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| Foto: Contraloría

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Las abandonadas pistas de aterrizaje que les prometieron a los indígenas del Vaupés

En el que puede ser el departamento más aislado de Colombia, la promesa del desarrollo de la infraestructura aérea fue esperanzadora. Tres años después, las obras están abandonadas y la Contraloría detectó un detrimento de 10.000 millones.

5 de diciembre de 2018

El Vaupés es quizá el departamento más aislado de Colombia. Entre las geografías agrestes y espesas de la Amazonía y la Orinoquía, sus casi 50.000 habitantes, la mayoría indígenas, solo tienen como vía de transporte el agua y el aire. Pero en un territorio tan grande, con unas dimensiones mayores que un país como Costa Rica, la forma más efectiva de moverse es la vía aérea.

Por eso, cuando el entonces presidente Juan Manuel Santos visitó Mitú, la capital, en 2015, y aseguró que ya estaba listo el proyecto para ampliar las pistas de aterrizaje de esa región, las comunidades sintieron que llegaría pronto un alivio. Era una necesidad primordial para ellos, pues en las pocas y tan pequeñas pistas que tenían en sus poblados, en el mejor de los casos solo podían aterrizar los viejos aviones DC3, cuya capacidad de carga se queda corta y eleva los precios del transporte.

Tres años después del anunció presidencial, la gente del Vaupés tuvo que enfrentar la decepción. Luego de recibir una denuncia de una asociación indígena, la Contraloría General indagó sobre el avance del proyecto de ampliación de la infraestructura aeroportuaria del departamento, y lo que encontró fueron siete pistas de aterrizaje "inconclusas y abandonadas" en las comunidades indígenas de Tapurucuara, Buenos Aires, Piracuara, Yavaraté, Tiquié, Piedra Ñi y Yapú.

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La historia comenzó el 29 de diciembre de 2015, cuando la Gobernación del Vaupés le adjudicó un contrato directo de 20.000 millones de pesos a la Asociación Regional de Municipios de la Amazonía y de la Orinoquía (ASOMAROQUIA). En marzo del año siguiente, esa entidad recibió un desembolso de la mitad del dinero -10.000 millones de pesos- como un anticipo para que empezara a ejecutar las obras, y que provenía de las regalías del departamento.

Las pocas y tan pequeñas pistas que tenían en sus poblados, en el mejor de los casos solo podían aterrizar los viejos aviones DC3, cuya capacidad de carga se queda corta y eleva los precios del transporte.

Desde entonces comenzaron los problemas que hoy advierte la Contraloría. Irregularidades en la forma de selección del contratista, además de varias suspensiones y prórrogas en la ejecución del contrato. "Es así como se emitieron actos administrativos presuntamente irregulares precontractuales y contractuales, tanto por parte de la Gobernación de Vaupés como del propio contratista, todo esto con el aval del interventor y supervisor", explicó el ente de control fiscal.

Entre los hallazgos, por ejemplo, está que la Gobernación del Vaupés tuvo suspendido el contrato durante más de un año, luego de detectar una inhabilidad en el contratista. Esa situación derivó en el vencimiento de los términos de la obra. Aún así, el contrato se reanudó.

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Un informe de supervisión había indicado que las obras presentaban un avance por encima del 50%. Sin embargo, cuando los ingenieros de la Contraloría visitaron los proyectos, detectaron un avance de solo el 25%. "Los informes técnicos de la Contraloría señalan que las especificaciones y las exigencias técnicas que se requieren para el tipo de pistas que se pretendían construir para el aterrizaje de aeronaves DC3, eran ambiciosas desde el mismo proyecto, teniendo en cuenta las condiciones para una zona selvática y de difícil acceso, como son estas 7 comunidades indígenas", dijo el ente.

Tras sus indagaciones, la Contraloría señaló que existe un posible daño patrimonial por 10.000 millones de pesos por esas obras a medias. Esas comunidades apartadas, que dependen de las pistas para cubrir necesidades tan básicas como la alimentación o los servicios médicos, se quedaron esperando a tener una infraestructura aérea decente.