La muerte de Telecom

El martes 10 de junio hacia el mediodía el presidente de Telecom, Alfonso Gómez, y algunos colaboradores estaban a punto de terminar una reunión con representantes de la firma japonesa Mitsui, dueña de la NEC, empresa con la cual Telecom tiene un negocio de riesgo compartido. Ya estaban saliendo de la oficina cuando una de las secretarias les avisó que había miembros del sindicato que, furiosos, protestaban afuera.

Los visitantes alcanzaron a salir por el ascensor privado de la presidencia de la empresa pero de inmediato el vociferante grupo sindical bloqueó el acceso a los ascensores y en minutos ya estaban frente a una puerta blindada que conduce a la oficina del presidente. Desde adentro se escuchaban los gritos y reclamos, que muy pronto se convirtieron en patadas y sillas rotas. "Parecía como si quisieran zafar el marco de la puerta", dijo uno de los empleados que presenció la escena.

El presidente Gómez se encerró con otros funcionarios en su oficina. Esperaban que pasara el escándalo. En esas sintieron que alguien caminaba por el techo e intentaba levantar los cielos rasos. La cosa ya estaba pasando de castaño a oscuro, así que se refugiaron en una pequeña sala de recibo, ubicada entre el ascensor, la escalera y la puerta de emergencia.

De pronto les llegó otro grito de aviso: alguno vio que dos hombres se descolgaban por fuera del edificio, desde el piso 14 al 13, donde estaban usando las mangueras de los extintores como cuerdas. Irrumpieron en la oficinas por una puerta-ventana que da hacia afuera y comenzaron a quitar las cámaras de video para que no quedara registro de su intrusión.

Atrapados en su escondite temporal los directivos llamaron a la Policía. En cinco minutos llegó el escuadrón antimotines. Hombres de negro, armados de bastones, entraron en un santiamén y tomaron el control de la situación sin mayores encontrones. Sacaron al presidente al ascensor y de ahí al sótano. Cinco personas fueron detenidas. El sindicato dice que las cosas fueron distintas y que hubo trabajadores que recibieron golpes y agresiones cuando llegó la Policía.

El intento de toma por parte de los líderes sindicales de Telecom era una protesta por la decisión en primera instancia de una filial de la empresa, Telebucaramanga, de despedir a 12 trabajadores por un cese presuntamente ilegal de actividades. La reacción del sindicato era desmedida, más aún si se tiene en cuenta que se originaba en unos despidos que todavía no estaban en firme y, por lo tanto, los trabajadores sancionados seguían en sus puestos.

No obstante el insólito episodio reflejaba la enorme tensión que se vive en la empresa de telecomunicaciones más grande del país desde hace meses. Los sindicatos veían venir pasos de animal grande, pues el gobierno había anunciado en reiteradas ocasiones que buscaba soluciones de fondo para una empresa cuyas pérdidas operacionales alcanzaron casi el medio billón de pesos en 2002. No sabían, sin embargo, para dónde iría el gobierno. El ejemplo de Emcali, en el que el mismo presidente Alvaro Uribe se sentó a conversar con el sindicato, les indicaba que podría haber una negociación. Pero sucedía todo lo contrario. Según lo dijo uno de los dirigentes sindicales a SEMANA, sentían que la empresa no los escuchaba y no había propuestas de diálogo sobre la mesa.

Si lo que querían era espacios de conversación se equivocaron con su movida del martes pasado -digna de película de acción norteamericana-. Sin saberlo precipitaron una medida que de todas maneras se estaba cocinando desde el 25 de enero de este año: la liquidación definitiva de la gigante empresa, con más de 10.000 empleados. El gobierno la venía preparando en absoluto secreto, e incluso había diseñado un plan de contingencia para aguantar el chaparrón que se vendría cuando anunciara la muerte de Telecom, y evitar que se interrumpiera el servicio, como ocurrió en la huelga de 1992. Pero como tuvo que poner en práctica su plan de contingencia en forma prematura, resolvió echarse al agua y adelantar unas semanas la firma del decreto de liquidación.

La sorpresa fue grande para los trabajadores y para el país. Hace años que la opinión escuchaba el mismo cuento de que Telecom era inviable, que no podía seguir así. Pero, como sucede a menudo en Colombia, no pasaba nada y las cosas seguían deteriorándose a paso de tortuga. Era difícil creer que un gobierno finalmente pasara del dicho al hecho. Es que la empresa no daba para más.

Toco fondo

Para entender la situación en que estaba Telecom basta con darle una mirada a los resultados financieros que reportó en 2002. La empresa registró ingresos por 1,9 billones de pesos y arrojó pérdidas operacionales por 470.000 millones de pesos. Esto quiere decir que de cada 100 pesos que le entraron perdió más o menos 40. ¿Cómo llegó a esta situación?

Parte de la explicación -aunque, hay que decirlo, no toda- pasa por el tema laboral. El año pasado la empresa debió girar cerca de 350.000 millones para atender las obligaciones que tiene con 16.000 jubilados. El pasivo pensional se acerca a los 5,5 billones de pesos. A la fecha sólo hay reservas para cubrir la quinta parte de esa deuda.

Este punto resalta el primer pecado financiero que cometió Telecom, que además es común en muchas empresas estatales. Los gerentes que estuvieron a cargo de ésta durante décadas no hicieron las provisiones que debieron haber hecho para pagar las pensiones futuras. La plata se fue a otras cosas, y también a girarle utilidades al gobierno, que pudo financiarse con las ganancias de Telecom en los años en que ésta tenía el monopolio de las comunicaciones.

Las concesiones que los presidentes de la empresa hicieron a lo largo de los años llevaron a que ésta tuviera un régimen pensional privilegiado para los trabajadores, pero sumamente costoso para la empresa. Ligados a esto estaban otros beneficios laborales que se concedieron a través de la convención colectiva que llevaron a que el costo de cada empleado fuera, en promedio, de 73 millones de pesos al año. Es decir, unos seis millones de pesos al mes.

Alfonso Gómez, quien era el presidente de la recién extinta Telecom y ahora lo es de la nueva 'Colombia Telecomunicaciones', explica que en ese costo laboral, además de los salarios, se incluyen otras cosas como pensiones, subsidios y los más variados beneficios. La empresa, por ejemplo, nunca se afilió a una caja de compensación y por eso debía mantener directamente sus centros de recreación. Telecom también otorgaba préstamos a los trabajadores a tasas subsidiadas y tenía al momento de la liquidación una cartera de créditos de 200.000 millones de pesos, que es superior a la que tiene, por ejemplo, Banestado.

Más allá de la parte laboral, Telecom tenía una estructura administrativa increíblemente ineficiente. En realidad no funcionaba como una empresa sino como 43. La compañía estaba dividida en 27 gerencias departamentales, y por aparte tenía las 15 teleasociadas, que son empresas de telefonía local en las que Telecom participaba junto con otros socios (los gobiernos locales, por lo general). Cada una de estas sedes y compañías regionales tenía su propio gerente, cuota de algún político local, y su propio equipo directivo, en un ambiente caracterizado muchas veces por la negligencia administrativa y también por la corrupción. Por eso no es de extrañarse que, según cálculos de la presidencia de Telecom, de cada 100 pesos en servicios que prestaba la empresa sólo lograba facturar 70. Y de esos 70 sólo alcanzaba a cobrar 70 por ciento.

Estas gerencias no se unían para hacer compras conjuntas o para coordinar sus tarifas y sus estrategias comerciales, por ejemplo. Y hacían que la planta de personal de Telecom tuviera una persona en el área administrativa por cada empleado operativo, cuando lo normal en otras compañías del sector es que haya un administrativo por cada tres operativos.

"La dispersión era tal que, sólo para atender el Eje Cafetero, Telecom tenía siete compañías distintas, cuenta Gómez. Lo otro que dificultaba la gerencia era la naturaleza jurídica de la empresa, que implicaba, por ejemplo, tener unos vendedores que ganaban lo mismo sin importar cuánto vendieran. Y también un régimen presupuestal muy lento. Mientras se conseguían todas la autorizaciones para hacer cualquier inversión los competidores ya habían tomado ventaja", añade.

El otro gran lastre de Telecom, que contribuyó decisivamente a su hundimiento, fueron los contratos de riesgo compartido. Durante los 90 la empresa se embarcó en un negocio que sonaba bien al principio, pero resultó un desastre al final. La idea era asociarse con firmas extranjeras para instalar un millón y medio de líneas telefónicas en el país. El socio privado hacía la inversión inicial, durante un tiempo compartían las ganancias, y después las líneas pasaban a ser propiedad de Telecom. El problema es que el riesgo de los contratos no era tan compartido como indicaba su nombre. Si los ingresos de las líneas resultaban inferiores a lo proyectado inicialmente, Telecom le tenía que pagar la diferencia al asociado en dólares.

Se firmaron entonces 15 contratos con multinacionales como Siemens, Alcatel, Ericsson, NEC, Itochu y Nortel entre 1993 y 1998. Y todo salió mal. Al ritmo de los afanes clientelistas se instalaron líneas donde nadie estaba dispuesto a pagar por ellas. Luego se cayó la economía y los ingresos de los contratos estuvieron muy por debajo de lo proyectado, lo que le generó una deuda gigantesca a Telecom. La pretensión de las multinacionales asociadas es reclamar 1.800 millones de dólares, aunque los cálculos de la empresa estatal indican que la suma es muchísimo menor.

Hay que aclarar, sin embargo, que la deuda de esos contratos sólo se genera cuando estos se vencen y cuando las dos partes, o un tribunal de arbitramento, fijen el monto por pagar. Los contratos más grandes, o están vigentes todavía, o están en pleito sin que los tribunales hayan decidido la suma por pagar. Salvo el caso Nortel, y otros que se acordaron por fuera de un tribunal, hasta ahora Telecom no ha tenido que girar sumas enormes por cuenta de esos acuerdos. Pero cuando todos se venzan y lleguen los fallos de los jueces la cuenta por pagar podría ser monumental.

El hecho es que aun antes de asumir la deuda de los contratos de riesgo compartido la situación de Telecom era crítica. El termómetro más fiable de la salud financiera de una empresa siempre es la caja. Y esta se iba a acabar este año. Los estimativos de la empresa daban que en enero de 2004 Telecom no tendría con qué pagar a sus proveedores, empleados y acreedores. Si la empresa se iba a quedar sin caja aun antes de empezar a pagar las obligaciones de los contratos de riesgo compartido, ¿cómo sería la situación cuándo llegara el momento de pagarlos?

Sin anestesia

Desde el inicio de la administración de Alvaro Uribe la situación de Telecom estaba bien diagnosticada. Lo que nadie esperaba era que de todos los caminos de solución posibles el gobierno se fuera a ir por el más radical.

En Emcali, por ejemplo, el gobierno optó por una liquidación condicionada. En principio, la empresa se liquida. Pero si el sindicato acepta modificar la convención colectiva, y si los bancos y otros acreedores externos que tiene la empresa rebajan sus pretensiones, se reversa la decisión y la entidad sigue viva. Después de negociar directamente con Alvaro Uribe el sindicato aceptó desmontar varias de las prebendas de la convención colectiva. Hizo bien, pues le quitó al gobierno la disculpa para liquidar.

"Una solución de ese estilo no se ensayó en Telecom porque no había tiempo. La inminencia de la crisis no daba el respiro para ajustes graduales, afirma la ministra de Comunicaciones, Marta Pinto de De Hart. De haber seguido como iba Telecom hubiera entrado en Ley 550, o habría sido intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos. Bajo esas figuras la administración se vuelve todavía más rígida y en un mercado competido la empresa se terminaría de hundir".

La fórmula que eligió el gobierno se parece a la que el gobierno de Andrés Pastrana aplicó en la Caja Agraria, que en 1999 fue liquidada y reemplazada en cuestión de días por el Banco Agrario. Ahora se liquida la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (el nombre completo de Telecom), así como 12 de sus filiales en las regiones, y se crea una nueva compañía por acciones, pero de propiedad ciento por ciento estatal, que se llamará Colombia Telecomunicaciones. Para sus actividades comerciales y de publicidad la nueva empresa seguirá utilizando la marca Telecom (lo que inevitablemente confundirá al público).

Colombia Telecomunicaciones recibe las licencias para operar los servicios (larga distancia, etc...) y arranca de cero. Otros activos, como son los inmuebles, las redes y los equipos, seguirán en cabeza de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones en liquidación. La nueva empresa tendrá un contrato de operación para administrar esos activos y le transferirá todas sus ganancias a la vieja Telecom para que pague sus deudas dentro de su proceso de liquidación.

Las primeras deudas que se tienen que pagar siempre son las laborales. Para atender la parte pensional Telecom constituyó un patrimonio autónomo y le metió recursos por cerca de un billón de pesos. Pero como la deuda pensional asciende a 5,5 billones, tuvo que poner además un pagaré, a 18 años, por los 4,5 billones restantes. ¿Cómo lo va a pagar? Con los recursos que le gire la nueva empresa, Colombia Telecomunicaciones, por explotar sus redes y equipos.

Hasta la semana pasada Telecom, incluyendo a sus filiales, tenía más de 10.000 empleados, de los cuales unos 7.000 eran de planta y el resto estaba vinculado mediante contratos de prestación de servicios. El plan del gobierno es liquidarlos a todos y calcula que la indemnización será, en promedio, de 50 millones de pesos por trabajador para los de planta.

De otro lado, Colombia Telecomunicaciones enganchará cerca de 5.000 trabajadores en total, de los cuales unos 2.000 serán de planta. El número de gente, entonces, se reducirá a la mitad, aunque el gobierno ha aclarado que no saldrán de aquellos empleados que estén próximos a jubilarse ni se desvincularán madres cabeza de familia o personas discapacitadas.

De entrada esto generará un ahorro muy grande que, sumado a la nueva estructura administrativa que será más centralizada y no tendrá tanto gerente, debería volver rentable la operación de las redes y equipos de Telecom. Esta empresa tiene tres millones de líneas instaladas y el año pasado facturó cerca de 2,4 billones pesos (incluyendo las filiales). Si se tiene en cuenta que en una empresa más eficiente, como es la ETB, las ganancias operacionales equivalen al 47 por ciento de los ingresos, la nueva Telecom debería estar en capacidad de producir mucha plata. Si lograra los mismos estándares de eficiencia de la ETB debería producir ganancias operacionales de 1,1 billones de pesos al año, que contrastan con el medio billón de pérdidas que arrojaba con la antigua estructura.

Del dicho al hecho

El esquema que ha diseñado el gobierno se ve fácil en el papel. Pero otra cosa es llevarlo a la práctica. Por las dificultades propias de montar una empresa de ese tamaño, y por el enrarecido ambiente laboral, Colombia Telecomunicaciones enfrentará toda suerte de obstáculos. Los políticos, acostumbrados a manejar la burocracia de la compañía, se van a atravesar en el camino. Y también habrá tropiezos jurídicos. Entre otras cosas porque el sindicato de la vieja Telecom intentará por todos los medios tumbar el decreto de liquidación.

El gobierno, sin embargo, había estudiado muy bien su movida desde el punto de vista jurídico y por eso confía en que quede en firme. Aún así quedan muchas preguntas sobre la forma en que se va a aplicar la figura de liquidación. En principio este es un estado transitorio mientras las empresas dejan de existir, en un plazo que no debería ser superior a uno o dos años.

¿Cómo se podría liquidar Telecom en dos años si tiene entre sus deudas un pagaré a 18 años que respalda el pasivo pensional? ¿Cuánto tiempo tardaría en pagar las deudas de los contratos de riesgo compartido una vez fallen los jueces o se llegue a un arreglo con las multinacionales? Los abogados del gobierno afirman que hay fórmulas jurídicas y financieras para arreglar estos asuntos y liquidar en un término breve a la antigua Telecom. Esto pasaría por trasladar activos y pasivos entre la vieja y la nueva compañía. En cualquier caso el proceso sería enredado y hay razones para temer una 'liquidación perpetua', al estilo de muchas que ha habido en Colombia en el pasado.

La decisión de liquidar a Telecom también deja otros interrogantes. ¿Por qué Alvaro Uribe abrió canales de diálogo con otros sindicatos, como el del Seguro Social, el de Emcali, e incluso el de Ecopetrol, y no lo hizo con el de Telecom? Es cierto que éste último había tenido la oportunidad de aportar a la salvación de la empresa durante la administración Pastrana, pero también la habían tenido los demás sindicatos y aún así Uribe les dio un nuevo chance.

La liquidación de Telecom y la creación de una empresa tiene un efecto muy importante, y es que desaparece la convención colectiva de trabajo. Pero este ya es el segundo caso, después de la Caja Agraria, y hay quienes se preguntan si es legítimo que el Estado acuda sistemáticamente a esta figura para romper unos compromisos que, al fin y al cabo, ha asumido de manera voluntaria con los trabajadores.

Quienes han estudiado la situación financiera de Telecom aseguran que no había tiempo para tanta filosofía. La empresa iba derecho hacia una cesación de pagos y el efecto práctico habría sido el mismo al final. La diferencia es que cuanto más se tardara la liquidación, más costosa iba a resultar. De hecho, la Ministra de Comunicaciones destaca que por haber sido temprana será autofinanciable y, por lo tanto, no demandará recursos de los contribuyentes.

En resumidas cuentas, es innegable que al liquidar Telecom el gobierno ha cogido un toro bravo por los cuernos. Se necesitaba mucho coraje para tomar una decisión tan drástica, y hay que decirlo, ya otros gobiernos anteriores habían tenido las facultades extraordinarias y el capital político para hacerlo y no se habían atrevido, prolongando la larga agonía del enfermo. Uribe y su ministra De de Hart optaron por la cirugía mayor, para trasplantarle lo que le queda de vida a la empresa a una nueva. De todos modos la recuperación será difícil y traumática. La resurrección de la nueva Telecom hasta ahora comienza.