La gran constructora

La Universidad Pública de Cartagena maneja dos portafolios de servicios. Reparte uno entre los estudiantes de grado 11 en los colegios de la Costa y en él ofrece sus 20 programas de pregrado, 57 especializaciones, varias maestrías y un doctorado. Esa labor educativa le ha valido el reconocimiento como uno de los centros educativos de mayor prestigio en el Caribe. El otro es un portafolio de servicios, en el que la universidad ofrece su nombre para que a través de ella otras entidades públicas puedan ejecutar sus presupuestos sin los engorrosos trámites que exige la ley para contratar con un particular. De esta manera decenas de entidades le han trasladado millonarios presupuestos buscando hacer más expedita su ejecución.

De esa forma el nombre de la universidad aparece en proyectos muy disímiles. Con la Gobernación de Casanare se comprometió a hacer las graderías del estadio municipal. En el Meta trabaja en la renovación urbana en Puerto López. En Cartagena realizó los trabajos de recuperación de la capa vegetal del cerro de la Popa. Y hasta en el Capitolio Nacional está instalando los sistemas de sonido e iluminación del salón elíptico, por medio de un reciente contrato con la Cámara de Representantes. Ninguna de esas actividades parece muy acorde con las actividades normales de un centro de educación superior. ¿Cómo se llegó a esa situación?

Por su naturaleza jurídica, que abarca la figura de la autonomía universitaria, el plantel es una institución pública pero puede contratar como si fuera un particular. Esto le permite, por ejemplo, seleccionar a dedo quién hace una obra, sin que esto sea ilegal. Asimismo la ley permite que otra entidad la contrate bajo la figura de un convenio

interadministrativo, y de esta manera los dineros que estén involucrados en esa transacción, se pueden manejar bajo el régimen especial de contratación de la universidad.

Lo singular en este caso es que mientras otras universidades públicas utilizan este mecanismo para brindar asesorías, hacer diseños o consultorías, actividades más afines con el objetivo de educar e investigar, en el caso de la de Cartagena ha tenido un especial énfasis en la ejecución de obras.

SEMANA buscó en múltiples ocasiones y durante varios días al rector de este ente educativo, Sergio Hernández Gamarra, para esclarecer con él las inquietudes sobre los excesos que se podrían cometer bajo este mecanismo, pero nunca las atendió.

La Universidad reparte un folleto titulado 'Análisis de conveniencia para celebrar convenios interadministrativos' entre los posibles interesados en contratar con ella. Allí se argumenta que este mecanismo le permite a la Educación Superior Pública "la consecución de nuevos recursos y poder de esa forma cumplir a cabalidad con los preceptos y objetivos de su creación". Así mismo, en medio de una extensa explicación de la legalidad de este mecanismo se asegura que ellos son pioneros y "ha traspasado fronteras en la búsqueda de la descentralización administrativa, investigativa y metodológica".

Casi desde su nombramiento como rector en 2000, siendo gobernador de Bolívar Miguel Raad, Hernández Gamarra impulsó la figura del convenio con organismos de muchas partes del país.

Hizo uno de los mayores negocios de esta naturaleza con la Gobernación de Casanare, que cuenta con amplios recursos provenientes de las regalías. El convenio se firmó en 2002 cuando al frente del departamento estaba William Pérez. Comenzó en 23.000 millones de pesos para, luego de varias adiciones, algunos pocos días antes de que Pérez terminara su mandato, superar los 120.000 millones. Las buenas relaciones entre ambas entidades se reflejaron en otros cuatro convenios firmados por ese tiempo que sumaron más de 105.000 millones de pesos. Uno de estos era específicamente para hacer la interventoría de las mismas obras en las que la universidad era contratista.

Pero al llegar el nuevo gobernador Miguel Pérez, hoy prófugo buscado por supuestos vínculos con los paramilitares, el panorama cambió. Se publicó un informe de la Contraloría General de la República sobre las regalías de ese departamento, en el cual se cuestiona la conveniencia de este mecanismo para la administración de estos recursos. Pérez consultó a sus abogados por lo polémico que le resultaba manejar tal volumen de dinero a través de estos convenios, y luego de su dictamen resolvió terminarlos unilateralmente. Esto desembocó en un embrollo jurídico que aún no se resuelve. Helí Cala, quien aún no cumple su segundo mes al frente del encargo que le hizo el presidente Álvaro Uribe como gobernador, dijo a SEMANA que sobre los recursos que debe manejar, esto es lo más difícil que le toca resolver. "Quisiera cerrar los ojos y al abrirlos otra vez creer que salí de una pesadilla", dice.

La situación es tan exótica que la construcción de un gigantesco hospital, una de las obras que quedó inconclusa y que se suspendió a la par que los contratos, hace pocos días se reanudó sin que la Gobernación haya sido notificada. De la noche a la mañana empezaron a llegar decenas de volquetas y obreros y las autoridades, que son las dueñas del proyecto, no tienen su control. Además "como la plata no alcanza para terminar el hospital, me preocupa que se esté construyendo la primera etapa de un gran elefante blanco", dice el gobernador Cala.

Al revisar la forma como se ejecutaron estos contratos SEMANA encontró que la Universidad de Cartagena trabajó de la mano con una firma de la Costa llamada Sociedad Servicios de Ingeniería S.A. (SDI). Esta revista buscó una entrevista con su representante legal, Julio Parra, o con uno de sus ingenieros que está al frente de una de sus gerencias Alfredo Raad, hermano del ex gobernador, pero ambos solicitaron que se hiciese por escrito. En respuesta a un primer cuestionario, Parra dice que tiene vínculos comerciales con la universidad mediante contratos de gerencia de proyectos, y que ellos son "una compañía de ingeniería, enfocada hacia la búsqueda de soluciones integrales, innovadoras y autosostenibles que permitan a sus clientes satisfacer sus necesidades insatisfechas". Pero no se obtuvo respuesta a un segundo cuestionario en el cual se indagaba sobre mayores detalles de esta relación.

Aparte del caso de Casanare, SEMANA pudo determinar que esta empresa gestionó para la Universidad de Cartagena negocios con los municipios de Chinú, en Córdoba; Cáqueza, Zipaquirá y Jerusalén en Cundinamarca; Puerto López, en Meta, además del departamento de La Guajira, entre otros.

También SEMANA indagó si por esta razón la Universidad de Cartagena tenía cuestionamientos por entes de control y encontró que la delegada de investigaciones especiales de la Contraloría General le sigue una investigación. Se consultó también si existía familiaridad entre el contralor General, Antonio Hernández Gamarra y el rector de la universidad Sergio Hernández Gamarra y si de haberla esto podría representar un impedimento. Esta entidad a través de su oficina de prensa informó que Sergio es hijo de una prima del Contralor, y que eventualmente, dependiendo del grado de consanguinidad, si le correspondiera conocer un caso que involucrara a la universidad, tendría que declararse impedido.

Mientras tanto la universidad a la par que sigue fortaleciendo su actividad académica continúa buscando nuevas alianzas como las que hizo recientemente con la Cámara de Representantes. Su presidenta Zulema Jattin explicó a SEMANA que se optó por hacer unos trabajo de menor cuantía con esta entidad pues tienen experiencia en edificios que son patrimonio de la Nación. En este convenio, como en los nuevos que ha venido firmando a lo largo del país, la universidad ha buscado para su ejecución nuevos aliados.

Despierta inquietud que bajo un mecanismo legal en algún momento se puedan mimetizar abusos con los recursos de los colombianos. Bajo esta figura ¿cómo se seleccionan los contratistas? ¿Quién garantiza la transparencia en estos procesos? ¿De qué manera se sabe si no se está contratando a precios altos? Son sólo algunas preguntas sobre un mecanismo de contratación que si bien es legal no deja de ser por lo menos polémico.