Luis Pérez eleva denuncia penal contra EPM por usar el polígrafo con empleados

La aplicación de la prueba del polígrafo a los empleados de EPM, práctica que la empresa está usando para identificar a quienes filtran información al Concejo de Medellín, como lo reveló SEMANA, fue condenada por el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, por medio de una carta en la que revela que la compañía tiene una lista negra de personas y organizaciones no gratas a las que no se les puede pasar información. Entre ellas, según el gobernador, estarían él mismo, algunos concejales, la Contraloría de Antioquia y periodistas. 

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Dice la carta: "EPM tenía oculto que tomó la decisión de someter a sus funcionarios en honor al controvertido polígrafo con el fin de conocer quiénes son los que entregan información o los que piensan diferente a EPM". Y en otro párrafo: "Tengo en mi poder la citación hecha a varios funcionarios de EPM para pasarlos al polígrafo. También conozco las indignantes preguntas con las cuales hacen la lista negra EPM".

Según Pérez, en la empresa hay una persecusión y se estigmatiza a las personas que tienen algún tipo de relación con quienes están en la lista negra. SEMANA ha podido saber que algunos empleados de la compañía se han negado a amistades con concejales porque temen a que les terminen el contrato.
La carta le recuerda a EPM que la Gobernación es el accionista mayoritario de Hidroituango y que la compañía está bajo vigilancia por el Decreto de Calamidad Pública, esto sin contar con que es una empresa pública, de propiedad del municipio de Medellín, y que los concejales para aprobar la enajenación de activos —buscan la venta de varios negocios para recaudar 4 billones de pesos— necesitan la mayor información posible, pues como han dicho varias veces, "no piensan firmarle un cheque en blanco a una dirección que no ha sabido sortear una crisis".

"EPM no tolera al que piensa diferente; y por eso acude a la censura, al terror, a las listas negras. Este acto inamistoso y agresivo me lleva a elevar denuncia penal y disciplinaria contra los directivos de EPM que ordenaron este vergonzoso episodio, quienes habrían incurrido en obstrucción a la justicia, intimidación a funcionarios públicos, violación al buen nombre y grave afectación al derecho a la información pública", dice Pérez.

Hay que recordar que desde EPM le señalaron a SEMANA que la prueba se había hecho por pedido de 17 empleados de alto nivel, con acceso a información privilegiada, quienes querían limpiar su nombre ante los directivos. Días antes el gerente de la firma, Jorge Londoño de la Cuesta, aceptó en el Concejo de Medellín que haría todo lo necesario para evitar que se filtrara información de la compañía.

Pérez termina la carta con una frase inquietante: "EPM trata muy duro a sus socios públicos y muy blandito a los contratistas privados, que más parecen socios que contratistas". Y es que ante la crisis en Hidroituango, EPM no ha dudado en salir a defender al consorcio CCC, del que han parte Conconcreto y Coninsa Ramón H, importantes empresas del Grupo EMpresarial Antioqueño (GEA) que hace parte de la justa directiva de la segunda empresa pública más importante del país.

A las 4:30 de este martes, EPM preparaba una rueda de prensa para referirse al tema de la carta del Gobernador.