Así operaba la red de medicamentos vencidos que cobró la vida de 16 bebés en Valledupar

María Milagros Mendoza de Armas nació el 17 de enero de 2017 y murió siete días después. Fue la última de los 16 bebés prematuros que habrían tenido el mismo sino trágico en la Clínica Laura Daniela de Valledupar en un lapso de seis meses. La bebé nació a las 34 semanas de gestación en la unidad de cuidados intensivos, donde fue sometida a un tratamiento con Survanta, un medicamento esencial que ayuda a suplir la deficiencia respiratoria de los recién nacidos.

La Fiscalía investiga 16 casos presentados entre el 28 de junio de 2016 y el 24 de enero de 2017, cuando murió María Milagros. Todos eran prematuros de 30 a 36 semanas de gestación. Al parecer habría más bebés fallecidos, pues Diana de Armas, madre de María Milagros, supo de dos casos más en septiembre pasado por las madres que protestaron en las afueras de la clínica pidiendo claridad sobre lo ocurrido.

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Esta tragedia comenzó a salir a la luz el 25 de noviembre de 2016 en el hospital departamental Rosario Pumarejo de López de Valledupar, cuando a la neonatóloga de turno le pareció extraña que la presentación del producto y su contenido eran diferentes a los acostumbrados. Por eso, decidió no aplicárselo al bebé que trataba y, de inmediato, reportar lo ocurrido a la dirección de la clínica. Esta a su vez lo informó a la Secretaría de Salud Departamental y al Invima.

Además, por protocolo retiraron el medicamento y suspendieron las compras al proveedor: la Distribuidora Farmapos, cuyo representante legal hoy está preso. En la Clínica Laura Daniela, por el contrario, nadie se percató de la calidad de los medicamentos ni hubo alarmas, a pesar de la continua muerte de bebés.

Mercaderes de la muerte

Finalmente, esta semana, el caso de los 16 bebés muertos dio un giro cuando la Fiscalía y la Policía Fiscal y Aduanera capturaron en Barranquilla y en otras cuatro ciudades a 20 miembros de una organización que compraba medicamentos vencidos en Venezuela y Ecuador; los traían de contrabando al país, los reempacaban en envases y cajas con fechas de vencimiento, registros sanitarios y otras informaciones adulteradas. Después, los vendían a hospitales, clínicas, farmacias y pacientes.

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Esta organización se concentraba en productos para enfermedades complejas y de alto costo como cáncer gástrico, de pulmón, mama, colon, vesícula, próstata y testículos; así como en carcinomas, linfomas, sarcomas y leucemia, entre otras. Se estima que, al año, facturaban más de 5.000 millones de pesos.

Durante varios meses un agente infiltrado de la Policía Fiscal y Aduanera siguió, día a día, las operaciones. También encontró que la red robaba medicinas de alto costo de almacenes de EPS o, incluso, les recompraban las drogas a personas con enfermedades terminales para revenderlas. Incluso, tenían laboratorios clandestinos donde usaban cemento, harina, polvo de maíz, colorantes artificiales, agua no tratada, entre otros, para fabricar suplementos multivitamínicos y dietarios, potencializadores sexuales, anticonceptivos, sueros pediátricos y analgésicos.

Tras conocer a fondo la operación, finalmente las autoridades pudieron acabar con esta organización criminal que tenía centro de operaciones en Barranquilla y socios en Cartagena, Montería, Bogotá y Medellín (ver recuadro). También se vino a saber, de la manera más dolorosa, que comercializaban el Survanta, causante de la muerte de los bebés.

Diana de Armas, madre de María Milagros, dijo a SEMANA que no se detendrá hasta dar con el último de los responsables del homicidio de su bebé. Ella solo la vio al día siguiente del parto en la unidad de cuidados intensivos, cuando el médico neonatólogo le explicó que estaban suministrándole Survanta para madurarle los pulmones, y alcanzó a ver que sobre el respirador estaba escrito el nombre del medicamento con letras moradas. Ahora, todo indica que el remedio no funcionó porque estaba adulterado.

El abogado Luis Eduardo Avendaño Gamarra, apoderado de otras cuatro madres víctimas, denunció a María Paulina Martínez Gómez, representante legal de la Clínica Laura Daniela, por los presuntos delitos de homicidio en concurso con corrupción de alimentos y productos médicos y falsificación de medicamentos.

Las investigaciones tomaron un nuevo giro cuando el laboratorio Abbvie, fabricante de los medicamentos Survanta y Synagis, contrató a la firma de abogados Juritech y Co. para que denunciara ante el Invima, la Superintendencia de Salud y la Secretaría de Salud del Cesar la posible adulteración de estos productos, tras conocer lo que pasaba en Valledupar. Esto motivó una inspección el 27 de enero del año pasado a la Clínica Laura Daniela, en donde recogieron todos los medicamentos que tenían porque encontraron que no contaban con las condiciones necesarias para conservarlos.

Meyer Cañón, perito de la casa matriz de Synagis y Survanta, al ver los medicamentos decomisados dijo que la etiqueta y las características de las tintas y del producto eran tan burdos, que hasta tenían errores ortográficos. En diálogo con SEMANA, afirmó que por tratarse de un medicamento esencial y ante la aparente urgencia de la clínica por abastecerse de estos productos, los funcionarios habrían buscado proveedores locales sin cerciorarse si eran autorizados o no. O, como ahora cree la Fiscalía, algunos tenían relaciones con la red de contrabando y adulteración de medicamentos.

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Solo por lo ocurrido en la clínica, la Fiscalía dictó medida de aseguramiento contra cinco personas por los supuestos delitos de usurpación de derechos de propiedad industrial y simulación de alimentos, productos o sustancias al distribuir medicamentos sin autorización del fabricante. Están involucrados la Distribuidora Farmapos, cuyo gerente, Said Moreno Pérez, y la representante legal, France Lozano Sepúlveda, están detenidos; al igual que Osmany Córdoba Peña, de VC Medical –otra distribuidora del medicamento–; Lester Turbay, distribuidor independiente de Survanta; y Aroldo Daza Durán, regente de compras de la Clínica Laura Daniela.

Lo ocurrido en Valledupar debe alertar a los organismos de vigilancia y control en todo el país por el preocupante contrabando, falsificación o adulteración de medicamentos y productos, no solo por la salud y la vida de quienes los consumen, sino por el hueco que se le está haciendo al sistema de salud y a la industria legal.

Así operaba la red

La Policía Fiscal y Aduanera logró, tras un arduo trabajo de inteligencia, conocer toda la operación de los traficantes de medicamentos.

Tras cuatro meses de investigación y seguimiento, la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) logró identificar y capturar el jueves a Fernando Terán, el presunto cabecilla de la banda, y a 19 presuntos cómplices, la mayoría de los cuales se allanaron a los cargos. Terán dirigía una operación que comenzaba en la compra de medicamentos vencidos a miembros de la Guardia Nacional venezolana, quienes los sustraían de contenedores confiscados a importadores y abandonados en los puertos o a través de dispensarios de droguerías en Maracaibo, Caracas, San Antonio, Ureña y San Cristóbal, para ingresarlos por Paraguachón y Cúcuta.

La exitosa operación, bautizada Farmacostas, es la tercera fase de una investigación contra falsificadores y contrabandistas de medicamentos para enfermedades catastróficas. La primera fase se realizó entre junio y julio de 2017, cuando los agentes capturaron a 10 miembros de la banda e incautaron 24.018 unidades de medicamentos falsos, en su mayoría provenientes de Venezuela. La segunda, llamada Fénix, adelantada en Atlántico, La Guajira, Cesar, Magdalena, Bolívar, Sucre y Córdoba y condujo a la captura de cuatro personas, entre ellos Jorge Echavarría Ojeda, alias Verruga. Esta persona falsificó las cajas de Survanta, vendidas a la Clínica Laura Daniela de Valledupar, que habrían causado la muerte de 16 bebés. Alias Verruga aceptó los cargos.

En esta última fase las autoridades incautaron 27.075 unidades de medicamentos y 7.684 dispositivos médicos como jeringas y elementos de sutura. Entre los 14 capturados en Barranquilla, hay litógrafos, reclutadores de pacientes del Sisbén afiliados a la Nueva EPS y contrabandistas de medicamentos. Entre los miembros de esta organización aparecen financiadores involucrados en el negocio del gota a gota, otros encargados de conseguir medicamentos de uso institucional, muestras médicas, medicamentos vencidos y empresas fachada como Distribuidora Médica Sanjuán, Mediservicios Integrales S.A.S, y BJ Pharma.

También se estableció que había medicamentos adquiridos a bajos precios y revendidos en Colombia, donde ingresan de contrabando por la modalidad de hormigueo. Una vez en territorio nacional, cambian las etiquetas en litografías clandestinas en Barranquilla y luego los distribuyen en EPS e IPS de la ciudad y de la región.La meticulosa investigación, que comenzó en un trabajo iniciado por la Polfa en 2012, ha permitido descubrir organizaciones que crean laboratorios, farmacias y distribuidores de fachada o que buscan acaparar los medicamentos del mercado negro para legalizarlos y venderlos. Vendían un lote de medicamentos adquirido en Venezuela por 500.000 pesos, a 60 millones de pesos en Colombia. Entre sus ciudades preferidas tenían a Barranquilla porque se puede usar aeromensajería y hay menos pie de fuerza.En 2017, la Policía Fiscal y Aduanera logró aprehender 3.696.247 unidades de medicamentos y en lo corrido de este año ya llevan 2.392.380 unidades en, estimadas 1.060 millones de pesos. Cifras que, en este contexto, no pueden resultar más macabras.