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| 9/19/2009 12:00:00 AM

Las guerras de 'Mariamulata'

La alcaldesa de Cartagena, Judith Pinedo, está en un pulso a muerte para derrotar a la clase política tradicional que no está dispuesta a perder sus privilegios.

Las guerras de 'Mariamulata' En la administración de Judith Pinedo, Cartagena pasó del puesto 510 al 52 en el ‘ranking’ de probidad fiscal de los municipios colombianos. Entre las capitales, pasó del puesto 17 al 5. Su gestión ha sido reconocida por el zar anticorrupción
El 29 de octubre de 2007 los miembros del equipo de Judith Pinedo amanecieron con una sensación extraña. A pesar de su trabajo, no podían creer que el día anterior su jefa hubiera ganado las elecciones a la Alcaldía. Y no era para menos. Hasta el último momento periodistas y líderes de opinión veían difícil que, a pesar de su carisma y trabajo cívico, la 'Mariamulata' pudiera vencer en las urnas a Juan Carlos Gossaín, un candidato cercano a la tradicional clase política de Bolívar. No en vano y hasta entonces, La Heroica había estado dominada por el clientelismo y las viejas prácticas del poder.

La alcaldesa, en cambio, siempre fue optimista. En campaña siempre mencionó que "los pueblos tienen mecanismos de resistencia que los hacen rechazar la politiquería". Pero su entusiasmo no evitó que al ganar también tuviera sensaciones encontradas. A las pocas horas de su triunfo, aseguró que su tarea no sería nada fácil.

Y su intuición se volvió certeza. Apenas se posesionó, Luis Ernesto Araújo, su secretario general, se encontró con más de un desastre. Carros oficiales alquilados a terceros por parte de esposas de funcionarios, baluartes públicos arrendados desde la Alcaldía para organizar fiestas privadas sin que un solo peso entrara al Distrito e inventarios inexistentes fueron algunas de las evidencias de la falta de una política gerencial antes de 2007.

Pero la privatización de lo público iba más allá de los detalles administrativos. Militantes del movimiento cívico Una Sola Cartagena, académicos y empresarios de la ciudad le aseguraron a SEMANA que en el gobierno del alcalde anterior, Nicolás Curi, todas las secretarías menos la de Educación, fueron feudos electorales de las maquinarias políticas arraigadas en la administración. Según ellos, concejales, diputados y representantes, en su mayoría relacionados con Curi y su yerno, el ex congresista William Montes, hacían recomendaciones políticas, destinaban partidas presupuestales y manejaban a su antojo dependencias como Edurbe, Valorización, Obras Públicas y la Secretaría de Salud.

Esto, además de clientelismo y corrupción, era causa de ineficiencia administrativa. El contralor de Cartagena, Hernando Sierra, encontró que entre 2006 y 2007, durante el gobierno de Curi, 10 de 12 secretarías se rajaron en su desempeño, con lo cual confirmó que la ciudad había sido mal manejada. En el mismo informe estableció que en ese período se invirtieron de forma ineficiente dineros de los contribuyentes, lo cual podría llevar al menos a 82 investigaciones por falta de responsabilidad fiscal. Las dependencias con más irregularidades fueron el despacho del alcalde y las secretarías General, de Hacienda y de Salud.

Por si fuera poco, buena parte de las emisoras locales también tenían relaciones turbias con el municipio. Estaban acostumbradas a que sólo divulgaban un comunicado, una campaña o una noticia de la Alcaldía a cambio de que esta les comprara espacios o les diera pauta. Incluso, los directores de algunas de ellas recomendaban amigos y familiares para cargos en la administración, según dijo a SEMANA un alto funcionario de la Alcaldía.

Pinedo rompió con estas malas costumbres. Depuró las secretarías y nombró profesionales especializados en cada una de las áreas; estableció un sistema -reconocido por el zar anticorrupción- que implica que los contratistas se escogen por medio sorteo, y organizó un sistema tarifario para contratar la pauta con los medios.

Como era de esperarse, medidas como estas y las denuncias de lo que encontró levantaron ampolla en sectores de la clase política acostumbrados a reproducirse electoralmente a costa del erario. Varios concejales y diputados que esperaban recuperar mediante dádivas y contratos el dinero invertido en su campaña, quedaron viendo un chispero.

De ahí que más allá de ejercer su derecho a hacer control político, un grupo de políticos quieran descalificar la gestión de Pinedo. No es gratuito, por ejemplo, que un sector del Concejo -liderado por la U y Cambio Radical- haya demandado la licencia del proyecto Ciudad del Bicentenario, que contempla la construcción de más de 30.000 viviendas. O que cada semana, sin parar, se le haya hecho un debate diferente a la Alcaldía tratando de descabezar a algún secretario. "Aun así prefiero el debate al silencio", dice Pinedo.

Pero sus detractores van más allá de lo local y de lo político. Con tal de derrocarla, han buscado influir en instancias nacionales con argumentos jurídicos poco consistentes. Recién elegida, enfilaron su artillería diciendo que estaba inhabilitada porque su esposo era defensor del Pueblo en Bolívar. El Tribunal Contencioso del Departamento acogió la demanda pero, en febrero pasado, el Consejo de Estado falló a favor de la alcaldesa. Además, a la demanda le quitó legitimidad el hecho de que fuera promovida por su contradictor político Juan Carlos Gossaín.

Por si fuera poco, a comienzos de este mes un fiscal de Cartagena ordenó arrestarla por supuestas irregularidades en la firma de un contrato con Urbaser, un concesionario de aseo de la ciudad. Sin embargo, el fiscal general encargado, Guillermo Mendoza, trasladó el proceso a Bogotá donde se echó para atrás la decisión de investigarla por un contrato que no firmó ella sino Curi.

Desde el Consejo Nacional Electoral (CNE) también hubo movimientos inesperados. Una comisión de funcionarios le pidió a la alcaldesa dar de nuevo algunos reportes financieros de su campaña, a pesar de que las cuentas ya habían sido avaladas por la entidad.

Varias fuentes le dijeron a SEMANA que detrás de esta movida y de la del fiscal cartagenero podría haber presiones del presidente del Senado, Javier Cáceres. Al fin y al cabo hasta hace pocos años él fue el jefe del Partido Único del Concejo, que durante 20 años tuvo el dominio burocrático de la administración distrital.

Hoy día, el senador ejerce como jefe de la bancada de concejales de Cambio Radical, opositora del gobierno de Pinedo. "Cáceres era cercano a Curi y a sus concejales, que hoy son la oposición. en términos de cuotas también perdió", afirma un diputado de Bolívar. Sin embargo, el senador le ha dicho a varios medios que el seguimiento que ha hecho a la administración hace parte de sus facultades de control político que legítimamente ejerce.

La semana pasada, la 'Mariamulata' tuvo una reunión con empresarios y líderes de opinión de la ciudad. Todos coincidieron en que los avances de Cartagena dependen de que sus opositores la dejen gobernar. "Sigo en lo mío y no me estreso. Ese es el costo de la independencia", repite la alcaldesa.

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