Los puntos de la agenda

Manuel Marulanda, para entonces comandante de las Farc, en una conversación con delegados del presidente Pastrana para los diálogos del Caguán les dijo: "Ustedes no nos deben dos gallinas, nos deben una Constituyente". Y eso era lo que reflejaba la agenda de diálogo que definieron en La Machaca, un pueblito de Caquetá, los delegados del gobierno y las Farc, en 1999. Eran 12 puntos que iban desde la "revisión de la estructura económica y política del Estado" y la discusión sobre cómo se explotarían los recursos naturales, hasta la reformulación de la deuda externa y los tratados internacionales.

Ese recuerdo viene a colación porque da cuenta de la diferencia diametral que hay entre esa agenda temática de entonces y la que está incluida en el Acuerdo que esta semana debe quedar finiquitado entre las Farc y el gobierno de Juan Manuel Santos para comenzar un nuevo diálogo de paz. La nueva agenda, que fue confirmada por el presidente Juan Manuel Santos este martes, no solo tiene menos puntos, cinco, sino que el alcance de ellos es mucho menos ambicioso y su contenido más factible hoy de aterrizar que los de entonces. Entre otras cosas, porque algunos de los ítems de discusión (como el de la política agraria o las víctimas) coinciden con iniciativas que ya están en camino y con el espíritu de un gobierno reformista como el de Santos.

En otras palabras, la nueva agenda indica, a primera vista, que no se trata de tumbar el edificio Colombia para construir uno nuevo, sino de hacerle unos ajustes conservando la misma estructura. Sin embargo, este es apenas el primer tiempo de un partido que promete ser bastante agitado.

Los dos primeros puntos de la agenda son los reclamos históricos de las Farc: (1) el tema agrario y (2) el de participación política. Otros dos puntos se pueden entender como reclamos de la sociedad: (4) "solución al problema de las drogas ilícitas" y (5) "Víctimas"; y el "fin del conflicto", tienen que ver con el cómo se pone en práctica el acuerdo final. SEMANA muestra en qué consiste cada uno de los puntos, qué pasos se han dado y las dificultades que enfrentan.
 
1. ‘Política de desarrollo agrario integral’
 
Los artículos claves del proyecto de Ley de Tierras y Desarrollo Rural de Santos no están muy lejos del Programa Agrario de las Farc de 1964.
 
Este punto puede ser la gran sorpresa de los diálogos  porque el gobierno tiene un trabajo muy avanzado en la materia con el proyecto de ley que el ministro Juan Camilo Restrepo viene trabajando desde hace 20 meses y en el que han participado prácticamente todos los que tienen que ver con tierras en este país, incluidos sectores afectos a las Farc. Alguien que estuvo en los diálogos del Caguán le dijo a SEMANA: “En ese entonces sobre lo agrario el gobierno no tenía nada y mucho menos algo tan elaborado como lo que ha venido haciendo este gobierno en estos años”.
Hay quienes dicen que el proyecto de ley es más progresista que la Ley 200 de 1936 de Alfonso López Pumarejo. Y tal vez lo más importante es que al compararlo con el ‘Programa Agrario’ de las Farc, proclamado en 1964, cuando se fundó esa guerrilla, hay grandes coincidencias. Las Farc hablaban en ese entonces de darles a los campesinos tierras gratis, ayuda técnica y créditos, “respetar la propiedad de los campesinos ricos que trabajen personalmente sus tierras” y prometían preservar “las grandes explotaciones agropecuarias que por razones de orden social y económico deban conservarse”.

Es diciente que el presidente Santos le haya pedido al ministro Restrepo que se quede al frente de la cartera de Agricultura, pues necesita de un personaje con peso político para poder sacar adelante esta reforma.

Eso no quiere decir que todo será un camino de rosas. Todo lo contrario. Falta ver cuáles son las nuevas cartas que pueden traer las Farc. Y se anticipa que habrá gran discusión sobre el modelo de desarrollo agrario que Santos ha promovido en la altillanura –y que fue tumbado la semana pasada por la Corte Constitucional–, donde se da permiso para arrendar o vender baldíos para grandes desarrollos agrícolas. En un comunicado de mayo del año pasado, el Estado Mayor de las Farc criticaba al gobierno en ese punto diciendo: “que avance hacia una profunda y verdadera reforma agraria y no la pretendida política del presidente Santos de entregar baldíos a los sin tierra y las tierras fértiles a los empresarios agroindustriales y terratenientes”.
 
2. ‘Participación política’
 
El fantasma del exterminio de la Unión Patriótica será difícil de derrotar. Se necesitará una reforma constitucional para que muchos de los jefes puedan aspirar a cargos públicos.
 
En este punto del acuerdo se busca dar todo tipo de derechos y garantías para que los nuevos movimientos que surjan de la firma del acuerdo final puedan aspirar a cargos públicos y ejercer la oposición política. Incluso se discutirá el acceso a medios de comunicación. En teoría está abonado el terreno pues ya parecen haber quedado atrás épocas del bipartidismo excluyente y de intolerancia política. Y el cronograma sería propicio para que participen en la contienda electoral de 2014.

Sin embargo, hay dos temas complicados. El primero el fantasma de la UP.  Ese partido nació precisamente tras los acuerdos de La Uribe en 1984, y en su primera incursión electoral, en 1986, alcanzó seis senadores, nueve representantes (entre ellos Iván Márquez), 18 diputados y más de 300 concejales. Pero a partir de 1986 una ‘mano negra’ comenzó a asesinar a sus miembros (incluidos dos candidatos presidenciales: Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo). Hoy, la situación parece ser distinta, por una parte, gracias al desmonte del paramilitarismo y a los avances en el descubrimiento de muchos de sus engranajes, y por otra parte, porque si las Farc dejan las armas, no habrá combinación de formas de lucha.

El segundo problema es que la Constitución prohíbe en su artículo 122 darles cualquier tipo de juego político (ni ser inscritos para elecciones, ni ser elegidos, ni  nombrados a ningún cargo público) a quienes hayan sido condenados por delitos relacionados con grupos armados ilegales, delitos de lesa humanidad o narcotráfico. Eso quiere decir que muchos comandantes de las Farc, sobre los cuales pesan ya condenas, estarían por fuera de la participación política. El Marco Legal para la Paz, que fue aprobado este año, no solucionó este problema. La opción que surge es que en una nueva reforma constitucional, que comienza a hacer trámite, la del ‘trasfuguismo político’, se reforme este artículo.

Lo que está por verse es qué entienden las Farc por participación en política y si aspiran a un tipo de esquemas de circunscripción especial o alguna novedad electoral más allá de las previstas hasta ahora.
 
3. ‘Fin del conflicto’
 
Por primera vez las Farc aceptan incluir la “dejación de las armas”. Uno de los chicharrones en este punto será cómo resolver el caso de Simón Trinidad.
 
En este punto está todo lo relacionado con el cese al fuego, qué va a pasar jurídicamente con los guerrilleros y, por primera vez las Farc aceptan hablar en una mesa de negociación de la “dejación de las armas” y su “reincorporación a la vida civil”.

El Marco Legal para la Paz aprobado en junio pasado es un paso gigante porque prepara la Constitución para esta negociación con la guerrilla, y en particular en lo referente a las deudas con la justicia deja claro que los guerrilleros podrán ser beneficiados con principio de oportunidad (que no los investiguen) o con suspensión de la pena. Sin embargo, no podrá haber amnistías o indultos porque, entre otras, el Tratado de Roma no lo permite. Todavía está pendiente el trámite de la ley estatutaria, que definirá a cuáles guerrilleros se judicializa y cómo (los beneficios no se pueden dar a quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad de manera sistemática), y quiénes podrán participar en política.  Una ventaja que tienen las Farc es que en su caso se podrá hablar de delito político, incluso, si el Congreso así lo decide, el narcotráfico podría llegar a considerarse como conexo. En la negociación de los paramilitares, la Corte Suprema nunca les reconoció el carácter de delito político.

En la mesa es posible que las Farc lleven el caso de Simón Trinidad, jefe de esa guerrilla que fue extraditado y está condenado en Estados Unidos a 60 años de cárcel por terrorismo. ¿Qué dirá Washington?
 
4. ‘Solución al problema de las drogas ilícitas’
 
No sería posible una mesa de diálogo con las Farc sin tocar este tema. Pero el país no puede creer que este problema se resolverá por completo allí.
 
Este es un punto distinto a los anteriores por dos razones. En primer lugar, porque no será lo que se defina puntualmente en este acápite lo que permitirá solucionar el problema del narcotráfico. Pero sin duda, si se logra la paz, se producirá un efecto simbólico y real sobre ese negocio. Si la guerrilla sale de la cadena del narcotráfico las condiciones serán mucho más favorables para una nueva política de sustitución de cultivos en el país.

En segundo lugar, y como dato curioso, en este punto en teoría hay mayores coincidencias entre las dos partes. Tanto las Farc, en un comunicado de 2000, como el presidente Santos en algunas declaraciones a medios internacionales, se han mostrado proclives a la legalización de las drogas.

Las Farc, cabe anotar, nunca han reconocido su participación en este negocio. Solo aceptan que han cobrado impuesto al gramaje. Y ese no reconocer puede resultar polémico o generar dificultades en el trámite de los diálogos.

5. ‘Víctimas y verdad’
 
Está previsto que uno de los resultados del diálogo sea la creación de una Comisión de la Verdad.
 
Este punto de la agenda comienza diciendo: “Resarcir a las víctimas está en el centro del acuerdo Gobierno Nacional–Farc-EP”. Es otro de los reclamos claves del país y se refiere a las víctimas tanto de la guerrilla como de los paramilitares.

En este punto también se tiene ya terreno abonado con la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras. Y las Farc así lo han reconocido. En un video en enero de 2011, el entonces comandante de las Farc, Alfonso Cano, se refirió a esa ley como “un buen comienzo para la paz”.

El problema es que la ley tiene un año y los resultados por ahora no son los mejores. El procurador Alejandro Ordóñez advirtió que la reparación sigue haciéndose bajo un decreto de hace cuatro años y la contralora Sandra Morelli se quejó de la lentitud, pues solo se ha revisado el 2 por ciento de 19.000 solicitudes de restitución. Pero el gobierno es consciente de ello. El presidente Santos dijo que esperaba que a en octubre se den los primeros fallos de restitución. Los diálogos con las Farc tendrán que darle un enorme impulso a la ejecución en esta materia.

 La novedad en este punto para el país será la creación de una Comisión de la Verdad. Esa comisión también está prevista en el Marco Legal para la Paz y fue incluida por el senador Juan Fernando Cristo con el argumento de que con ella se cierra la posibilidad de que entre la Corte Penal Internacional.

Aún, por supuesto, no se conocen detalles de cómo funcionaría, pues se debe definir en la mesa de diálogo. Pero cabe recordar que en procesos de paz como el de Sudáfrica, la Comisión de la Verdad fue clave para una reconciliación verdadera.