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| 9/14/2018 9:39:00 AM

Abren pliego de cargos a Corficolombiana y a Odebrecht por Ruta del Sol II

Por el pago de sobornos en esta licitación, la Superintendencia de Industria y Comercio cuestionó el proceder de los integrantes del consorcio, excluyendo de responsabilidad al grupo Solarte. También le formuló cargos a Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, presidente del Grupo Aval y a otros directivos, pero en su caso por presunto conflicto de intereses.

La SIC abre pliego de cargos a Corficolombiana y a Odebrecht por Ruta del Sol II Abren pliego de cargos a Corficolombiana y a Odebrecht por Ruta del Sol II Foto: EFE

A pocas horas de dejar la Superintendencia de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo entregó los resultados de su caso más crucial. Abrió pliego de cargos en contra de los directivos de Odebrecht y de Corficolombiana por las irregularidades que rodearon la adjudicación de la Rutal del Sol tramo dos en el año 2010.

Esta medida afecta a las firmas Constructora Norberto Odebrecht, Odebrecht Investimento EM Infraestructura Ltda, Corficolombiana, Episol SA y Concesionaria Ruta del Sol SAS. Además, contra los particulares: el ex viceministro Gabriel García Morales, contra Luiz Antonio Mameri, Luiz Antonio Bueno Junior, Luis Eduardo Da Rocha Soares, Yezid Agusto Arocha Alarcón y José Elías Melo Acosta.

La investigación está soportada en tres líneas: primero, el supuesto pago de sobornos al ex viceministro Gabriel García Morales; segundo, el aprovechamiento de un presunto conflicto de intereses, y la tercera es la presunta realización de contactos privados y directos entre personas vinculadas al proyecto y funcionarios de la entidad contratante y el estructurador, en violación de la regla que prohibía tales contactos con posterioridad a la apertura del proceso licitatorio.

El ente de control cuenta con información recolectada en las instalaciones de las empresas cuestionadas, así como con información trasladada de la Fiscalía y la Procuraduría. Sin embargo, el grueso de la investigación está en las evidencias aportadas por testigos así como las declaraciones recibidas de altos diretivos de las empresas. Desde la indagación preliminar, el exviceministro Gabriel García Morales ingresó al Programa de Beneficios por Colaboración como delator y hace un mes fue admitido en este programa al certificarse su efectiva colaboración. 

La SIC excluye de responsabilidad al socio del consorcio CSS Constructores, al considerar que Luiz Antonio Bueno Junior y José Elías Melo Acosta habrían acordado no contarle al ingeniero Carlos Solarte ni a su firma del pago del soborno: “Entre otras razones por cuanto la participación de CSS Constructores de 4.99%, era irrelevante en el consorcio", dice la SIC.

La entidad cuenta con soporte de por lo menos $20.594 millones de pesos que fueron pagados a manera de sobornos en Colombia. Y establece que para su desembolso se requería la autorización de al menos un funcionario de Odebrecht y del representante de Corficolombiana en la Constructora Consol. Este era el ingeniero Mauricio Millán Drews, quien en su declaración dijo que al momento de realizar los pagos y en atención a que le habrían parecido sospechosos, los había autorizado bajo la orden impartida directamente por su jefe José Elías Melo Acosta, presidente de Corficolombiana. 

Por estos hechos, la SIC abre pliego de cargos. Sin embargo, al igual que las otras entidades de control que investigan el caso, reportó que existen evidencias de presuntos pagos irregulares por 44.052 millones de pesos entre los años 2009 a 2015. Estos se habrían efectuado a través de la Concesionaria Ruta del Sol SAS y Consol a las empresas Consultores Unidos SA, Consultores Unidos Panamá, Consorcio Bracol, Compañía Profesionales de Bolsa y Fábrica Latinoamericana de Instrumentos Financieros. 

La Superintendencia también encontró presuntos pagos irregulares entre el 2013 a 2015 por parte del Patrimonio Autónomo CRDS (Concesionaria
Ruta del Sol) a Consultores Unidos SA, a Bracol y a Profesionales de Bolsa por $ 15.401 millones de pesos. También alertan de montos por $16.891 millones de pesos, que según reportes entregados por el Controller de la Concesionaria Jorge Enrique Pizano Callejas a las autoridades, se habrían desembolsado de manera irregular. 

Estos hallazgos fueron compulsados a la Fiscalía General para que investigue. 

Conflicto de intereses

La repartición de responsabilidades por el presunto soborno es el primer capítulo del extenso pliego de cargos. Sin embargo, una segunda parte reveladora tiene que ver con que la SIC encontró  lo que sería un presunto conflicto de intereses en la estructuración de este megaproyecto y señala como responsables a altos directivos de Epsiol y de sus controlantes Confircolombiana y el Grupo Aval, incluyendo a su presidente Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez.

La Superintendencia halló los correos electrónicos en los que Melo Acosta le informa a Sarmiento que María Victoria Guarín Vanegas, oficial de Inversiones de la Corporación Financiera Internacional (IFC por su sigla en inglés) -a cargo de la Ruta del Sol- era la esposa de Diego Fernando Solano Saravia (vicepresidente del Grupo Aval). En el correo asegura que se pondrían en contacto con ella para “exponer nuestras expectativas en relación con los términos de la operación". Frente a esta información Sarmiento expresa a través de un correo su interés en que lo mantangan informado del asunto.

Inversiones de la Corporación Financiera Internacional fue el organismo multilateral seleccionado por el INCO para llevar a cabo la estructuración del Proyecto Ruta del Sol. Otros mensajes electrónicos dan cuenta de que Melo también propició encuentros entre Solano y su esposa María Victoria Guarín, Senior Investment Officer de la IFC, para dar trámite a las expectativas que querían reivindicar respecto de la estructuración del proyecto.

Otra de las evidencias con las que cuenta la SIC en este epìsodio es el cruce de mensajes entre Sarmiento y Melo alrededor de una denuncia pública del 8 de septiembre del 2009, realizada por la Sociedad de Veedores Colombianos. En ella se alertaba de la existencia de este conflicto de intereses. En el mensaje manifestan la complacencia de parte de Corficolombiana y del Grupo Aval porque el asunto “no pasó a mayores”. Frente a ello, Sarmiento le responde a Melo: "Ok. Toca estar listos a que si ganamos uno de los tramos traten de demandar nula la adjudicación”, dice. 

"No se adoptó ni por parte de Corficolombiana, ni por el Grupo Aval, ni por la IFC, medida alguna para impedir el aprovechamiento del conflicto de intereses, y en cambio lo que se logró advertir por la Superintendencia en las explicaciones ofrecidas, fue la negación contraevidente de la participación de los mencionados funcionarios en todas las etapas de la estructuración e implementación de la licitación pública", dice la SIC.

El pliego de cargos en este caso también incluye a Diego Fernando Solano Saravia, vicepresidente de Planeación Corporativa del Grupo Aval; Gustavo Antonio Ramírez Galindo, vicepresidente de inversiones de Corficolombiana; Alejandro Sánchez Vaca, vicepresidente de la Banca de Inversión de Corficolombiana; y María Victoria Guarín, Senior Investment Officer de la IFC.

Contactos no formales

La SIC también le formuló pliego de cargos a varios ejecutivos porque una vez iniciado el proceso de adjudicación de Ruta del Sol II se propiciaron contactos clandestinos y no formales entre personas relacionadas con la estructuración del proyecto y el contratista. Se encontraron correos electrónicos que acreditarían que Manuel Ricardo Cabral Ximenes, director del contrato para el Proyecto Ruta del Sol de Odebrecht, mantuvo una reunión privada
con María Victoria Guarín, del IFC. Dicho encuentro no formal habría sido para discutir lo relacionado con las garantías aplicables en el proceso de selección.

"Ese tipo de reuniones habrían sido idóneas para generar ventajas para la entonces Promesa de Sociedad Futura Concesionaria Ruta del Sol, integrada por Odebrecht, Episol y CSS", dice la SIC. Y como soporte entrega nuevos correos electrónicos que indican que como consecuencia de estas reuniones Guarín promovió y obtuvo la modificación del régimen aplicable a las garantías de procesos de selección contractual a través de la expedición del Decreto 2493 de 2009. También habría conseguido la modificación de las reglas contenidas en los pliegos de condiciones del proceso de selección de Ruta del Sol, todo con el propósito de atender favorablemente las expectativas que Odebrecht tenía en ese proyecto. 

"Odebrecht tenía plena conciencia del carácter irregular de los encuentros que propició, al punto que en el computador de una de sus funcionarias se encontró un documento en el que dejó consignada la estrategia de tramitar por vías “no formales” algunas de sus pretensiones de cara a las reglas del proceso de selección", dice la Superintendencia.

De ser encontrados responsables, la SIC podría aplicarles sanciones que van hasta los $78.124 millones de pesos por cada infracción para empresas y hasta 1.562 millones para personas naturales.

La respuesta de Corficolombiana

Frente a este pronunciamiento, el grupo empresarial se pronunció mediante un comunicado. Este es el texto completo: 

Grupo Aval Acciones y Valores S.A., Corficolombiana S.A. y Episol S.A.S. (“Las Entidades”) se permiten señalar lo siguiente en relación con la información dada a conocer en la rueda de prensa de la Superintendencia de Industria y Comercio (“SIC”), acerca del pliego de cargos formulado por dicha entidad respecto del proyecto de infraestructura vial Ruta del Sol Sector 2, por una supuesta violación a las normas de libre competencia:

-Lo anunciado por la SIC corresponde a la apertura de una investigación formal que se conoce como una formulación de pliego de cargos, al final de la cual, y luego de surtidas las etapas procesales correspondientes, puede resultar en la desestimación de éstos o en la imposición de sanciones hasta por un monto máximo reglamentado en la legislación en materia de competencia.

-El accionista mayoritario y operador de la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S., con el 62.01% de su capital social es Odebrecht a través de Constructora Norberto Odebrecht S.A. y Odebrecht Latinvest Colombia S.A.S.

-Como es de público conocimiento, Odebrecht confesó el pago de sobornos como práctica habitual y generalizada en sus operaciones internacionales. En este sentido, la información dada a conocer por la SIC en relación con la formulación del cargo por el pago de un soborno para la adjudicación del contrato de concesión correspondiente al proyecto de infraestructura vial Ruta del Sol Sector 2, se refiere a los mismos hechos que se conocen por la opinión pública en las diferentes investigaciones que adelanta la Fiscalía General de la Nación.

-Tal y como se ha expresado en varias ocasiones, y se reitera nuevamente, en el marco de dichas investigaciones no hay pruebas que demuestren que en las prácticas de soborno de Odebrecht hayan participado Grupo Aval, Corficolombiana, ni Episol. De la misma forma, es claro que ni desde las cuentas de Corficolombiana ni de las de su filial, Episol, se efectuaron pagos irregulares como los mencionados el día de hoy en la rueda de prensa de la SIC.

-Adicionalmente, Grupo Aval, Corficolombiana y Episol rechazan de manera vehemente el cargo que se les imputa de “Aprovechamiento de conflicto de interés”. A lo largo de su historia Grupo Aval se ha caracterizado por adelantar sus operaciones con absoluta transparencia e irrestricto apego a la Ley. Estos mismos principios de gobierno corporativo y legalidad han sido instaurados y observados en las sociedades controladas por Grupo Aval.

-Las Entidades reiteran su absoluto respaldo a las investigaciones adelantadas por las diferentes autoridades y confían que éstas actuarán con total imparcialidad lo cual permitirá demostrar que su accionar no infringió las normas. De igual manera, continuarán colaborando con las autoridades que lo requieran para esclarecer los hechos asociados al escándalo propiciado por Odebrecht y ciertos agentes estatales.

- Grupo Aval, Corficolombiana, Episol y sus ejecutivos no han sido notificados de la resolución anunciada en la rueda de prensa de la SIC. Las Entidades ejercerán su legítimo derecho a la defensa, brindarán cualquier explicación que se requiera y aportarán o solicitarán las pruebas que sean necesarias para demostrar que no existió ilegalidad alguna en sus actuaciones ni en las de sus funcionarios.

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