Las insospechadas peleas entre los ministros

Que haya desacuerdos entre los ministros es normal. Las distintas carteras tienen responsabilidades que con frecuencia chocan entre sí, y cuando un gobierno fija prioridades los miembros del gabinete compiten por ganarse los primeros lugares, lo cual se traduce en acceso al presupuesto y más atención del director de la orquesta, el presidente de la República. Lo que no es normal es que los tires y aflojes institucionales se salgan de madre y se hagan públicos. Y eso es lo que está pasando, casi sin excepción, todas las semanas. La imagen del presidente Santos apagando incendios entre los miembros de su equipo se ha vuelto casi cotidiana.

La última intervención presidencial fue entre el ministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez, en una esquina, y los de Justicia y el Interior, Yesid Reyes y Juan Fernando Cristo, en la otra. La pelea se produjo en la comisión primera de la Cámara, en el momento en que estaba a punto de aprobarse, en séptimo debate, la reforma de equilibrio de poderes. Los representantes estaban votando un texto, previamente concertado en el interior del gobierno, que acababa al desprestigiado Consejo de la Judicatura y lo reemplazaba por una junta de gobierno y por un gerente de la rama. Ante la sorpresa de todos –sobre todo, de los ministros Reyes y Cristo-, Néstor Humberto tomó un micrófono de una curul de la sala y planteó una modificación. Ante la perplejidad colectiva, la sesión fue levantada.

Pero pasó a mayores. La representante de la Alianza Verde Angélica Lozano obtuvo, de una asistente del ministro Martínez, el texto que este pretendía aprobar y lo publicó en las redes sociales. Allí se establecía que solo los presidentes de las altas cortes podían elegir a los miembros de la junta y al gerente de la rama. La fórmula fue interpretada como una entrega absoluta de la Rama Judicial a las cortes, porque en plata blanca significaba que los presidentes de los tres organismos –Suprema, Consejo de Estado y Constitucional– mantendrían el poder de nombramiento y diseño del presupuesto. Lo cual, a su vez, iba en contravía del objetivo de quitarles a los magistrados esos poderes y funciones para darle paso a un manejo administrativo independiente. Un punto crucial, que estaba en el centro del debate sobre la reforma.

Las repercusiones políticas se desbordaron. La representante Lozano y otros congresistas sugirieron que el ministro Martínez les estaba haciendo un favor a los presidentes de las cortes que, a su vez, habían tratado de torpedear el proyecto para conservar las atribuciones administrativas de la rama. Y llegaron a sugerir que lo hacía, no para tender un puente y amansar las agitadas relaciones entre el gobierno y las cortes, sino para ganarse la simpatía de los magistrados y asegurar en el futuro su elección en la Corte Suprema en una supuesta aspiración a la Fiscalía General de la Nación. El tono entre Martínez y Lozano se subió hasta el punto que el ministro dijo que si se comprobaba esa versión renunciaría a su cargo, pero que en caso contrario la representante Lozano debería hacer lo propio con su curul.

Hubo final conocido. Los ministros Martínez, Reyes y Cristo fueron convocados a Palacio, y aunque el bombero –el presidente- no estuvo presente porque atendía una reunión con militares en el Teatro Patria, los funcionarios salieron alineados y lograron que la comisión primera, en un santiamén, aprobara el texto que habían defendido Yesid Reyes y Juan Fernando Cristo, en vez del que a última hora había propuesto Néstor Humberto Martínez. En los corredores del Capitolio dieron como triunfador al ministro de Justicia, mientras que Martínez concluyó que el ganador fue el proyecto, porque salió mejorado.

No pasó una semana completa desde la última intervención del presidente Santos para saldar una trifulca ministerial. Se había sellado el viernes 15 en una reunión tarde en la noche entre el primer mandatario y los dos luchadores de turno: el vicepresidente Germán Vargas Lleras y el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. La disputa de la ocasión era la típica entre un funcionario que tiene responsabilidades en materia de gasto y otro que tiene que cuidar el presupuesto en un momento de vacas flacas. Vargas Lleras se quejó de la falta de recursos apropiados por Hacienda para el ambicioso programa gubernamental de inversión en infraestructura. La reunión terminó con foto de Santos, Vargas y Cárdenas sonrientes, y con la decisión de asegurar los fondos necesarios para un plan preciso de construcción de carreteras.

Otros miembros del gabinete habían protagonizado otro debate público, con posiciones enfrentadas, antes de que el Consejo de Estupefacientes unificara voces sobre el espinoso tema de suspender las fumigaciones de cultivos de hoja de coca con glifosato. Los ministros de Salud, Alejandro Gaviria de Justicia, Yesid Reyes, y de Ambiente, Gabriel Vallejo, aparecieron en los medios de comunicación en defensa de no utilizar el venenoso herbicida. En el otro extremo, el saliente ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, habló –también en público– sobre la necesidad de conservar la aspersión con glifosato. Y el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, terció con una opinión intermedia: permitir el venenoso producto solamente en la agricultura de productos legales, en cuantías y concentración que no ofrecen peligro. La discusión –plural, abierta y vehemente– dejó la sensación de que cada cual tiraba para su lado.

Y se podrían mencionar varios ejemplos más de contradicciones públicas entre altos funcionarios. La del ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, y el equipo negociador de la paz, encabezado por Humberto de la Calle. Se entiende que uno y otro miran el mismo tema desde puntos de vista diferentes, pero el lenguaje de Pinzón –que no baja de “ratas” y “terroristas” a los guerrilleros con los que convive De la Calle- ha creado más de un problema en La Habana.

Tanto rifirrafe público ha generado varias críticas al estilo del presidente Santos. Sus detractores le señalan falta de claridad y liderazgo y consideran que la poca coordinación entre los discursos públicos de los miembros del gabinete genera confusión entre la opinión pública. Y es claro que proyecta una sensación de ausencia de liderazgo. Les parece que delega más de la cuenta. En el gobierno resaltan el espíritu democrático del jefe de Estado, que permite el debate entre sus colaboradores antes de reservarse la última palabra.

Otros analistas señalan que el problema del gobierno Santos está en las comunicaciones. En cualquier democracia hay desacuerdos entre los ministros, pero lo que no es usual es que se ventilen en radio y en televisión. La diferencia no es de estilo, porque el hecho –en las propias palabras del presidente Santos– que “la ropa sucia no se lave en casa”, permite que los funcionarios, con sus declaraciones, busquen presión externa en favor de las posiciones que defienden en los procesos de decisión internos del gobierno.

Habría que agregar que el actual gabinete santista tiene claras aspiraciones electorales en el futuro que dependen de la percepción que logren generar sobre su gestión. El de Santos es un equipo de pesos pesados, más que de técnicos dóciles y sin sensibilidad política. Y las agendas de estos cacaos pocas veces son compatibles, se ven como amenaza los unos a los otros, y cada uno quiere controlar su feudo de poder. Ese entorno de leonera política necesita un presidente que maneje las relaciones internas de poder –y la gran agenda– con rienda corta, de lo contrario se desboca el alazán.

Pero más allá del estilo de liderazgo, en un momento de desaceleración económica, de oposición atípica y sistemática, de pesimismo en la opinión, de choque de trenes entre los poderes, y de incertidumbre en el proceso de paz, la opinión pública suele preferir un gobernante omnipresente y al mando. Un presidente que haga más la veces de piloto, que las de bombero.