Un grupo de mujeres marchó en Pereira, Risaralda, en contra del caricaturista Matador, quien llamó “ratita” a la primera dama de Colombia, Ana Lucía Pineda, lo que desató una ola de críticas contra el caricaturista, quien deberá responder ante la justicia, pues ya hay acciones penales en su contra.
En varias imágenes y videos que se conocieron por medio de las redes sociales, se logra ver cómo las mujeres de varias edades y con pancartas en sus manos pidieron que este tipo de hechos se detenga en todo el territorio nacional.
Mujeres protestan en Pereira contra Matador, luego de que en una de sus caricaturas se refiriera a la primera dama de la Nación como una “ratita”.
— Noticias RCN (@NoticiasRCN) October 15, 2026
Las participantes hicieron un llamado a rechazar cualquier manifestación de violencia simbólica contra las mujeres en Colombia,… pic.twitter.com/PCBw3imaeI
SEMANA conoció la denuncia que fue radicada en la Fiscalía contra Julio César González, conocido como Matador, por la presunta comisión de cinco delitos.
El documento fue radicado en la Fiscalía General de la Nación por parte de Carlos Andrés Ríos Puerta, director del Dapre y consejero comisionado de paz (e), donde entregó todos los argumentos para pedir la investigación contra el caricaturista.
“Denuncia penal por presuntas irregularidades en la contratación directa, estructuración, ejecución, supervisión y pagos del Contrato de Prestación de Servicios 1937 de 2024, celebrado por el Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019 como vocero y administrador del Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz (PA-FCP). Documento complementado con soporte fáctico, normativo y jurisprudencial”, dice el asunto de la denuncia radicada.
Una de las consideraciones es que el contrato tuvo una equivocación en los apellidos de Matador y que esa situación puede generar que no se hayan revisado las cualidades del contratista.
“La consideración 22 del contrato, que contiene la justificación intuitu personae, individualiza al seleccionado como ‘Julio César Rodríguez Quiceno’”. El contratista se identifica en el resto del documento y en su RUT como Julio César González Quiceno. El error en el apellido o identificación de la persona, en el apartado que debía demostrar las cualidades únicas de la persona contratada, es un indicio que justifica examinar si la justificación fue elaborada de manera individualizada y rigurosa”, dice la denuncia.
Además, se afirma que el valor inicial del contrato fue de $257.040.000 con $3.420.000 mensuales por IVA, es decir, $41.040.000 en los doce meses de ejecución. “Sin embargo, el RUT del contratista que forma parte de la documentación contractual registra la responsabilidad ‘49 – No responsable de IVA’. Ese RUT tiene fecha de actualización del 31 de enero de 2024 y fue generado en PDF el 2 de septiembre de 2024, antes de la firma del contrato. La inconsistencia solo se corrigió con el otrosí n.º 1, dos meses después del inicio de la ejecución. El otrosí reconoce expresamente que “de acuerdo con el RUT del contratista no es responsable de dicho tributo”, reitera la denuncia.