Las nuevas figuras en las Cámaras de Comercio

El jueves pasado se realizaron las elecciones de las juntas directivas de las 57 Cámaras de Comercio del país. Es la primera jornada desde que se aprobó la Ley de Gobernabilidad, con la que buscó blindar a estos organismos de prácticas irregulares como las registradas hace un par de años en Barranquilla.

En el pasado no solo se han presentado líos en la junta directiva de la Cámara de Comercio de la capital del Atlántico, donde hace dos años se denunció la inscripción irregular de 1.476 sociedades de papel que buscaban favorecer determinados intereses. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) también aplazó en 2012 las elecciones en Bogotá porque comprobó que de 400 afiliados solo 70 eran verdaderos comerciantes. Y en ese mismo año, suspendió el proceso en Villavicencio y Amazonas.

Con la nueva ley, para ser afiliado a una Cámara de Comercio se necesita tener una antigüedad mínima de dos años, que los empresarios y comerciantes demuestren que están ejerciendo su actividad y que no estén inhabilitados. Además, para permitir una mayor rotación se definió que los miembros de junta serán elegidos por periodos de cuatro años, y con una sola reelección.

Pero ¿por qué tanto interés en hacer parte de una junta directiva de las Cámaras de Comercio? La razón es que estas entidades tienen un gran poder ya que influyen en las políticas públicas de las ciudades. Además, sirven de enlace entre el sector público y privado, manejan millonarios recursos del registro mercantil y tienen 52 tribunales de arbitramento, que definen conciliaciones de todo tipo –el año pasado hicieron 80.000–. Por eso son tan apetecidas por muchos grupos con intereses políticos y económicos.

La verdad es que este es uno de los procesos democráticos más importantes del sector privado por la magnitud de los participantes: unos 25.000 afiliados asisten a votar. En la elección de 2014 se inscribieron 1.606 candidatos en 260 listas.

Los comicios de la semana pasada dejaron algunas sorpresas. Guillermo Botero, presidente de Fenalco, regresó con mucha más fuerza a la junta de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), luego de que el gobierno lo sacó hace cuatro meses. Botero llegó respaldado de una gran votación y tras un acuerdo con la excongresista Leonor Serrano de Camargo, quien lleva varios años en el organismo y quien repitió, pero esta vez como su suplente.

Si bien la ley pretendía mayor participación de otros sectores y renovación de los aspirantes, la verdad es que, por lo menos en la CCB, no se vieron grandes cambios. Pese a que se presentaron 12 listas quedaron prácticamente los mismos. Volvieron a salir elegidos como principales Juan Diego Trujillo, Francisco Durán Casas, Carlos Augusto Ramírez, José Blackburn, Gonzalo Echeverry y Jaime Alfonso Mantilla.

Es decir, que, descontando a Botero, se eligió solo un nuevo integrante. El gobierno mantuvo sus cuatro representantes: Enrique Vargas, hermano del vicepresidente Germán Vargas; Martín José Carrizosa, Juan Luis Hernández y William Parra Durán. Según Confecámaras solo se renovó el 51 por ciento de las juntas directivas.

En Villavicencio se volvieron a presentar problemas, razón por la cual la SIC postergó las elecciones así como las de Florencia (Caquetá) e Ibagué.

En la capital del Tolima hubo un golpe contra el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio, Silverio Gómez, quien ocupaba este cargo desde noviembre del año pasado. En reunión extraordinaria Gómez fue removido. La decisión tuvo que ver con el malestar de algunos miembros de junta por la determinación del directivo quien le pidió a la SIC aplazar las elecciones para el 18 de diciembre, con el fin de depurar el censo electoral en esa capital. Según Gómez “a algunos miembros de la junta los mueven intereses personales y no del sector o la ciudad que dicen representar”.

Algunos temen que, con las nuevas normas, las Cámaras de Comercio puedan terminar en manos de personas naturales, en detrimento de las empresas. Pero el presidente de Confecámaras, Julián Domínguez, asegura que la Ley de Gobernabilidad aprobada en junio pasado va en el camino correcto porque busca mayor transparencia.