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| 11/2/2010 12:00:00 AM

Las irregularidades en Estupefacientes

Desde peculados hasta la vulneración de los sistemas de información confidencial son algunas de las irregularidades encontradas, que obligaron a la intervención por parte del Gobierno. Algunos bienes incautados a la mafia desaparecieron de la entidad.

Las irregularidades en Estupefacientes Juan Carlos Restrepo, el nuevo Director Nacional de Estupefacientes denunció las irregularidades de la institución.
La agencia antidrogas del Gobierno, como se conoce a la Dirección Nacional de Estupefacientes, atraviesa su momento más crítico. Así lo expresó el propio director de la entidad Juan Carlos Restrepo.

Desde su llegada a la institución, hace menos de un mes, el funcionario encontró un conjunto de irregularidades que sólo atina en calificar como la “práctica continua de delitos”.

Por eso, puso una denuncia, el pasado viernes, para que la Fiscalía adelante las investigaciones pertinentes.

Tras la denuncia, el Gobierno tomó otra medida: intervenir la Dirección y no renovar contrato a cerca de 100 funcionarios que trabajaban en la administración de bienes y en el manejo de información.

Los frentes de investigación son dos: los actos de corrupción de algunos funcionarios encargados de la administración de bienes y la vulnerabilidad de los sistemas de información de la entidad.

En primer lugar, los actos de corrupción de algunos funcionarios de la entidad sobre la administración de los bienes incautados a la mafia son alarmantes.

Los hallazgos de investigaciones internas advierten que los bienes de la mafia han sido objeto de una especie de piñata, de la que se han usufructuado algunos funcionarios que han sacado tajada de dicha administración.

Es una constante, según las investigaciones internas, que algunos funcionarios no tuvieran conciencia de que estos bienes incautados son parte del tesoro del Estado y que, al provenir de la mafia, haya personas que intenten sacar provecho de ellos.

Por ejemplo, hay bienes incautados que, después de superar los procesos de extinción de dominio, son vendidos a precios inferiores a los avaluados. Incluso, algunos funcionarios de la entidad pudieron sacar provecho de bienes y sociedades, con la exigencia de comisiones a cambio de entregar predios.

En los casos de las sociedades, no había la adecuada rendición de cuentas por parte de quienes administraban el bien.

En gran medida estas prácticas se presentaron por las “graves anomalías” del sistema de información de la entidad (conocido bajo la sigla de FARO)

Ese sistema carecía de seguridad y su información, mucha de ella confidencial, fue vulnerada. “Ex funcionarios de la entidad y hasta particulares han accedido a él”, señala el ministro del Interior Germán Vargas Lleras.

Por esa vía de acceso “sin explicación alguna”, dijo Vargas Lleras, bienes que hacían parte del control de la entidad desaparecieron, y el valor de muchos otros fue adulterado.

Según una investigación interna, durante varios años la administración de los bienes carecía de controles, en oportunidades porque los funcionarios de la entidad no tienen conocimiento y capacitación sobre políticas de control de la información.

La Dirección Nacional de Estupefacientes, según el reporte, tampoco cuenta con mecanismos de protección física de la información. Incluso, los controles y la supervisión de personal externo que visita las instalaciones es insuficiente.

La información confidencial no está debidamente encriptada, la pérdida de documentos fue constante y la propia información adulterada.

Esos hallazgos llevaron a Restrepo a presentar una denuncia ante la Fiscalía y la Procuraduría. Las irregularidades se hicieron más constantes desde ocho años para atrás, aunque lo cierto es que en los 30 años de vida de esta entidad, la información no contaba con el adecuado blindaje.

Otra de las irregularidades es la contratación, en 2006, de una entidad que tenía como propósito poner al día el inventario de bienes de Estupefacientes. Dos años de labor en la que el Gobierno pagó cerca de 4 mil millones de pesos y que la entidad no cumplió con el objetivo de actualizar el inventario.

Eso llevó al Gobierno a intervenir al organismo. Una decisión que tiene como objetivo que la Fiscalía descubra los posibles actos de corrupción hasta la fecha.

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