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Naranjal, el experimento social

Por orden judicial, el plan parcial de transformación de un barrio deprimido de Medellín debe mezclar viviendas estrato cinco con otras de interés social. De la solución de esta polémica depende el futuro de otros planes en esa y otras ciudades del país.

4 de noviembre de 2017

Con el acelerado crecimiento del número de habitantes, las grandes ciudades han encontrado en la renovación urbana la posibilidad de recuperar zonas deprimidas o potenciar otras para que miles de personas vivan y trabajen allí. Medellín se dio a la tarea de enfrentar este reto con el Naranjal y Arrabal, dos barrios ocupados desde 1963 por familias de estratos uno y dos que se dedicaban a la mecánica automotriz y al reciclaje. Sin embargo, ahora, cuando el proyecto es una realidad, compradores y vendedores de predios están inconformes con lo que depara el plan urbanístico.

Paradójicamente, esta zona de talleres y residencias humildes siempre ha tenido a su alrededor barrios y unidades residenciales estrato cinco, muy cerca de servicios como el metro, la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, centros comerciales y las avenidas principales que atraviesan el Valle de Aburrá. Como quien dice, se trata de una mina de oro urbanística. Así nació el plan parcial hace más de 10 años, que en reemplazo de las 10 cuadras se concibió como una gran ciudadela de varias torres con 1.500 viviendas y un complejo administrativo de clínicas y almacenes.

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Hoy, el plan parcial avanza a toda marcha. Hay dos torres de edificios ya construidas y la negociación con los pobladores tradicionales avanza después de que se expandió el censo de 100 a 160 personas afectadas. Sin embargo, el Juzgado 28 Administrativo de Medellín falló la semana pasada una acción popular que ordena construir viviendas de interés social (VIS) y prioritario (VIP), así como un taller para reparar vehículos livianos en la misma zona para los habitantes tradicionales del sector. Es decir, que los antiguos moradores de los barrios Naranjal y Arrabal no queden desprotegidos, a pesar de que ya a algunos se les pagó por sus antiguas casas.

La noticia tomó por sorpresa a varios compradores de apartamentos, que nunca imaginaron que dentro o muy cerca del nuevo complejo, por el que pagaron más de 4 millones de pesos el metro cuadrado, tendrán nuevos vecinos. “Nos ocultaron esa información, y con este fallo nuestra plata está en riesgo. Sin contar que nunca nos dijeron que se iba a hacer un centro de servicios para los mecánicos”, dijo una ciudadana que prefirió ocultar su identidad.

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Si bien así estaba determinado en el plan parcial, la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) y la Secretaría de Planeación de la Alcaldía podían por ley hacer una interpretación del plan parcial y ubicar las VIS y las VIP donde consideraran pertinente, es decir, lejos del nuevo complejo.

Andrés Uribe, subgerente de Operación Urbana e Inmobiliaria de la EDU, aseguró que el fallo no plantea nada nuevo porque siempre se ha tenido la obligación de tener la vivienda de interés social en el mismo polígono. “Nunca se ha dicho que va a salir del polígono. De pronto esas personas dicen que no están enteradas por falta de información. El POT tiene en su estructura un especial énfasis en la inclusión social. Aunque sí, aquí se hace un poco difícil juntar estratos”.

Sin embargo, esto tampoco deja tranquilos a los compradores, pues las viviendas de interés social quedarían muy cerca, pasando la calle. Además, el fallo vino a cambiar toda la interpretación hecha por las autoridades y hasta propone construir el “centro de servicios” o gran taller para 99 mecánicos del sector, en las unidades 2 y 3, que ya están a punto de terminarse.

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Por otro lado, los habitantes tradicionales que residen en Naranjal y no han negociado con el municipio siguen en medio de la desinformación. Hernando Estrada, ingeniero metalúrgico que formó desde 2000 la Corporación de Industriales Naranjal y Arrabal, dijo: “Aquí se han dado muchos atropellos y anomalías. Las administraciones anteriores de la EDU sacaron a la gente con engaños, no puedo decir lo mismo de la actual. Ellos reubicaron gente por la Terminal del Norte y no les cumplieron con el sostenimiento. Aquí los funcionarios llegaron a amenazar a la gente, que si no vendían la expropiaban. El precio de los predios es muy irrisorio, aquí nos pagan a 850.000 pesos el metro cuadrado y después ellos lo van a vender mínimo a 3.500.000 pesos, que es lo que vale en los sectores vecinos”.

Entre los habitantes persiste un temor mayor: cuando Naranjal sea ese gran proyecto urbanístico, ellos tendrán al frente de su edificio de viviendas de interés prioritario otros de estrato cinco. Eso les plantea preguntas de difícil respuesta: ¿cómo harán para vivir como lo hacen ahora?, ¿dónde quedará la tienda de la esquina?, ¿cómo seguirán con esa vida austera que han tenido por tanto tiempo?

Así, el proyecto de renovación urbanística más importante del país que dará ejemplo a otras ciudades atraviesa una crisis crucial, pues debe garantizar la venta de todas las viviendas estrato cinco y proteger a quienes despojó de su barrio tradicional. Por ahora solo queda esperar el fallo de apelación.