el taxi de la familia Chítiva a tratar de ganar parte del dinero que José Hernán todavía adeudaba de su matrícula. Su padre, un pensionado de la policía, había fallecido hacía 27 días y la familia de seis hermanos no podría gozar durante tres meses de la pensión. Sin embargo, la familia había logrado reunir parte del dinero y a Jorge Hernán le tocaba conseguir, en un lapso de cuatro días, casi 5.000 pesos. Para eso proyectaba vender su moto y en las noches trabajar como taxista en el carro que su familia había comprado cuatro meses antes.
Así, el sábado en la noche, los dos compañeros iniciaron una jornada de la que nunca regresarían. Ya en la madrugada, faltando un cuarto para las tres llevaron a un pasajero que seguramente había pedido una carrera a Las Ferias y se adentraron en la Calle 62 A. Cuando se acercaban a la transversal 75, súbitamente se produjeron unos disparos y el carro quedó incrustado en el andén. Al instante, un hombre con chaqueta amarilla, armado, salió corriendo hacia el sur y unos muchachos que estaban en una fiesta en la esquina lo trataron de seguir. El hombre respondió con disparos y la persecución no prosiguió. A los pocos minutos, luego de una llamada, llegaba el F-2: José Hernán, que iba al volante había sido muerto por dos impactós en la nuca y Elder, que al parecer había recibido el disparo agachado, había fallecido con una bala que le había atravesado el corazón. Los tiros habían provenido de un revolver de 9 milímetros.
Inicialmente se pensó en la posibilidad de un secuestro, pero no se ha encontrado una evidencia contundente al respecto.