Nadie quiere coger el ‘chicharrón’ de Uber

Tras el paro de los taxistas este miércoles en varias ciudades del país en el que reclamaron, entre otras cosas, la regulación de Uber, muchos se preguntan cuál es la entidad encargada de vigilar este servicio y cuándo se expedirá su reglamentación.

El último alto funcionario en referirse al tema fue el vicepresidente Germán Vargas Lleras, que este jueves manifestó que es el Ejecutivo el competente para ponerle normas a la polémica plataforma tecnológica que provee servicios de transporte individual.

De ahí el anuncio de que la ministra de Transporte, Natalia Abello, liderará en los próximos días varias mesas de trabajo con los conductores de servicio especial (los que emplean mayoritariamente la aplicación) para adelantar conversaciones sobre las próximas regulaciones, según dijo Vargas Lleras, jefe natural de Cambio Radical, partido en el que milita la titular de la cartera.

“Esperamos que surja una solución muy concreta que comprenda el malestar en algunos sectores”, afirmó Vargas en tono conciliador y tomando la esperada vocería que no han liderado los ministerios de Transporte y las TIC e incluso, Trabajo, a los que les compete el tema.

Nadie asume

Se trata de un anuncio que recuerda otros que, hasta ahora, se quedaron en titulares de prensa. En marzo pasado, la ministra Abello y su colega titular de Trabajo, Luis Eduardo Garzón, fueron los protagonistas de un curioso video en el que aparecían entrevistados por Hugo Ospina, reconocido líder de los taxistas en Bogotá. (Vea el artículo).

En ese entonces, en medio de la amenaza de paro, ambos integrantes del gabinete se comprometieron a revisar el asunto y categóricamente dijeron que “Uber está prestando un servicio no regulado” que debía dejar de funcionar. El video se hizo célebre en las redes sociales. Tras la tormenta, la ministra Abello se silenció. Ni siquiera el pasado miércoles, durante el paro de taxistas, apareció para hablar del tema que congestionaba la movilidad en la capital.

De todas maneras, se sabe que en los últimos meses ese ministerio viene trabajando en dos frentes: consolidar nuevos estatutos para el transporte especial.  Actualmente el ministerio de Transporte, de acuerdo con lo dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo, continua el trabajo para la reglamentación del servicio de lujo dentro de la modalidad individual de transporte de pasajeros, como lo ordena la ley 1753 del 9 de junio del 2015, que establece un plazo de seis meses para la expedición de dicha normatividad.

Y junto con la Superintendencia de Puertos y Transportes- lograr la inmovilización de vehículos que no cumplan con la legislación vigente.

En este escenario de silencios y dudas, sobre la mesa estaba la propuesta del Gobierno acerca de la viabilidad técnica de bloquear a Uber, algo que terminó ‘echando más leña al fuego’ e involucró directamente al Min TIC, eventual encargado de ‘apagar’ la aplicación en el territorio nacional.

Esa cartera también se ha mostrado prudente frente al ‘chicharrón’ de Uber. Cuando surgieron los rumores del posible apagón, la entidad divulgó un escueto comunicado en el que indicaba que sólo podría actuar “acatando una orden judicial o administrativa”, lo que no hizo sino confundir más aún a usuarios y conductores. El ministro TIC, David Luna, por su parte, dijo que simplemente cumplirá con la directriz que plantee el Ministerio de Transporte.

¿Mintransporte o Min TIC?

Expertos del sector TIC han cuestionado la posición de esa cartera frente a un tema que en teoría le compete tanto o más que al Mintransporte. El Min TIC desarrolla un ambicioso plan para promover la creación de aplicaciones que mejoren la calidad de vida de los usuarios, por lo que no deja de ser paradójico que haya apelado al prudente silencio frente a una iniciativa que insiste en ser “una plataforma digital” que ayuda a mejorar la movilidad en las ciudades.

De acuerdo con conocedores del sector, el Min TIC debería asumir un rol más protagónico en esta discusión ya que la cartera es la que tiene todo el conocimiento y la experticia para dimensionar qué puede pasar con las plataformas y aplicaciones que prestar servicios y que están por fuera del gremio.

En esta compleja discusión también entró a terciar el Legislativo, después de un largo período de silencio. El senador del partido da La U Andrés García Zuccardi presentó un proyecto de ley para avalar el uso de esta plataforma de transporte. “De cumplir los requerimientos, ambos ministerios (Transporte y TIC) le darían una licencia conjunta a esta aplicación para operar en Colombia”, informó el congresista.

Lo cierto es que nadie pareciera querer coger el toro por los cuernos, por las implicaciones que tendría cualquier decisión que se tome. Sin importar hacia dónde se incline la balanza, habrá un costo político que nadie quisiera asumir. En caso de que las nuevas regulaciones beneficien a la plataforma, el gremio de los taxistas protestará y mostrará su descontento con fuertes movilizaciones o propiamente impactará políticamente en alguien.

Pero si el caso es contrario y las decisiones favorecen los intereses de los taxistas y a toda la maquinaría que rodea a este gremio, el Gobierno tendría que enfrentarse a la reprobación de miles de usuarios que ven en un Uber una opción para movilizarse mejor por las congestionadas urbes del país. Toda una ‘papa caliente’.