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| Foto: Archivo SEMANA

JUSTICIA

La tutela que definirá la suerte de Alberto Rojas en la Corte Constitucional

De manera inédita, los magistrados de ese alto tribunal decidirán el futuro de uno de sus colegas. La decisión implicaría un cambio de mayorías en ese organismo en la recta definitiva del proceso de paz. El fallo quedó en manos de dos conjueces.

23 de abril de 2018

En los próximos días la Corte Constitucional puede tomar una decisión que la transformaría por dentro. En un hecho sin antecedentes sus magistrados se disponen a votar sobre el futuro de uno de sus colegas: Alberto Rojas Ríos. El magistrado tiene su despacho en vilo por cuenta de una decisión judicial que ha dado vueltas por años en las altas cortes. 

El pleito comenzó desde su posesión y una posterior demanda en el Consejo de Estado. Allí, la Sección Quinta le ordenó en 2014 hacerse a un lado. Así, durante 10 meses y 20 días su cargo quedó en el congelador. Sin embargo, una tutela le permitió al abogado volver. Pero ese ‘salvavidas‘ de ayer se le convirtió en su amenaza de hoy.

La tutela fue seleccionada para revisión por una sala conformada por sus propios colegas en la Corte Constitucional. El caso está desde el 31 de julio de 2015, pero solo hasta ahora se vislumbra una decisión. La discusión jurídica gira en torno a la forma como fue seleccionado por el alto tribunal.

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En ese momento, en las altas cortes se vivía una especie de parálisis por cuenta de que no se seleccionaban rápido los magistrados. Para el caso de la vacante de Rojas, el Consejo de Estado había ya discutido en 13 salas sin llegar a un acuerdo. Al final, los magistrados decidieron cambiar la metodología: en lugar de votar secretamente lo hicieron poniéndose de pie. Ese cambio en las reglas es lo que discuten hoy los magistrados.   

La decisión no es fácil. En primer lugar se trata de la primera vez que en ese alto tribunal una tutela define la suerte de uno de ellos. Y por eso, el primer tema a tratar han sido los impedimentos sobre quiénes pueden participar en esa decisión. Por cuenta de la renovación que hubo en la Corte Constitucional, ese enredo se destrabó. 

Hace un par de semanas, la magistrada Gloria Ortiz radicó la ponencia. La abogada considera que se debe anular el nombramiento del magistrado. Según su tesis, el Consejo de Estado no puede transgredir dos normas básicas contenidas en su propio reglamento: la votación secreta y las mayorías necesarias para elegir. 

Ortiz asegura que la decisión de tutela de la Sección Quinta que lo sacó de su cargo no fue arbitraria ni violatoria del derecho al debido proceso. Agrega que aunque existiera la posibilidad de acudir a fórmulas para que los procesos electorales no quedaran estancados, esto no implicaba que se pudieran plantear alternativas que violaran el voto secreto. Para ella, esto desconocería las garantías institucionales a la transparencia, la independencia y la autonomía de los jueces.

La discusión además de ser inédita es incómoda al interior del alto tribunal y por ahora no genera un acuerdo. La primera ronda de votaciones mostró esa división. Por el momento, un grupo mayor de magistrados está con la tesis contraria a la de la ponencia. Alejandro Linares, Cristina Pardo, José Reyes Cuartas y Antonio José Lizarazo votaron en contra de la salida de su colega. En el otro lado estuvieron: Gloria Ortiz, Luis Guillermo Guerrero y Carlos Bernal. 

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Sin embargo, como Rojas no puede votar por sí mismo y la magistrada Diana Fajardo se encuentra impedida, no se alcanzó a conformar la mayoría necesaria para tomar una decisión. Por cuenta de eso, se nombraron dos conjueces: la decana de derecho de los Andes, Catalina Botero y el profesor del Rosario, Juan Ramón Martínez. En este momento, se necesitaría que los dos votaran en contra de Rojas para sacarlo y que solo uno vote a favor para dejarlo. 

La discusión sobre el futuro de Rojas lleva meses atravesada en un momento excepcional en que la Corte Constitucional debe revisar en la mitad del tiempo la constitucionalidad o no de las leyes de la paz. Precisamente en este tema el voto de Alberto Rojas es definitivo para uno de esos lados pues hace parte del bloque de magistrados jugados con los acuerdos con las Farc. En recientes decisiones, este sector solamente ha contado con 5 votos por cuenta de los impedimentos de algunos magistrados. 

Son cuatro los asuntos cruciales que quedan por pasar su examen: el decreto ley que establece las reglas para el inventario de bienes y activos de las Farc, la revisión a la Ley Estatutaria que reglamenta la JEP, la reforma rural y en unos meses el reglamento de la JEP. Si llegara a faltar, su reemplazo sería elegido por un Congreso de mayoría de derecha más escéptico con el proceso. 

Así, la decisión de quién llegaría a reemplazar a Rojas la tomaría un nuevo Senado con otro paronama distinto al de hoy. Las cuentas políticas anticipan que la mayoría estaría en la centro derecha conformada por el Centro Democrático (19 votos), Cambio Radical (16 votos), Partido Conservador (14 votos), Partidos Cristianos (6 votos) y un Partido de la U (13 votos) que podría girar ideológicamente si el nuevo presidente es de ese sector. Ante esta situación el proceso de paz podría perder un voto clave en momentos cruciales.

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Por otro lado, Rojas ha sido un magistrado que no ha pasado de agache y que ha sido protagonista de algunas polémicas (desde su propia designación hasta la tutela del caso autorolling). En el alto tribunal ha tenido fallos que han sido noticia por cuenta del trato a las minorías o la defensa del medioambiente. Y que al mismo tiempo han sido criticados por el sector minero y empresarial que consideran que no se ha respetado la seguridad jurídica en sus casos.  

El magistrado también fue el protagonista de la sentencia que le concedió beneficios pensionales a madres comunitarias, una decisión que -según el ICBF- condenaba al instituto a la quiebra y que puso de nuevo el debate sobre los efectos fiscales que pueden tener las sentencias. Los alcances de ese fallo luego fueron limitados por sus colegas. Así mismo, fue el ponente de la sentencia que permitió en Colombia el matrimonio entre parejas del mismo sexo. 

En las próximas semanas, sin embargo, será su propio caso el que acaparará la atención de la corte.