La historia detrás de una guaca de las Farc: un disidente fugado, un fiscal muerto, un abogado sin tarjeta y 8.000 millones de pesos perdidos

Un disidente fugado, un reconocido abogado al que se le acabó la carrera, un fiscal que terminó acabando con su vida cuando se vio en problemas, un policía que no soportó la presión, un patrullero asesinado, una montaña de documentos falsificados y una caleta de las Farc escondida en medio de la selva del Caquetá con 8.000 millones de pesos en efectivo. Todos estos elementos forman parte de una insólita historia que mezcló avaricia, ingenuidad y delitos.

Como si se tratara del relato de la leyenda de El Dorado, la supuesta ciudad hecha de oro que por décadas obsesionó a conquistadores españoles y aventureros, la historia sobre una “guaca de las Farc” llevó a un grupo de funcionarios judiciales y uniformados a planear y emprender una operación para llegar hasta un puerto cercano al municipio de Cartagena del Chairá, Caquetá, con el fin de acceder al botín.

Todo empezó a mediados del año 2020, cuando todavía estaban latentes las restricciones por la pandemia de la covid-19. Raúl Alzate Balanta, conocido como el Enano, un disidente de las Farc de la región de los Llanos, le aseguró a Jimmy Andrés Gasca Osorio, su abogado de confianza, que no contaba con los recursos para pagar sus honorarios, pero ya tenía un plan B.

Le relató una historia que hizo que el signo pesos se dibujara en los ojos del jurista: el Enano le aseguró que él sabía la ubicación exacta de una caleta de las Farc, que tenía 8.000 millones de pesos en efectivo y armas; la cual había sido escondida en medio de las negociaciones del acuerdo de paz.

El abogado se contactó inmediatamente con un grupo de policías y un asistente de una Fiscalía de Florencia con el fin de “desenterrar la guaca”. Solo había un problema: la persona que tenía la información estaba fuertemente custodiada en una URI en la capital del Caquetá.

Gasca Osorio se contactó con un exagente de la Policía, con quien ya había trabajado en otros casos, para poner en marcha el plan. El primer paso era sacar al disidente de la URI y trasladarlo hasta la selva para desenterrar el tesoro.

Con una identidad falsa y un documento totalmente adulterado, el expolicía logró sacar al Enano con la excusa de una cita médica en Florencia. Ya en la calle, el mismo abogado los recogió en su vehículo personal y los trasladó hasta su vivienda, donde se reunieron con otros agentes de la policía y el fiscal.

Ya era octubre de 2020, y la sociedad estaba volviendo a la normalidad tras la cuarentena. Pocas horas después emprendieron la marcha. En el camino se encontraron varios retenes, debido a que estaban en zona roja. Para evitar llamar la atención de las autoridades, se presentó al Enano como un integrante más de la Fiscalía que iba a participar en una diligencia de exhumación; para esto, mostraron un documento hecho a las carreras y con información totalmente ficticia.

Ya en el puerto se encontraron con otro policía y el auxiliar de la Fiscalía. En una lancha bautizada Mónaco emprendieron el viaje hasta el sector conocido como Peñas Coloradas, donde supuestamente estaba el millonario botín.

En dicho lugar, agentes de la Armada Nacional y del Ejército los retuvieron para preguntarles por su presencia en la zona. A lo que el abogado, el asistente del fiscal y el disidente respondieron al unísono que iban a realizar una exhumación de urgencia.

En un parpadeo, el estructurado plan se fue derrumbando frente a los ojos del abogado y sus socios. Pese a que en el puerto de Peñas Coloradas ya se había contactado a “un motorista” para que los trasladara hasta el lugar donde supuestamente estaba el tesoro, los teléfonos del fiscal y de su asistente empezaron a sonar con insistencia.

Desde Florencia les advirtieron de un abandono del puesto de trabajo, pues no contaban con un permiso para ausentarse de sus actividades. El fiscal seccional les aseguró que había recibido un reporte del Ejército que indicaba su presencia en una zona sin justificación alguna.

“Tuvieron que devolverse porque el personal del Ejército alertó que algo extraño pasaba con ellos”, señala uno de los apartes de la investigación disciplinaria conocida por SEMANA. Esta situación los llevó a abortar la misión ante el temor de que los militares los detuvieran mientras buscaban la guaca.

En la misma lancha que se fueron tuvieron que regresar a Florencia sin un solo peso de los 8.000 millones que estaban buscando, pero la mala suerte no terminó ahí para los miembros de la “comisión”.

El Enano, a quien iban a regresar a la URI cuando se acabara la misión, aprovechó el agotamiento y el malestar de sus acompañantes para fugarse. Hasta el sol de hoy, cinco años después, nadie sabe de su paradero. “Con el propósito de lograr acceder a la ‘caleta’, lo cual, finalmente por factores externos no pudieron lograr, pero sí se concretó la fuga del señor Raúl Alzate”, reza la investigación disciplinaria que cobijó al abogado y al asistente de la Fiscalía de Florencia.

En medio del lío que se extendió a los ámbitos penales y disciplinarios, los funcionarios de la Rama Judicial y el abogado empezaron a echarse la culpa entre ellos. “Fui engañado”, fue una de las frases que más repitieron para esquivar la responsabilidad en este caso.

El fiscal Zuzunaga, en junio de 2023, en medio de las presiones y una investigación sobre los hombros, tomó la trágica decisión de quitarse la vida. En la carta dirigida a sus familiares, aseguraba que no soportaba ese montaje judicial. Otro policía implicado en el fallido plan murió en extrañas circunstancias.

En el fallo definitivo, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial destituyó e inhabilitó de por vida al abogado Jimmy Andrés Gasca Osorio, teniendo en cuenta la declaración del testigo estrella en este caso, quien aseguró que ya existía un “acuerdo para la división” del botín.

Los cazatesoros inexpertos planteaban entregar, según los testimonios, el 25 por ciento de los 8.000 millones de pesos a hombres de la Armada Nacional y el Ejército; por eso el caso se mantiene en otros escenarios judiciales, pues la Comisión compulsó copias para que se investiguen estas declaraciones y verificar si integrantes de estas entidades participaron en este plan.