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| 7/13/2003 12:00:00 AM

¿Meras coincidencias?

Operativos militares grandes y exitosos del gobierno de Alvaro Uribe han coincidido con una fuerte expansión paramilitar en esas zonas.

En su balance del primer semestre del año el gobierno anunció logros históricos en la lucha contra la violencia: redujo el homicidio en 22 por ciento frente al mismo período de 2002; bajó el secuestro en una tercera parte y en más de la mitad los ataques a las torres de energía. Y lo que parece más increíble, la guerrilla sólo pudo atacar tres pueblos en seis meses, muy por debajo del promedio mensual durante 2000.

Algunos de estos éxitos son producto de la estrategia de seguridad democrática que ha ido fortaleciendo la presencia permanente de la Fuerza Pública con soldados campesinos, batallones de alta montaña y carabineros de la Policía en diferentes lugares del territorio nacional. Los logros también se deben a grandes operaciones militares ofensivas. Con las llamadas Orión y Mariscal contra las milicias urbanas en la Comuna 13 y otras comunas en el sector noroccidental de Medellín el Ejército y la Policía les arrebataron al ELN y a las Farc sus territorios en plena capital antioqueña.

A principios de este mes el gobierno municipal anunció que los homicidios se han reducido casi 40 por ciento y los secuestros han bajado casi 70 por ciento en Medellín.

La Operación Marcial, en el oriente antioqueño, ha logrado debilitar al Carlos Alirio Buitrago, del ELN, considerado el frente que más secuestra en el país. Tan efectiva ha sido que es la zona donde más deserciones de guerrilleros se han presentado y se registran las cifras más alentadoras contra el crimen.

Los secuestros bajaron 56 por ciento en Antioquia, según Fondelibertad. Los ataques a las torres en esta zona estratégica, ya que suministra energía al resto del país, disminuyeron drásticamente y la circulación por la carretera Bogotá- Medellín ha fluido como nunca.

Algo similar ha ocurrido en el occidente de Cundinamarca. Con un gran despliegue militar el Ejército llegó al corazón de la guerrilla en Viotá y ha propiciado un duro golpe a los frentes 22 y 42 de las Farc, que tenían asolados a los hacendados y campesinos de esa zona. En la primera mitad del año los secuestros cayeron allí casi 38 por ciento en relación con el mismo período de 2002 y se ha reactivado la producción de las fincas. Pero más importante aún, la Fuerza Pública les arrebató a las Farc el punto clave desde donde ejercía control sobre corredores estratégicos para acercarse a Bogotá. Se puede decir, sin titubear, que hoy la guerrilla está más lejos de la capital del país de lo que ha estado en muchos años gracias a esta efectiva operación.

El lado preocupante de estos éxitos, como lo verificó SEMANA con varias fuentes, es que estas operaciones del Ejército y de la Policía coinciden con una fuerte expansión paramilitar en esas zonas. Es una tendencia que causa alarma porque pone en riesgo no sólo toda la política de seguridad del presidente Alvaro Uribe sino también los increíbles avances conseguidos con tanto esfuerzo por la Fuerza Pública.

Los lunares

El caso de la Comuna 13 ha sido ampliamente denunciado en los medios. La espectacular recuperación de estos barrios periféricos de Medellín ha sido consolidada en gran medida por las autodefensas del Bloque Cacique Nutibara. Conocedores del tema aseguran que más de las tres cuartas partes de los barrios populares de Medellín están hoy bajo el control de 'Don Berna', quien dirige ese grupo paramilitar y manda sobre varias bandas delincuenciales de la ciudad.

Testimonios recogidos por SEMANA indican que, por ejemplo, en la terminal del barrio 8 de Marzo los paramilitares extorsionan a los buses colectivos. La 'vacuna' es baja, dada la pobreza del lugar, pero la cobran de manera ostensible. También operan como jueces del lugar. Un señor se fue hace poco sin pagar el arriendo. Las autodefensas fueron a buscarlo y acordaron que les dejara el televisor en prenda, hasta que pagó a plazos su deuda. Otro violó a una niña y ellos lo ajusticiaron. Los casos abundan y, aunque por ahora gozan de un mayor aprecio entre la población del que tenían los milicianos de la guerrilla, es evidente que, al no tratarse de autoridades legítimas y vigiladas, con el tiempo podrán sentirse confiados y aumentar sus abusos.

Lo preocupante es que todo esto lo hagan de manera abierta y descarada. A todo el mundo le parece increíble que los policías que patrullan el lugar sean los únicos que parecen no darse cuenta de lo que ocurre a ojos vista de todos. Por eso cada día crece más la sospecha entre las comunidades de que el jefe paramilitar del Bloque Metro, 'Rodrigo', no exageró cuando denunció en un reciente comunicado que la Policía, aun a alto nivel, recibía sobornos de su archienemigo, 'Don Berna'. SEMANA no pudo confirmar esta versión pero sí algunas evidencias de que en el terreno existe como mínimo negligencia para combatir por igual a los paramilitares. En la cárcel de Bellavista, por ejemplo, los paramilitares presos del Bloque Metro exceden con creces los del Nutibara, un hecho que por sí sólo no dice nada pues los pueden ubicar en otras cárceles pero que, unido a los demás testimonios, sí despierta preguntas.

En el nororiente antioqueño también existen coincidencias entre la arremetida militar y una expansión paramilitar del Bloque Metro. Diversas fuentes denunciaron, por ejemplo, que este grupo facilitó el ingreso del Ejército a zonas como Río Verde y Aquitania, donde históricamente se asentó el ELN. "En Aquitania hubo combates que más bien parecían cubrimientos de retiradas", afirma un testigo. Luego entró el Ejército. Hoy siguen ambas fuerzas en la zona. En el casco urbano de San Francisco, que es la cabecera municipal de esta zona rural, los paramilitares tienen su base en una casa reconocida por todos los habitantes. "La única diferencia es que ahora andan de civil mientras que el Ejército está uniformado", dice una fuente confiable.

Aunque en los dos últimos meses su presencia es menos visible, los hombres del Bloque Metro también se pasean por las calles de los cascos urbanos de San Carlos, San Luis, San Rafael, La Unión, La Ceja, Rionegro y Cocorná. Toda la gente de la región sabe quiénes son. Y por eso es poco probable que lo desconozcan los mandos militares en la zona.

La ofensiva en Cundinamarca

Las mismas denuncias se repiten en relación con el operativo militar en Cundinamarca. Viotá, un municipio de la región del Tequendama, a 82 kilómetros de Bogotá y con una población menor de 15.000 habitantes, es considerada la cuna del comunismo en Colombia. Allí nació el ala fuerte de las Farc y todavía viven allí muchos padres, hijos y nietos de guerrilleros. Aunque los lazos de sangre con la guerrilla son fuertes la gente había comenzado a desesperarse con el frente 42 que opera allí. El jefe guerrillero 'Giovanny', en un ataque de paranoia por la inminente arremetida paramilitar, mandó asesinar el año pasado entre Mesitas, Silvania, Fusagasugá y Viotá a más de 70 personas, según aparece en los registros oficiales. Entre sus víctimas estuvo una anciana de 70 años a quien las Farc asesinaron por haberle permitido al Ejército acampar en su jardín.

Por eso cuando llegó la Fuerza Pública, en diciembre del año pasado, muchos habitantes de Viotá respiraron con alivio. Pero la alegría duró poco. El Ejército realizó allanamientos masivos, muchos sin orden judicial, e intimidó a la población anunciando que detrás de ellos venían los paras. Y en efecto, en marzo llegaron las autodefensas del Casanare.

Estos paramilitares están bajo el mando de Martín Llanos, hijo de un ganadero del Casanare, quien al parecer se desplazó a esta zona para posicionarse frente a los bloques paramilitares Capital y Centauros, con los que tiene actualmente una intensa disputa territorial.

Las autodefensas de los Llanos son coordinadas en el terreno por dos mujeres y por 'Albeiro', un ex guerrillero que durante años fue miembro del frente 42 de las Farc en Viotá y que, por ende, se mueve allí como pez en el agua y de manera ostensible. Estos paramilitares han asesinado a varias personas en la zona rural donde está asentado el Ejército.

A unos kilómetros de allí, en Yacopí, los paramilitares bajo el mando de 'El Aguila' tienen influencia desde hace siete años. Durante este período existió un pacto de no agresión con las Farc, que controlaban el municipio vecino de La Palma. Sin embargo éste se rompió cuando la guerrilla mató a 12 de sus hombres en Caparrapí y dio paso a una cruenta guerra entre los dos grupos que ha cobrado en año y medio casi medio centenar de vidas. También le ha permitido a 'El Aguila' afianzar su control sobre La Palma a tal punto que ha triplicado sus hombres en la zona en este período. Según versiones de gente de allí, los hombres de 'El Aguila' le colaboran al Ejército con información de inteligencia para hacer detenciones y allanamientos "ilegales pero certeros", como dijo una fuente.

SEMANA confirmó lo que es vox populi en Puerto Salgar: las dos principales oficinas de los paramilitares están ubicadas en un hotel y en una ferretería a 500 metros de la base aérea.

Los casos de negligencia, connivencia, o incluso corrupción, de algunos miembros de la Fuerza Pública en relación con grupos paramilitares no son nuevos ni comenzaron con este gobierno. Sin embargo sí es preocupante que se hayan tornado más abiertos y generalizados, y precisamente en lugares donde hay una fuerte presencia oficial. "En varias oportunidades se registraron incursiones y el posicionamiento de grupos paramilitares en regiones del país donde previamente se habían desarrollado acciones contrainsurgentes de la Fuerza Pública", corrobora un informe de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas publicado en febrero de 2003.

Consultada sobre estos casos la ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, dijo a SEMANA que ha enviado cartas a los comandos de Policía y Ejército para que investiguen estas denuncias. "En los pocos casos en los que se ha encontrado evidencia de estos vínculos hemos tomado las medidas para desvincularlos o ponerlos en conocimiento de la Fiscalía", explicó y dijo que tanto el presidente Uribe como ella han dejado claro "que no tolerarán ni un solo caso".

En efecto, el Presidente ha sido contundente en sus discursos al señalar que la transparencia de todos los servidores públicos, y en especial del Ejército y la Policía, son fundamentales para ganarse la confianza de la gente y convencerlos de que colaboren con ellos. De nada sirve invertir las millonarias sumas de dinero que cuestan estas operaciones militares si el resultado a mediano plazo es un cambio de manos del territorio de la guerrilla a los paramilitares. Quienes creen que con los paras se consiguen logros más rápidos están sembrando en el viento porque en poco tiempo reemplazan un terror por otro.

La política de seguridad, recién publicada, es explícita en que el objetivo fundamental del gobierno es proteger a la población. Y sólo las autoridades legítimas pueden brindar esa protección. Ojalá el presidente Uribe, famoso ya porque se entera antes que el mismo comandante de la Brigada de cualquier secuestro en cualquier rincón del país, tome cartas en el asunto antes de que los logros conseguidos con tanto empeño por soldados valientes se vayan por la borda.

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