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Bogotá ha tenido varios renders del metro que no se han concretado. | Foto: Archivo SEMANA

BOGOTÁ

Metro de Bogotá: estas son las cuentas que enredan a Peñalosa

La Contraloría distrital busca establecer si el alcalde incurrió en un detrimento patrimonial por 146.00 millones, al no retomar los estudios realizados en administraciones pasadas. Estas son las cifras invertidas hasta ahora.

10 de agosto de 2017

La primera piedra del metro de Bogotá aún está lejos de ponerse, a pesar que desde hace tres décadas la capital ha invertido una fortuna para materializar la obra. Los estudios del proyecto han sido una herencia consecutiva entre los tres últimos alcaldes. Samuel Moreno elaboró los básicos, Petro los profundizó y Peñalosa los ajustó. Sin embargo, la eterna promesa de los bogotanos sigue siendo un dolor de cabeza.

Por lo menos para Peñalosa los estudios adelantados en su administración podrían significarle un nuevo enredo. El contralor distrital, Juan Carlos Granados, anunció una indagación contra el Alcalde para determinar si el mandatario incurrió en un detrimento patrimonial de 146.000 millones, por haber pasado por alto los estudios que se adelantaron y pagaron en  administraciones precedentes.  

Peñalosa se enteró de la apertura del proceso fiscal a través de los medios de comunicación y manifestó que su administración está tranquila por las decisiones adoptadas con el gobierno nacional sobre el proyecto férreo. El mandatario aseguró que "no era posible hacer el metro con esos estudios que recibimos. Por eso hicimos los estudios que eran necesarios".

Los primeros estudios rigurosos se realizaron en 1981. Desde entonces, Bogotá ha tenido varios renders del metro que nunca se han concretado. Pero en las últimas administraciones esa obra dejó de verse como una necesidad y se convirtió en una deuda con la ciudad.

En noviembre de 2008, la administración de Samuel Moreno Rojas le adjudicó a la firma española Sener un contrato por 22.000 millones para el diseño conceptual de la primera línea del sistema férreo. Luego, en enero de 2011, la consultora británica Steer Davies Gleave firmó un convenio por 500 millones de pesos para adelantar el estudio de demanda del transporte público en la ciudad, con el que debía cruzarse el trazado por la ciudad que había definido Sener.

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Eso fue lo que recibió Gustavo Petro cuando ocupó el despacho del Palacio Liévano. El exalcalde tuvo en el congelador el proyecto durante meses porque quería que el recorrido incluyera a Suba, una localidad que se había quedado por fuera. Pero al fin retomó los estudios preliminares que dejó Moreno y avanzó en los de ingeniería básica, con los que podría conseguir la financiación final de la obra, en la que la Nación se comprometió a aportar el 70%.

Ese contrato, junto a su interventoría, costaron más de 77.000 millones de pesos. En octubre de 2014, el exalcalde entregó el resultado de esos estudios, los que han llegado a la fase más avanzada de la obra, y que fueron elaborados por el consorcio L1, conformado por dos firmas españolas y una colombiana.

Cuando Enrique Peñalosa asumió la alcaldía, encontró el diseño de un metro que no se ajustaba a su visión y a las nuevas condiciones económicas del país, marcadas por un precio del dólar que incrementa los costos contemplados durante el mandato de Petro. Por eso se contrató por 1.700 millones, y a través de la Financiera de Desarrollo Nacional, a la firma francesa Systra, para que ajustara el proyecto.

En septiembre del año pasado se conocieron los primeros resultados de ese estudio, en los que se contemplaba un metro muy distinto al de Petro, con un trazado diferente y elevado, en vez de subterráneo.

Con las nuevas condiciones impuestas por el Distrito para el metro, era necesario contratar nuevos estudios de ingeniería en detalle, pues los recibidos de Petro no se ajustaban. En enero pasado, el Distrito escogió al consorcio conformado por la misma Systra e Ingetec para adelantarlos, en un convenio por 22.800 millones, a los que se les suma una interventoría de 3.500.

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Lo que el contralor distrital Juan Carlos Granados quiere establecer con la apertura del proceso fiscal contra el alcalde Peñalosa es si él incurrió en un detrimento patrimonial de 146.000 millones de pesos al no tener en cuenta, o al hacerlo solo parcialmente, los estudios que recibió su administración para la construcción del metro, que ya habían sido avalados por entidades como el Banco Mundial y la Universidad Nacional.

Peñalosa insiste en que esos estudios no se desaprovecharon y que apartes de su contenido, como los estudios geológicos, han sido retomados. Lo concreto es que  el alcalde tendrá que rendirle cuentas a la Contraloría Distrital mientras se espera que se adjudique al encargado de construir la obra, que según el cronograma será en noviembre próximo, una fecha límite,  pues en ese momento entrará en vigencia la ley de garantías (por las elecciones) que impide la firma de convenios interadministrativos, como los que son necesarios para financiar la primera línea del metro.