“Las facultades que se otorguen a los jueces agrarios no pueden estar en conflicto con la protección al medio ambiente”

SEMANA: Los ambientalistas han alertado sobre el impacto que podría tener la jurisdicción agraria en la conservación de la naturaleza. ¿Por qué sería tan grave?

Rodrigo Botero: Es importante precisar que contar con una jurisdicción agraria no puede ser considerado un impacto para la conservación de la naturaleza. En 2016, Colombia suscribió el Acuerdo Final con las FARC-EP para poner fin al conflicto y establecer una paz duradera, recordemos que esto implicaba compromisos que buscaban lograr equidad social sin perder un enfoque en la sostenibilidad ambiental. Es claro que el proyecto de ley que actualmente se estudia en el Congreso resulta ser una oportunidad para fortalecer un marco de derechos a favor de la población campesina vulnerable, pero resulta necesario aclarar y dar alcance a algunos artículos para dejar explicito que lo ambiental es parte fundamental y orientador de las regulaciones agrarias, sobre todo en la comprensión de entender la dimensión del uso de conservación para el mantenimiento de aspectos básicos en la ruralidad y que esto sea asumido como un principio orientador al resolver los aspectos que serán de competencia por los jueces agrarios.

SEMANA: ¿Qué significa que esos jueces queden con competencia sobre el 99% del territorio del país?

Rodrigo Botero: Al ser una jurisdicción agraria, debe tener presencia en todo el territorio nacional a efectos de que pueda cumplir la finalidad de facilitar y mejorar el acceso a la justicia; su competencia debe estar circunscrita a conflictos de naturaleza agraria y esto es lo que el proyecto de ley radicado consigna en uno de sus articulados, sin embargo, las facultades que se otorguen a los jueces agrarios no pueden estar en conflicto de los postulados de protección al medio ambiente, atendiendo las relaciones que con el uso del suelo están intrínsecos en los conflictos agrarios, y siempre en consonancia con la protección de lugares de gran valor ecológico.

SEMANA: Esos proyectos se enmarcan en el acuerdo de La Habana. Usted ha sido negociador con el ELN. ¿Qué tan necesario es poder incluir puntos como esos que se tratan en esos proyectos en las promesas que se les hacen a los grupos armados?

Rodrigo Botero: El establecimiento de una Jurisdicción Agraria, fue uno de los aspectos específicos del Acuerdo suscrito en el año 2016, cuyo fin es principalmente mejorar el acceso a la justicia en el campo con la creación de esta jurisdicción, lo que hace que estos temas resulten ser fundamentales en los espacios de negociación que actualmente existen con el ELN, a efectos de cambiar de manera radical las condiciones sociales en las zonas rurales de Colombia, pero en total armonía con el marco normativo ambiental. Un enfoque desarticulado podría generar tensiones entre los derechos de los campesinos y la conservación de la biodiversidad, lo cual no aportaría a los procesos sociales.

SEMANA: ¿Las competencias que se le dan a esa jurisdicción son excesivas, con base en el acuerdo de paz con las Farc?

Rodrigo Botero: Deben revisarse aspectos como el de dar prevalencia solamente a lo agrario con la armonización de aplicación con principios ambientales, pues consideramos que no pueden tratarse de manera desligada en la aplicación de las normas por parte de los jueces agrarios.

SEMANA: El proyecto habla de que habrá extinción de dominio a las tierras improductivas. ¿Qué riesgos tiene eso?

Rodrigo Botero: Debemos recordar que la propiedad debe cumplir no solamente con una función social, sino también con una función ecológica, lo que hace que los usos de conservación en predios de propiedad privada no puedan ser mirados como un aspecto de improductividad, por cuanto es claro que los mismos resultan ser esenciales para mantener la diversidad biológica y la oferta de bienes y servicios ambientales esenciales para el bienestar humano. Ahora, la utilización de esta figura debe ponderar esta importante dimensión del uso del suelo para cada caso específico. Los predios dedicados a la conservación no pueden ser calificados como improductivos. Aplicación de medidas como la extinción de dominio debe considerar la contribución de estos predios al equilibrio ambiental.