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| 7/16/2019 7:03:00 PM

Los riesgos de la ley 'Andrés Felipe Arias'

Aunque el país podría sintonizarse con las disposiciones internacionales que exigen doble instancia para aforados, en caso de que se revisaran procesos contra los 250 eventuales beneficiarios, podría estallar una lluvia de demandas contra el Estado.

Los riesgos de la Ley ´Andrés Felipe Arias' Exministro Andrés Felipe Arias Foto: LEON DARIO PELAEZ/ SEMANA

Una de las consecuencias inmediatas de la tormenta político-jurídica que desató la llegada a Colombia del exministro Andrés Felipe Arias, fue el anuncio del Centro Democrático sobre su intención de presentar un proyecto de ley que garantice la doble instancia para los aforados, de manera retroactiva.

Para muchos analistas y opinadores, se trataría del trámite de una ley con nombre propio que se presentará con la única intención de beneficiar al exfuncionario del Gobierno Uribe, quien hoy enfrenta una condena de 17 años de prisión por el escándalo de Agro Ingreso Seguro, AIS. Los más moderados consideran que la medida tendría su origen en un propósito noble de otorgarle el derecho de una doble instancia a aquellas personas que hayan sido condenadas y sustenten desacuerdos u errores notorios en sus condenas que deban ser revisados.

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Otros más desconfiados, como el columnista Héctor Riveros, han manifestado que el proyecto de ley sería un paso más en la estrategia para lograr que la condena que fue proferida contra Arias, sea anulada para que este recupere sus derechos políticos y pueda presentarse como el candidato del Centro Democrático para las próximas elecciones presidenciales. Más allá de determinar quién tiene la razón en cuanto al hecho originador de la nueva iniciativa del gobierno, vale la pena recordar que, de ser aprobada, la garantía de la doble instancia de manera retroactiva reabriría varios de los procesos de casos tan emblemáticos como la parapolítica o el proceso 8.000. ¿Qué implicaciones tendría en el sistema de justicia colombiano abrir ese boquete?

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En plata blanca, lo que la figura pretende es que aquellas personas que hayan sido condenadas por un juez en única instancia, tengan la oportunidad de que sus casos sean revisados por un segundo juez que determine la condena definitiva y sirva de organismo de cierre. Sin embargo, más allá del caso particular del exministro uribista, aprobar la ley de segunda instancia de manera retroactiva podría traducirse en un desbarajuste institucional que, además de reabrir procesos cerrados hace años, podría costarle al Estado miles de millones en multas.

Otros más desconfiados, como el columnista Héctor Riveros, han manifestado que el proyecto de ley sería un paso más en la estrategia para lograr que la condena que fue proferida contra Arias, sea anulada para que este recupere sus derechos políticos y pueda presentarse como el candidato del Centro Democrático para las próximas elecciones presidenciales.

Es casi seguro que una buena parte de quienes en el pasado fueron condenados en única instancia se valdrían de la ley que pretende aprobar el Centro Democrático para reabrir sus procesos. De ser aprobada, estos son algunos de los escándalos ya cerrados que tendrían que ser revisados por una segunda instancia: el Proceso 8.000 con 26 congresistas condenados; la parapolítica con 70 parlamentarios condenados; la yidispolítica con 3, el Carrusel de la contratación con 2, y el caso de Odebrecht con 2 más.

Así las cosas, si la nueva iniciativa del gobierno ve la luz en el Congreso, todos aquellos que soliciten la revisión de una segunda instancia tendrían derecho a hacerlo. Esto podría llevar a que aquellos que fueron condenados, pagaron su pena y sean encontrados inocentes en una segunda instancia, demanden al Estado por cifras multimillonarias que los colombianos tendrían que pagar con sus impuestos.

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Existe un consenso casi general en algunos sectores de la opinión pública sobre el hecho de que independientemente de si es o no culpable, la condena de 17 años para Andrés Felipe Arias es desproporcionada. No obstante, lo que genera controversia es que el partido de gobierno busque impulsar iniciativas legislativas con nombre y apellido, sin pensar en las consecuencias que estas puedan tener para el Estado como un todo. Está aún por verse cuál será la posición del presidente.

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